Política

Cuando se necesita de la corrupción para sobrevivir: Democracia, economía política e instituciones

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Créditos: DeJusticia

En Colombia, según cálculos aproximados de la Contraloría, se pierden cerca de 40 billones de pesos al año por corrupción. Con la desmovilización de las FARC en el 2016, que supuso el final de la guerra civil, algunos problemas invisibilizados por la guerra han empezado a tomar mayor relevancia en el país, generando una indignación ciudadana y un mayor control hacia la clase política que incurre en actos que se salen de los comportamientos socialmente esperados.

La corrupción existe en todos los países del mundo. Lo singular en el caso colombiano es que a pesar de ser investigados y puestos en conocimiento por la prensa, y de que exista una sociedad civil que se indigna y moviliza ante los actos de corrupción, estas acciones no logran ser un castigo efectivo para que un sector de la clase política se cohíba de seguir cometiéndolos, o incluso cuando generan un debate público y, después de meses de investigación, son condenados, logran heredar su poder político a sus aliados que seguirán reproduciendo dichos actos. Según Gustavo Duncan, en su libro Democracia feroz: ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política? A pesar de que Colombia cuenta, históricamente hablando, con una democracia relativamente fuerte (con unos mecanismos ciudadanos y políticos que permiten un sistema de pesos y contrapesos más o menos efectivos), la sanción social no basta para cohibir a miembros de la clase política de reproducir por años actos de corrupción. Más allá de explicaciones fatalistas, como que en Colombia no existe una verdadera democracia, o de creer que el colombiano, per se, tiene un rasgo innato a romper las reglas, Duncan ofrece una explicación novedosa que se centra en la estructura económica del país, donde amplios sectores de la población se ganan la vida en escenarios que, por su naturaleza, el Estado no puede o no quiere regular. La clase política corrupta les ofrece a estos ciudadanos algo que las reglas formales y racionales de la democracia no logra otorgarles.

Una clase política incontrolable:

No se trata, pues, de intentar explicar la existencia crónica de la corrupción en Colombia, sino el (i) porqué, a pesar de contar con unos rasgos de una democracia consolidada, los políticos corruptos reproducen de manera crónica actos deleznables y (ii) por qué no es suficiente la indignación social para provocar un ostracismo político, aún después de las denuncias de la prensa y la sociedad civil.

En la sabiduría convencional una democracia consolidada y los actos de corrupción se rechazan mutuamente. Es decir, si en Colombia existiera una verdadera democracia unos niveles tan altos de corrupción serían imposibles. Una de las explicaciones más recurrentes para explicar fenómenos como la corrupción o la violencia pasa, entonces, por negar la existencia de la democracia. Se trata más bien de una especie de oligarquía, plutocracia o cleptocracia donde, de manera descarada, unas élites políticas, económicas y armadas expropian los recursos públicos con intereses privados1. El marco de las instituciones democráticas es solo una fachada que maquilla burdamente un sistema masivo de captura de rentas.

No obstante, y a pesar de no ser una poliarquía (o democracia ideal), el régimen político en Colombia es realmente democrático. En términos históricos cuenta con 3 características fundamentales: (i) una rotación de las élites en el poder a partir de las elecciones (al menos formalmente), (ii) un aparato judicial que, aunque con deficiencias, creó una limitación significativa al poder ejecutivo, que tuvo como resultado la formación de gobiernos realmente limitados con pesos y contrapesos. Y (iii) el papel de los partidos políticos significativo, desde finales del siglo XIX, en la vida política del país. Junto a Uruguay, Colombia es uno de los casos de bipartidismo más antiguo en la región, lo que generó cierta estabilidad política y la necesidad, debido a los diseños institucionales, de construir consensos con la oposición buscando gobernabilidad. Estos 3 factores permitieron gozar de una democracia ininterrumpida (salvo la dictadura de Rojas Pinilla que duró apenas 4 años2) durante todo el siglo XX3.

Por otro lado, en la actualidad, la democracia colombiana evidencia 3 rasgos fundamentales: unas elecciones libres que, aunque con problemas estructurales, distan de ser cerradas. A excepción de periodos de tiempo específicos y de regiones del país concretas, las elecciones en Colombia son competitivas. Segundo, la existencia de una verdadera sociedad civil4 con una capacidad efectiva de incidir en la agenda pública. Por ejemplo, las ONGs han sido sumamente eficientes en la denuncia frente a actos de corrupción y de abuso del poder. La MOE (que vigila las elecciones), INDEPAZ o Corporación Arco Iris (que han denunciado los abusos dentro de la fuerza pública) son ejemplos de organizaciones de carácter civil con un peso importante en el debate público en el país. Además, los movimientos LGTBI y feministas, así como grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos, han avanzado significativamente en la ampliación del catálogo de derechos a minorías históricamente excluidas5. Y, por último, la prensa ha logrado -a diferencia de otros países de la región- realizar su labor en un marco relativamente libre, con pocos casos excepcionales de censura o autocensura. En las regiones más periféricas del país, no obstante, el periodismo es susceptible al vaivén de los intereses de terceros poderosos que pueden constreñir su ejercicio. Pero esta situación logra compensarse gracias a una prensa a nivel nacional con una libertad de expresión mucho más real. Por ejemplo, el escándalo de la parapolítica era un secreto a voces en muchas de las regiones del país, pero ya sea por cohibición o amenazas, los periodistas regionales no podían documentar los casos de involucramiento de políticos profesionales con miembros de las autodefensas, por lo que filtraron la evidencia a los periodistas de las principales ciudades del país. Fue a partir de las investigaciones de la prensa nacional que el país logró conocer de la parapolítica.

Como señala Adam Przeworski, a la hora de abordar el análisis de las democracias, es necesario hacer una distinción entre las reglas de juego (que para este caso serían las instituciones formales, el comportamiento y las acciones que se esperarían de la clase política, así como los valores y principios de la ciudadanía) y los desenlaces que, en la práctica, puedan tener dichas reglas de juego. Es decir, una diferencia entre las normas formales y la interacción de estas normas con el escenario real de la vida de miles de ciudadanos. Si se considera que un Estado no cuenta con una democracia porque sus reglas de juego no conllevan a desenlaces democráticos-ideales se invisibiliza los múltiples matices que, en la realidad, pueden generarse, así como las decenas de modelos de democracia existentes. Se parte de una visión teleológica de la democracia al considerar que sólo existe un tipo de democracia ideal. Por esa razón cuando un país se aleja de los resultados esperados (igualdad, transparencia y bajos niveles de violencia) desde una visión un tanto esquemática, en la práctica, la democracia no existe. No obstante, que dichos desenlaces no sean los idealmente esperados no anula (i) la existencia de unas reglas de juego democráticas (es decir, que existe, al menos, en el papel una democracia formal) y (ii) que existan ciertos avances (aunque no completos) en la búsqueda de una organización social desde los principios de las democracias occidentales. Una democracia por ser imperfecta no pierde su esencia de democracia. Este es el caso colombiano6.

De esta manera, Colombia (i) cuenta con una tradición democrática casi única en la región y (ii) existe una competencia en elecciones libres, una sociedad civil que logra movilizarse y alcanzar objetivos y una prensa que, en términos generales, goza de un marco de libertad para ejercer su función. El problema, pues, no es que no exista una democracia, sino que en Colombia la clase política, dentro de este marco democrático, comete una serie de comportamientos intolerables (denunciados por la prensa y rechazados por la sociedad) que no conducen a un retiro de la vida pública de los actores corruptores. Si no es la ausencia de una democracia, ¿cuál es la explicación a esta problemática? Gustavo Duncan señala que es la economía política.

Protección institucional y legitimidad: las mercancías políticas de los corruptos

En búsqueda de la protección institucional

Los escándalos de corrupción en casos excepcionales producen la retirada de la vida política de los políticos involucrados. Esto a pesar de que Colombia cuenta con mecanismos propios de una verdadera democracia (prensa libre, elecciones competitivas y libres y la existencia de una sociedad civil) ¿Por qué estos mecanismos, que permitirían castigar a los políticos corruptos, no logran crear sanciones efectivas? Más allá de los valores de los ciudadanos o de encontrarnos en una dictadura de la corrupción (democracia iliberal), para Gustavo Duncan la respuesta se halla en la estructura económica del país.

Una porción significativa de la sociedad encuentra su medio de subsistencia o acumulación de riqueza dentro de economías ilegales (las distintas etapas de la producción de cocaína, la minería ilegal, el contrabando), economías informales (algunas ampliamente toleradas por la sociedad como el contrabando o la piratería) o en escenarios donde la participación de un individuo depende de decisiones de quien detentan el poder político (ser parte de burocracias locales o la adjudicación de contratos públicos gracias a quienes están dentro de los circuitos de poder).

La naturaleza de estas economías va en contravía de las reglas por las cuales el Estado busca regular la sociedad. La apropiación de los contratos públicos, el acceso a un empleo por medio de relaciones clientelistas, el comercio informal, las ventas de contrabando, el sinnúmero de actividades ilegales e informales que son toleradas socialmente, el narcotráfico en toda su cadena productiva, entre otros, constituyen los medios de vida de muchos habitantes y su viabilidad depende del incumplimiento de las leyes formalmente establecidas y de la creación de formas de regulación distintas que pongan orden a su proceso productivo. Al ser actividades criminalizadas o que su regulación está por fuera del marco estatal, las instituciones del Estado no pueden funcionar e, incluso, deben perseguirlas.

La clase política, por medio de relaciones clientelistas, les asegura a los miembros de estas economías una protección institucional a cambio de un apoyo en las elecciones periódicas. El político ofrece una especie de mercancía (que David Misse denomina mercancía política7) que le garantiza al comerciante del Sanandresito continuar con su negocio, al vendedor ambulante, como al raspachín de coca, la no persecución de las autoridades, o al profesional la continuación de su contrato dentro de la administración local. En contribución, los individuos dentro de estas economías garantizan, independientemente de las actuaciones del político, un apoyo (cautivo) que le garantiza acceder y concentrar poder. Una suerte de transacción política donde ambas partes, producto de sus intereses y objetivos, hallan beneficio mutuo a partir de los intersticios que produce la regulación formal, legal y racional que pregona la institucionalidad democrática. Los participantes de estas economías, a pesar de ser víctimas directas de la aplicación perversa de los recursos públicos, están dispuestos a votar y a respaldar a los miembros de la clase política corrupta siempre y cuando garanticen la viabilidad y continuación de sus medios de vida. En resumen, toda actividad económica necesita ser regulada a partir de un tercero protector, por la naturaleza ilegal o informal de múltiples economías el Estado no puede cumplir esta función; el político corrupto ofrece dicha protección a cambio de apoyo político y electoral.

Así, a pesar de que la prensa denuncia los actos de corrupción, y una parte de la sociedad se movilice e indigne, dicha transacción política (mercancía política a cambio de protección institucional) le garantiza una continuación en el poder a la clase política corrupta. Incluso cuando el sistema de justicia actúa y se logra una sentencia condenatoria8, el político corrupto puede poner herederos políticos. Por ejemplo, el 40% de los condenados o investigados por parapolítica entre el 2006 y el 2010 lograron heredar su curul. Estar en la cárcel ni siquiera es impedimento para que algunos políticos puedan perder el poder dentro de los circuitos políticos. Si cuentan con suficiente influencia en las bases electorales y una promesa efectiva de protección institucional, la visibilidad de sus actos de corrupción no es suficiente para generar una verdadera sanción.

La legitimidad de las instituciones:

Las instituciones formales son, según Duncan, aquellos parámetros que rigen las prácticas y las interacciones de los miembros de una sociedad y que son reconocidas por el Estado como legítimas. Sin embargo, en contra de la visión paradigmática, no son una idealización reconocida por toda la sociedad a través de una deliberación profunda y racional. Son, más bien, (i) el producto de pulsos de fuerzas de distintos sectores y (ii) la imposición de los intereses de unos actores sobre los intereses de otros. Así, las instituciones dentro de un régimen político democrático, no son abstracciones preconcebidas que va en consonancia con el modelo ideal de democracia occidental. Se van construyendo paulatinamente y su legitimidad no depende, para todos los sectores de la sociedad, en el grado al que se acercan el modelo de democracia formal.

Para que un conjunto de instituciones funcione necesita, siguiendo a Duncan, de 2 componentes:

  • Recursos materiales: Las instituciones no pueden operar en el vacío, necesitan de un sustrato material que les dé sentido. Por ejemplo, las instituciones del capitalismo moderno funcionan si se cumplen ciertas condiciones: profesionales especializados, un número considerable de empresas que tengan la capacidad de contratar trabajadores, un marco de libre competencia, los suficientes excedentes de la población para consumo o la función de vigilancia del sistema judicial de prácticas anticompetitivas, evitando prácticas desleales. Si estas instituciones no responden a los mercados, a la capacidad adquisitiva de la sociedad y no logran (o no pueden) regular las actividades utilizadas por la población, se demandarán otro tipo de instituciones que vayan incluso en contra de las formales si van en consonancia con las actividades económicas y productivas de la población.
  • Valores, normas y comportamientos de la población: Las instituciones establecen juicios de valor sobre unos comportamientos y prácticas cotidianas a partir de unos valores y normas generando que ciertas actividades puedan ser permitidas y otras prohibidas, sean legales o ilegales o sean moralmente aceptadas o rechazadas. Si los valores, normas y comportamientos de la población corresponden con aquellos que pregonan las instituciones del Estado, estas tendrán una mayor grado de legitimidad en la ciudadanía. A mayor correspondencia, mayor legitimidad. La población percibe como legítimas las instituciones formales si van en sintonía con sus prácticas cotidianas. Por el contrario, si las actividades de la población son moralmente incorrectas, según la percepción oficial, algunos sectores de la población percibirán a las instituciones formales como ilegítimas.

Si la evasión de impuestos por parte de un vendedor ambulante, la actividad económica de un cocalero, el contrabando, la piratería o la adjudicación perversa de contratos públicos, son ilegales o inmorales, estos sectores de la población demandarán otro tipo de instituciones políticas y económicas que se adecuen a sus actividades y posibilidades reales (recursos materiales) y a sus comportamientos y valores (recursos inmateriales). La clase política que incurre en actos corruptos permite, precisamente, la creación de este tipo de instituciones o, al menos, permite su funcionamiento sin la persecución de las instituciones formales. Para esto se vale de los recursos del Estado (la asignación, los bienes y servicios, la contratación pública, la burocracia estatal y la capacidad coercitiva de las autoridades). Es decir, una protección de lo ilegal o inmoral a partir de los recursos legales.

Repensando el problema de la corrupción en el país:

El clientelismo, de alguna forma, es una de las prácticas políticas que han permitido a amplios sectores de la sociedad a acceder a bienes y servicios del Estado; Además de ser un mecanismo efectivo a las demandas de regulación económica y social en vastos territorios periféricos del país, así como de poblaciones marginales en zonas más integradas. Esta transacción política (protección institucional a cambio de apoyo electoral a pesar de los escándalos de corrupción) ha sido histórica. Desde finales del siglo XIX, con la emergencia de los partidos políticos, se instauró en el país un proyecto modernizador del Estado. Los jefes locales, con una incidencia directa en la población local, acumularon poder. Los sectores de la clase política en el centro necesitaban del apoyo de las bases, los intermediarios la garantizaban a partir de una acceso y control a las instituciones estatales, algo que permaneció relativamente estable hasta la llegada del Frente Nacional9. Producto del debilitamiento de las filiaciones partidistas, el control de las clientelas no pasaba ya únicamente por la adhesión a un partido o a otro, la oferta de los intermediarios tuvo necesariamente que renovarse y aumentarse para mantener la lealtad de las bases electorales. En los 80's la emergencia del narcotráfico abrió paso a nuevos actores con poder en lo local y regional, con la capacidad de movilizar a amplias poblaciones garantizando la protección institucional que demandaban. El epítome de esto fue el proceso 8000 en la era Samper, que permitió comprender la irradiación del poder del narcotráfico en el país. Desde finales de los 90's, con la escalada del conflicto armado, y el nacimiento y fortalecimiento de las AUC, los señores de la guerra que la conformaban lograron amasar poder en los territorios donde se asentaban por medio de la violencia, logrando controlar administraciones a nivel local y regional llegando incluso al nivel nacional, con el caso de la parapolítica.

Es decir, estas formas de relación gobernados-gobernantes ha sido histórica y ha permitido subsanar la exclusión y persecución que las instituciones formales establecen contra sectores de la sociedad que tienen una percepción, relativamente, diferente. En Colombia, la legalidad no siempre es acompañada de legitimidad. Hay distintas instituciones y distintos tipos de legitimidad que coexisten en el territorio. Unas que se amparan en lo legal-racional (tecnocracia), otras a partir del voto de opinión y las plataformas políticas y están las relaciones políticas a partir de la lealtad y la clientela. La legitimidad en un régimen, más que parecerse o distanciarse a un modelo abstracto de democracia, se define por el tipo particular de relación que tienen los representantes y representados. El clientelismo es revestido por cierto grado de legitimidad al responder a los intereses y necesidades de amplias capas de la sociedad10.

Por esta razón, para entender por qué los colombianos no pueden contener los actos reprochables de su clase política no basta comprender el problema únicamente desde la agencia de los ciudadanos, sino que responde a condiciones estructurales. Las ya conocidas arengas que invitan al pueblo a despertar, a abrir los ojos y a detener la defensa de los amos que los explotan, son necesarias, pero no suficientes. Parten de un desconocimiento de la realidad económica y política, usualmente de sectores urbanos, profesionales y de clase media, de una porción importante del territorio, al entender la legitimidad de las instituciones a partir de lo que Max Weber denomina el capitalismo racional. Aunque, como señala Mauricio García, la solución a los grandes problemas del país no pasan por el cambio solamente de uno de los factores del panorama (lo político, lo institucional, lo económico o lo cultural), generando toda la carga explicativa a una variable, el control de la clase política corrupta en Colombia demanda necesariamente una independencia de la mayoría de las actividades económicas al poder político. Cuando el medio de subsistencia de una amplia porción de la población está atado a la discrecionalidad de quien controla las burocracias locales o la asignación de contratos públicos, la transacción que demanda protección-gobernante que la puede ofrecer seguirá perpetuándose en el tiempo.

Alguna vez trabajé en una empresa dedicada al marketing político. En periodo de campañas a alcaldías y gobernaciones se me asignó liderar un equipo para una campaña en, lo que en Bogotá denominamos, la región. La campaña estaba dirigida a tratar de mantener en el poder a una casta política que se hacía con varios puestos a nivel local, regional y nacional desde hace un par de años.

Lo único que conocía de la situación política es que la campaña estaba financiada por el hermano del candidato, dueño de un emporio hotelero. Cuando viajé a la ciudad donde debía recabar más información, que serviría como insumo para la estrategia política de la campaña, hablé con varios de los habitantes, cercanos o no al político en cuestión. Entre los muchos relatos que pude escuchar uno me llamó poderosamente la atención: en cualquier reunión, precedida por estos dos hermanos, la mayoría de los invitados se acercaban y charlaban -pública o privadamente- con el hermano B, el del poder económico, aunque el hermano A -el del poder político- estuviese en campaña y hubiese ocupado, durante doce años una curul en el Congreso. El hermano B financiaba la campaña del hermano A, además de generar empleo para cientos de habitantes de la ciudad. Quien buscara algún puesto, o la continuación de su contrato, en la burocracia local (si el hermano A ganaba) así como mantener su empleo en la cadena de hoteles, debía mostrar su apoyo irrestricto al candidato del hermano B, aunque era de conocimiento público los múltiples escándalos de malversación de fondos que envolvían a la familia, así como de manipulación del poder para beneficiar la construcción de más hoteles en dicha ciudad. En Colombia, la mayoría de los ciudadanos conocen las fechorías de aquellos que eligen gracias a su voto ejercido libremente, pero producto de las relaciones que envuelven sus medios de subsistencia necesitan de esta clase política para seguir sobreviviendo.

  • 1. Una idea que se plasma, por ejemplo, en el famoso lema "los mismos con las mismas" del senador Jorge Enrique Robledo.
  • 2. Un tanto discutible denominar el quinquenio de Rafael Reyes, a principios del siglo XX, como una dictadura.
  • 3. Se considera que el Frente Nacional (1958-1974) fue un cierre explícito del sistema. Aunque limitó la participación significativamente, como señala Pecaut, los grupos más radicales inscribían sus listas y podían participar en el juego político como cualquier colectividad, es el caso de la ANAPO o el MRL (que tuvo una estrecha relación con las guerrillas). Los partidos políticos no eran grupos homogéneos, sino que eran conformados por múltiples facciones con visiones muy disímiles.
  • 4. Entendida como el cúmulo de actores que median entre la sociedad y el Estado.
  • 5. Que no significa una situación idealmente esperada y la inexistencia de serios problemas. Por ejemplo, la amenaza permanente a sindicalistas y líderes sociales.
  • 6. Otra forma de abordar el problema, como señala Gutierrez-Sanin, es analizarlo a partir de una perspectiva comparada. Frente a sus pares, Colombia tiene una democracia mucho más fuerte y consolidada.
  • 7. Entendida como “las decisiones de poder que se transan para favorecer a determinados participantes o para permitir que unos agentes puedan operar en el mercado”.
  • 8. Así como el político corrupto negocia con sus clientelas también puede hacerlo con políticos de otros niveles que cuenten con cierta injerencia en la rama judicial. Una protección política muchas veces funciona como protección judicial.
  • 9. Dominación indirecta la denomina Charles Tilly.
  • 10. Amanda Sieves, para el caso jamaicano, ha señalado que las relaciones clientelares incluso dotan a los ciudadanos históricamente excluidos de un sentido de identidad. El patrón (político corrupto) le permite a las comunidades ingresar, de alguna forma, a un sistema que lo margina gracias a la desigualdad, el racismo o la violencia.


Sobre el autor

Juan José Fajardo

Director del Área de Escritores

Politólogo, eufórico al decirlo. Obsesionado por entender los actores, las economías y dinámicas criminales. Una buena vida si descifro qué es Colombia, y todo lo que esa palabra implica.


El contenido de este artículo es propiedad de la Revista Cara & Sello

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