Política

¡Se les dijo y se les advirtió!

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Foto: excelsior.com.mx

Como muchos lo pronosticaban y lo aseguraban, la Corte Constitucional tumbó la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes porque “se sustituyó la Constitución y se violó el principio de no regresividad en los Derechos Humanos”. Esta decisión causó revuelo entre muchos ciudadanos quienes veían esta medida como la más viable para proteger a los niños, pero en realidad esto no iba a tener un efecto en el número de casos de violación.

En primera medida, este era un proyecto de ley que nació muerto porque va en contra de la Constitución y de varios tratados a los que Colombia está adscrito. No hay ninguna ley, por muy necesaria que pueda sonar para algunos o porque tenga apoyo popular, que tenga la capacidad de contradecir lo que establece la Constitución porque simplemente no se va a aplicar y todos los tratados y declaraciones que el país decide acatar es porque llevan la misma línea ideológica que los de la Carta Magna.

La Constitución colombiana se basa en la dignidad humana y establece en el artículo 34 que “se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación“ y la pena máxima es de 60 años, además el principio de no regresividad de los DD.HH. establece que las leyes no deben empeorar la situación de regulación del derecho vigente.

Para muchos la decisión de la Corte fue errónea, pero teniendo en cuenta que a estos magistrados se les confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución sólo podemos calificar esta decisión de apropiada, al fin y al cabo estamos hablando de una medida inconstitucional que un magistrado de cualquier orientación política y ética hubiera tumbado.

Sólo podemos calificar esta decisión de apropiada, al fin y al cabo estamos hablando de una medida inconstitucional...

El buscar desacreditar a la Corte por esta decisión es un error; pues así no se esté de acuerdo, esos magistrados estaban haciendo su trabajo. Que el Centro Democrático afirme que la Corte “acaba con la esperanza de miles de familias que confiaban en castigo con cadena perpetua para violadores y abusadores de niños” no hace más que dirigir la opinión popular a donde ellos desean. Desde que se planteó la propuesta, el presidente y su partido eran conscientes de la inconstitucionalidad de la misma y aún así la tramitaron, dándole mal uso a los recursos legislativos y al tiempo que involucra llevarlos a cabo. Dejando esto claro, muchos se podrían preguntar ¿Por qué se tramitó una ley que se sabía que era inconstitucional?

Recordemos que este proyecto de ley fue arduamente apoyado por el presidente Duque y su partido el Centro Democrático, los cuales no gozan de la mayor popularidad en estos momentos cruciales para las elecciones de 2022 y con el propósito de verse más confiables ante la opinión pública, alegaron por defender un tema que a todos nos mueve las fibras, la protección de los niños haciéndonos creer que su propuesta es la forma de intervenir el problema. Una ley como la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y adolescentes les permite aumentar su popularidad sobre todo cuando el presidente tiene una impopularidad del 74%, es por esto que cuando la Corte dio su fallo, el presidente lo acató y solo afirmó que seguiría en la lucha por los derechos de los niños, porque realmente no había mucho más que profundizar en el tema.

La ley Gilma Jiménez obtuvo su nombre por una senadora del Partido Verde quien fue por muchos años la abanderada de esta propuesta al liderar en 2009 la búsqueda de Katherine Huertas Vanegas, una niña que fue asesinada y abandonada en el Humedal Jaboque en 2004. Si bien tenía buenas intenciones, esta senadora fue, para 2010, la mujer con la votación más alta en el Senado de la República al defender uno de los temas que desata emociones fuertes en la población.

Este tipo de leyes caben dentro de un concepto que se llama Populismo Punitivo el cual busca satisfacer un sentir público de justicia fundamentado en sentimientos y no en razones justificadas y claras manipulando el derecho penal defendiendo tesis como: el incremento en las penas conllevaría automáticamente a una reducción de las tasas de delito o el postulado de que las penas refuerzan determinados consensos morales esenciales para la vida en sociedad. Cuando alguien, en este caso niños y adolescentes son víctimas de ofensas graves, los gobiernos para ganar popularidad promueven la inclusión de “castigos ejemplares” para conductas que toda la población rechaza y se muestran a sí mismos como defensores de causas justas. El problema es que este tipo de medidas no se pueden ejecutar y lo único que hacen es promover una justicia falsa porque el Estado ejerce poder y crueldad, pero el problema no se resuelve, la conducta se va a repetir.

Se muestran a sí mismos como defensores de causas justas.

En un país donde casi dos menores de edad son asesinados al día y que en 2019 tuvo más de 22.000 víctimas de delitos sexuales menores de 18 años, mientras 708 murieron violentamente, es más que natural que muchas personas sientan indignación cuando criminales no reciben las penas que ellos consideran como justas, pero la evidencia afirma que el aumento punitivo no evita o desestima que un abusador cometa el crimen pero sí repercute en la crisis de hacinamiento carcelario, es decir cuando alguien va a cometer un crimen no consulta los años de pena y con base a eso toma la decisión, sino que el crimen se comete y luego se lidia con las consecuencias, si es que la justicia llega a ese punto.

Por más aberrantes que sean los delitos sexuales contra menores, quienes defienden leyes como la cadena perpetua no están pensando en el bienestar de los niños y adolescentes, realmente buscan venganza porque proteger a los más indefensos de la sociedad no se hace poniendo en prisión a la persona que comete el crimen, se hace evitando que el crimen suceda en primera instancia porque una pena más larga no garantiza que no habrá más violaciones.

Para evitar estos problemas legales y de opinión pública se necesitan medidas que protejan a la infancia y que sean constitucionales, no promover leyes que no presenten soluciones claras y solo abran la puerta a discusiones sin sentido para que unos pocos ganen votos. La cultura de protección y prevención debe ser una realidad, que los delitos se investiguen y que los procesos no se pierdan en la Fiscalía, que la falta de pruebas no sea una oposición para que los niños y adolescentes obtengan justicia y que no solo se piense en las penas como un medio para castigar, sino que también sean un medio efectivo para resocializar.

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Podcast

Conversando con el sello

T2 E5 - ¡Se les dijo y se les advirtió!
- Laura Sofía Cabrera Jaimes

Hay temas que, por más difíciles que sean, debemos hablarlos. En el episodio de hoy comentamos el fracaso de aquel proyecto de ley que pretendía penalizar la violación a menores de edad con la cadena perpetua: una perspectiva que defiende un resultado ineficiente. ¿Por qué? Escucha la respuesta aquí.
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2021-10-12 por Sara Juyo Morera y Juan David Díaz Molina un producto Cara & Sello



Sobre la autora

Laura Sofía Cabrera Jaimes

Directora del Área de Escritores

"Tal vez no pueda cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca"
Pronto internacionalista, mientras tanto disfruto dar mi opinión, aprender de distintos temas y poder analizarlos en el proceso. Recién entrada a los 20. Rola. Amante del fútbol, los perritos, la fotografía y de cantar desafinado.



El contenido de este artículo es propiedad de la Revista Cara & Sello



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