Política

Ni un líder más, cientos de líderes menos

Tiempo estimado de lectura: 7 min
2020-10-27 por Laura Ventura

Fuente: EFE

Los asesinatos en Colombia se han convertido en una situación común y en un accionar constante por parte de diferentes actores en el país, se ha logrado generar en la población, la conciencia de que existe una problemática, pero esta no escandaliza, puede en ocasiones indignar, pero al ser hechos recurrentes se convierte en una condición habitual. A diario, es posible observar, por los distintos medios de comunicación, alguna muerte, asesinato, masacre y un sinfín de actos violentos en contra de la población, sin embargo, se logra minimizar esta situación encontrando siempre alguna manera de explicar el porqué. Especialmente los medios “informativos” que ponen en tela de juicio el actuar de las víctimas y las razones que justifiquen el accionar de los responsables.

En Colombia, líderes sociales han muerto durante los últimos años por defender los derechos de sus comunidades, y sus crímenes no se esclarecen, no se sabe cuáles fueron las razones para que padecieran y además, siempre se dan a conocer las presuntas causas sobre sus muertes, como crímenes pasionales, conexiones con grupos ilegales (bandas criminales, narcotráfico…) conflictos dentro de sus comunidades e innumerables juicios que hacen recaer la culpa en las víctimas. Situación que ha generado movilizaciones de sectores de la sociedad, protestas y manifestaciones, como la de la Minga Indígena, que decidió dirigirse a la capital del país, para mostrar la incomodidad frente a la situación que viven en sus territorios. La cual despertó conflictos entre sectores políticos y una disparidad entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá, por el recibimiento de miles de indígenas y el manejo logístico que se les pudiese brindar.

Muchos motivos mueven a este grupo social, el cual se ha animado a emprender camino hacia el Congreso Nacional, evidenciando de esta manera las múltiples problemáticas que atraviesa el país . Luchando en mayor medida por cómo se han visto afectados por los conflictos que los han marginado, obligados a alzar su voz a través de manifestaciones y grandes recorridos por el territorio colombiano, en busca de respuestas y de visibilización de las regiones apartadas y relegadas.

Los indígenas recorren diferentes ciudades con cuatro ejes fundamentales en su movilización. Primero, el derecho a la vida, el cual incluye garantías frente a masacres, etnocidios y feminicidios, desmonte del paramilitarismo y desmilitarización de los territorios. Segundo, el derecho al territorio, que incluye una reforma agraria que permita una redistribución de la propiedad de la tierra y reoriente el modelo de desarrollo económico, en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural, además, del retiro de la política extractivista sobre las regiones. Tercero, El derecho a la democracia, garantías para la protesta social, garantías para participación social y política y reconocimiento del campesino como sujeto de derechos. Finalmente, el cuarto eje sobre el derecho a la paz, desmilitarización territorial y social, el cumplimiento en la implementación de los acuerdos de paz de La Habana, reanudación de los diálogos con el ELN y el reconocimiento de los procesos de diálogos humanitarios y pactos de paz regionales. Ejes en los cuales se han visto afectados y han sentido que se transgreden sus derechos, por lo que decidieron hacerse escuchar a través de una manifestación que se calcula en un aproximado de 7 mil personas.

Los ejes de la manifestación dan muestra de problemas estructurales de la sociedad y del actuar del Gobierno Nacional. Gobierno que se ha quedado corto desde hace años en cuanto a la protección y salvaguarda de la población colombiana, siendo incapaz de mantener el control estatal sobre los distintos actores que convergen en las regiones. Permitiendo de esta manera, que existan grupos indígenas vulnerados, que se hayan visto desplazados de las prioridades del gobierno, y que sean rechazados de los espacios políticos – sociales. Siendo privados de derechos y seguridad en el territorio que habitan, de ahí que el derecho a la vida sea una de las líneas principales de esta movilización.

Gobierno que se ha quedado corto desde hace años en cuanto a la protección y salvaguarda de la población colombiana...

Asesinatos, masacres, etnocidios y feminicidios han vulnerado a las comunidades indígenas, pues en los últimos años han asesinado a casi 270 indígenas en el país, líderes sociales y comunitarios que han perdido su vida entre el 2016 y el 2020. Cuatro años desde la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la antigua guerrilla de las FARC, en donde se ha presentado el asesinato de 242 líderes y un aumento significativo de los homicidios con el actual gobierno de Iván Duque, periodo en el cual han fallecido 167 líderes (sin que esta cifra sea definitiva, ya que estos datos son tomados hasta el 9 de julio del 2020). Siendo el 2019 el año con mayor número de asesinatos a indígenas, con un total de 87 casos, y el 2020 con 47 casos hasta la primera mitad del año. Cauca es la región con mayor número de afectaciones, 28 casos en el primer semestre del año 2020 (94 casos desde el 2016) seguido de Nariño con 5 casos y Valle del Cauca con 3 casos respectivamente.

Datos que responden a las dinámicas históricas de los diferentes territorios, a la presencia de actores legales e ilegales en las diferentes regiones, uso de los suelos, extractivismo y minería, uso y manejo de los recursos y de zonas estratégicas de territorios como Cauca, en donde convergen actores que ocasionan conflicto, detentan el poder y poseen control sobre el territorio. Sin embargo, son territorios que mantienen en este grupo social un fuerte arraigo y así mismo un instinto de preservación ligado a una región específica, donde han desarrollado sus vidas y necesitan asegurar su pervivencia, intentando en este sentido, hacer frente a los grupos armados, actores legales e ilegales para evitar el conflicto y en una voluntad de resistencia pacífica, por lo que buscan apoyo del gobierno y un pliego de peticiones que permitan una mejor calidad de vida en sociedad y de convivencia con el entorno.

Toda esta situación deja un sinsabor, pues una vez más el Gobierno Nacional se muestra apático ante las necesidades de los colombianos y aunque por la actual pandemia, una manifestación con este número de personas pueda acarrear problemas, es posible mencionar que aglomeraciones existen a diario, por ejemplo, en el transporte público de las diferentes ciudades y en especial en el de Bogotá. Aunque existen sectores prestos al diálogo, como la administración de Claudia López, se necesita de la presencia del Estado, para brindar protección y adquirir compromisos en cuanto a seguridad ambiental, garantías sociales y presencia estatal en los territorios, es necesario trabajar, trabajar y trabajar, para que ni un líder más sea asesinado.



Sobre la autora

Laura Ventura

Editora, Escritora

No todo está dicho, el tiempo es cambiante y es válido hablar sobre lo que se cree. Por esto escribo, porque es necesario tomar una posición frente a lo que se es y se vive, porque me gusta pensar que alguien puede identificarse en mi escribir. Hablo a partir de mi posición en la sociedad, como mujer, una mujer en proceso de deconstrucción que se denomina feminista. Amante de entender las dinámicas sociales a partir de la economía y la religión. Hablando sobre la delgada línea que separa la cara del sello.


El contenido de este artículo es propiedad de la Revista Cara & Sello

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