Política

Lo que podemos y no podemos exigir a los políticos. La veracidad y factibilidad en la política1

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Una medida en política pública debe ser verídica, pero también factible. Debe estar sustentada en evidencia, información de contexto, un diagnóstico pormenorizado, nutrido con literatura especializada, los testimonios de actores con distintas perspectivas, elementos que permitan elaborar recomendaciones de política que sean efectivamente aplicables por los gobiernos (de todos los niveles) y ayude, de alguna manera, a resolver el problema público que se busca mitigar. Este es el elemento veraz. Que su contenido parta de la verdad, no a partir de supuestos, intereses particulares, sesgos indiscutibles o buscando favorecer a uno u otro actor político.

Pero también debe ser factible. Es decir, que pueda, atendiendo a las limitaciones de la realidad, implementarse efectivamente. Una medida que tenga en cuenta los recursos, las capacidades y limitaciones institucionales de los gobiernos. Las políticas públicas (y sus programas, planes y proyectos) deben poder aterrizarse a una realidad concreta, no a un mundo idealizado.

En la opinión pública -y un amplio sector de los intelectuales- existe una total desconexión entre estos dos elementos. Abundan en el aire soluciones que, aunque verídicas, son (casi) imposibles de implementar.

Abundan en el aire soluciones que, aunque verídicas, son (casi) imposibles de implementar...

Un ejemplo claro de esta desconexión entre lo verídico y lo factible es el problema de las drogas. Aunque se empieza a construir un consenso en la academia, y de manera periférica en las organizaciones internacionales, sobre la imposibilidad de lograr un mundo sin drogas, los objetivos empiezan a ser más moderados2 y distintos países y estados federados han legalizado (médica y recreativamente) sustancias como la marihuana. Expertos en el tema, como Antonio Escohotado, han señalado que la única opción para revertir los errores y efectos negativos que ha tenido la cruzada contra las drogas pasa por la legalización total de todas las drogas. A menudo se sustenta esta postura con la prohibición del alcohol en Estados Unidos, a principios del siglo XX, el mercado subrepticio que generó, las mafias a su alrededor, el dinero que no devengaron las arcas públicas y la mitigación de la economía criminal (y por ende sus actores) cuando se reversó la prohibición. La solución: legalizar las drogas. No obstante, como afirma Francisco Thoumi, esta es una solución facilista. La posibilidad de revertir los tratados internacionales que limitan el margen de acción de los gobiernos nacionales tardaría años. Además, solo un Estado con una posición privilegiada en el concierto internacional podría liderar una iniciativa de esta magnitud sin que los esfuerzos fuesen infructuosos. Esto sin contar los costos políticos y electorales que enfrentaría el gobernante que abanderara un proyecto tan polémico (en la mayoría de los países un porcentaje, aún considerable, de la población no está de acuerdo con el consumo de drogas alucinógenas). Plantear la legalización de las drogas para atacar de raíz el fenómeno del narcotráfico es correcto, pero imposible de realizar.

Un debate que se centre en medidas verídicas, pero poco factibles resta calidad a los argumentos de cualquier discusión ¿Un déficit en la educación universitaria en el país? La solución: educación gratuita para todos ¿Un sistema de salud paupérrimo que viola el derecho fundamental de la vida de los ciudadanos? La solución: la creación, en tiempo récord, de un robusto sistema de salud ¿La corrupción carcome el país? Pena capital para quien ose en tocar el presupuesto de todos los ciudadanos. Aunque medidas loables, son imposibles de realizar, al menos en el corto plazo. Mientras nos enfrascamos en discusiones bizantinas decenas de miles de personas sufren los efectos de problemas públicos sin resolver. Políticas que, sin duda, no resolverán el problema de raíz, pero que trazan una ruta que, paulatinamente, se pueda ir aplicando, deben estar en el centro del debate.

Sin embargo, ¿Por qué priman las medidas verídicas, pero poco factibles? Anoto tres que dan cuenta de la ausencia de información y del desconocimiento a nivel local (nacional, regional o municipal) e internacional:

  • Existe un desconocimiento crónico sobre el diseño institucional de los Estados. No se conocen las agencias que lo conforman, sus objetivos, los planes que implementan, sus presupuestos, el recorrido que han tenido sus políticas (que se ha hecho en el pasado, que se está haciendo en la actualidad3), la cultura administrativa de una entidad en un territorio en específico (una secretaría de cultura no funciona igual en una ciudad capital que en un municipio categoría 64)
  • Pero también por un desconocimiento de la realidad: quien gobierna, con qué otros actores lo hace, ¿tiene legitimidad en la ciudadanía?, ¿cuál es su margen de acción?, ¿cuáles son sus prioridades? ¿está atado a intereses privados? No se tiene en cuenta el elemento subjetivo de los individuos que afecta a los políticos y funcionarios públicos: sus creencias previas a su posesión en el cargo, en qué creen, cuáles son sus convicciones, que rechazan, que les genera indiferencia, cuál ha sido su pasado. Tampoco se tiene en cuenta las condiciones de municipio, departamento o país: cuál es su cultura política, en qué creen o no creen la mayoría de los ciudadanos, qué grupos de presión tienen relevancia, el peso de los medios de comunicación, la relevancia de las economías criminales
  • Muchas veces parece que se obvia el elemento internacional y los compromisos y limitaciones que tiene un Estado6 (aunque en menor medida, las unidades administrativas de carácter regional o local sienten un menor influjo de la arista internacional). Cuáles son sus aliados y qué intereses tienen, ¿proponer cierta medida podría afectar a un aliado? ¿Qué tratados ha ratificado el Estado? ¿Qué organizaciones internacionales hacen veeduría a la actuación del gobierno?

De esta manera, se debe hacer un llamado a escuchar a los expertos y ciudadanos que, basados en el estudio profundo de varias aristas de la realidad, proponen medidas que tienen en cuenta múltiples variables que permiten un acercamiento más correcto del fenómeno que se estudia. En la realidad concreta no basta con estar del lado de los buenos, de los que detentan la verdad. No basta con que el efecto positivo, en el papel, o en otras latitudes sea palpable, sea verídico. También debe ser factible, que se pueda implementar. Sacrificar un poco del primer elemento, aunque no queramos, por el incómodo segundo elemento, lo factible.

  • 1. En la distinción entre polity, politics y policy, en este texto la política hace referencia a policy (políticas públicas).
  • 2. Desde el primer tratado de control de sustancias psicoactivas, en 1961, hasta la última conferencia de UNGASS, en 2016, el enfoque ha virado desde la prohibición a la regulación.
  • 3. Un ejercicio juicioso en reconstruir la historia de las instituciones en materia de posconflicto, los programas implementados y los resultados que tuvo se encuentra en el último libro de Claudia López (2016).
  • 4. Peter Evans, en el Estado como problema y solución, señala como una burocracia con normas claras (como en Japón) genera una verdadera construcción estatal y el cumplimiento efectivo de las funciones básicas del Estado. Además, según Evans dentro de las burocracias se crean coaliciones corporativas que persiguen objetivos particularistas en concreto, muchas veces para alcanzarlo deben modificar los objetivos mismos de una entidad.
  • 5. No es lo mismo proponer soluciones menos punitivas en materia de cultivos ilícitos en un gobierno progresista como el de Barack Obama que en uno abiertamente conservador como el de Trump.


Sobre el autor

Juan José Fajardo

Director del Área de Escritores

Politólogo, eufórico al decirlo. Obsesionado por entender los actores, las economías y dinámicas criminales. Una buena vida si descifro qué es Colombia, y todo lo que esa palabra implica.


El contenido de este artículo es propiedad de la Revista Cara & Sello

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