Política

Las maras: ¿víctimas o victimarios?

Tiempo estimado de lectura: 8 min
2022-06-07 por Eliana Mejía

El Salvador es un país marcado por la violencia desde que en la década de los 70 se diera la aparición de una izquierda armada y que, en los años posteriores, se adhirieran más grupos marxistas leninistas cuyo objetivo era tomar el poder estatal por la vía armada, dando como resultado una guerra civil. Este fue un conflicto marcado por la extrema violencia que dejó más de 75.000 muertos y alrededor de 400.000 refugiados salvadoreños en Estados Unidos. Aquellos refugiados son los que dieron lugar a las Maras, ya que fue en Estados Unidos donde se empezaron a gestar dos grupos como la Mara Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13, para defenderse de otras pandillas que hacían presencia en Los Ángeles, California. Estas pandillas, sin escatimar en violencia, se caracterizaron por perpetrar los más oscuros actos criminales en el país extranjero, razón por la cual, EE.UU. decide deportar a la gran mayoría de estos jóvenes.

Para 2000, El Salvador recibió a los pandilleros con altos niveles de desigualdad, pobreza y muy pocas oportunidades, lo que significó el espacio perfecto para consolidar el accionar violento que habían implementado. Puesto que se encontraron con la fragilidad de la presencia estatal y la precariedad económica, atrajeron muchos jóvenes con familias disfuncionales para sus planes y así continuaron con su presencia mucho más fortalecida en su país de origen.

La mara se sostiene bajo un código de lealtad, entrar en ella significa ser miembro de por vida, ya que la deserción se paga con la muerte. Los rituales de iniciación incluyen golpizas de 13 segundos. Las mujeres mareras como prueba de iniciación deben aceptar someterse a una violación colectiva por otros pandilleros. También se les pone como prueba cometer un asesinato -de un policía o miembro de una pandilla rival- o incriminarse en un crimen que haya cometido otro marero. Lo anterior se ha producido por estas dos décadas, con cifras de 6.625 homicidios en el 2015 y de 4.365 en 2009, los años más violentos para el país después de la guerra civil.

La violencia ha sido tal, que los mandatos presidenciales no han podido neutralizar a las pandillas para que dejen de cometer crímenes, a menos que se les den treguas como las de 2012, donde se les concedió a los miembros de las pandillas el traslado de la cárcel de máxima seguridad Zacatecoluca a otros penales más laxos. Lo que causó una baja de homicidios para ese año del 40%. Sin embargo, esa tregua, que duró hasta el relevo presidencial en 2014, avivó la violencia y el crimen de estas pandillas al devolver a los líderes de las maras a la cárcel de máxima seguridad. Causando la estrepitosa cifra del 2015.

Casi finalizando el lustro después, llega al poder el actual presidente Nayib Bukele en 2019. Bukele es un político y empresario que rompió con el bipartidismo instaurado desde la posguerra, y ha generado una transformación positiva en la percepción de los salvadoreños sobre el rumbo de El Salvador y su posicionamiento tanto en la región como en el mundo.

Pero traemos a colación a este presidente no solo por la popularidad que ganó debido a dos muy buenas gestiones anteriores que le permitieron llegar a la presidencia, sino por las acciones mediáticas contra las maras o pandillas violentas de las que hablamos anteriormente, las cuales siguen demostrando a un presidente con desmanes autoritarios. Puesto que una de sus principales promesas fue la de terminar con la violencia de las pandillas, y así fue durante sus primeros años de mandato, las tasas de homicidios bajaron de los 105 a los 20 por cada 100 mil habitantes.

Aunque esta disminución es obtenida bajo negociaciones ocultas a la opinión pública, ya que se tiene evidencia que desde junio de 2019 se vienen haciendo negociaciones del actual Gobierno con líderes encarcelados de la MS-13. Donde se pactó la reducción de homicidios, se discutieron beneficios carcelarios y apoyo electoral para Nuevas Ideas en 2021. Este factor resulta contradictorio debido a que en 2020 rechazó por completo lo ocurrido con la tregua del 2012, escribiendo en Twitter “Negociaron con la sangre de nuestro pueblo. Mil veces malditos”.

A pesar de eso, se alcanzó a ver al presidente ostentando la baja de homicidios durante lo que llevaba de su periodo presidencial, puesto que la cifra pasó de 1.345 homicidios entre enero y mayo del 2019 a 519 durante el mismo periodo del año 2020, debido al “Plan Control Territorial” implementado por su gobierno para disminuir los homicidios. Pero no fue sino hasta 2022 que esa esperanza se desvaneció.

Las medidas a las que nos referimos son las implementadas en todo su gobierno, ya que en primer lugar, estas acciones no provienen de este año, sino desde 2020 cuando en pleno tiempo de pandemia sacó medidas que van desde el encierro por 24 horas de los presos, hasta el cierre total de las celdas para evitar la comunicación entre los reclusos, pasando por meter en una misma celda a miembros de diferentes pandillas ante estas represiones Human Rigths Watch fue una de las organizaciones más críticas, puesto que el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias pusieron en peligro la salud de los reclusos.

Ahora en 2022, debido a que los asesinatos aumentaron de una manera alarmante en comparación con los años anteriores del mandato de Bukele, se vivió el día más sangriento del último siglo para El Salvador, solo durante la jornada del 26 de marzo de este año, asesinaron a 62 personas, diferencia abismal entre el número de muertes por día en 2009 que fue de 12 homicidios y el del 2015 de 18 asesinatos.

Como respuesta a esta violencia, implementó la medida “Guerra contra las Pandillas” donde la asamblea decretó, desde el 27 de marzo, el Estado de Excepción, dando paso a reformas aprobadas por el congreso para que castiguen, hasta con 15 años de prisión, la publicación de "cualquier manifestación escrita" que aluda al "control territorial" de las pandillas. Además, se entiende que se busca coartar la libertad de expresión al sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita "mensajes o comunicados originados o presuntamente originados" por pandillas.

Ante esto, Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas en El Salvador”

La nueva reforma penal contempla además que los menores que tengan entre 12 y 15 años de edad podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión, mientras los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 en caso de pertenecer a pandillas. Aspecto ante el cual Unicef se pronuncia diciendo que Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte. Puesto que la detención solo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible, según el Artículo 37 de la convención sobre los derechos del niño.

Hasta qué punto los Derechos Humanos alcanzan a cobijar a grupos terroristas como estos, denominados así por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, para que les permita tener más beneficios de los que la sociedad salvadoreña tiene. Lo que sí se sabe es que se ha derramado mucha sangre a causa de ellos y estamos llamados a evitar hechos de esta índole en el mundo para cambiar los paradigmas que se han creado y perpetuado.



Sobre la autora

Eliana Mejía

Escritora

Cristiana y apasionada por la vida, tratando de escribir para mostrar lo que aprendo y lo que considero importante expresar. A un año de ser internacionalista y, como si no quisiera tener ratos libres, iniciando Derecho.



El contenido de este artículo es propiedad de la Revista Cara & Sello



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