Sociedad

Ley de transparencia

2020-10-29 por Santiago Díaz

Globalización, posmodernidad, era digital y tantos otros calificativos que adoptamos para definir nuestra época. Nos situamos en un periodo caracterizado por el constante avance de la tecnología y por la libre y rápida circulación de la información. Ahora el problema no radica en si te llega la información, sino cómo la clasificas a la hora de medir su utilidad, pues el tiempo sigue siendo el mismo, pero la cantidad de noticias e información que se supone debes consumir aumenta exponencialmente. Una vez identifiques qué información es útil aparece el siguiente desafío: ¿Cómo usar aquella información? Nuestra sociedad siempre ha comulgado con el principio de “la información es poder”, donde conocer determinados datos puede darte una ventaja competitiva frente a los demás, permitiendo tomar decisiones con más conocimiento de causa.

Cada vez más países cuentan con leyes de acceso a la información, estas permiten a los ciudadanos ejercer control sobre las decisiones y acciones tomadas por organismos públicos y privados. En 2014, se decretó en Colombia la Ley de Transparencia y derecho de acceso a la información pública, la cual otorga potestad al ciudadano para buscar y difundir información de interés sobre las operaciones de entes públicos... con sus debidas excepciones, claro está. Es evidente que está en auge la cultura de la demanda de información, la gente está empezando a saber que tiene el derecho a saber, pero… ¿Se hace buen uso de esta información? ¿Hace más bien que mal que la gente conozca ciertos datos sensibles?

Reino Unido es uno de los países con más incidencia en la aplicación de leyes de acceso a la información. Los ciudadanos tienen la capacidad para monitorear el desempeño de sus representantes en el Parlamento, revisar qué colegios obtuvieron mejores resultados en pruebas nacionales o qué restaurantes tuvieron peor calificación en controles sanitarios. Son datos y hay que darlos, dirían por ahí, pero vale la pena considerar qué repercusiones se desprenden del hecho de que la gente sepa este tipo de cosas.

Volvamos al ejemplo de los colegios. Al ser un tipo de negocio basado en la confianza, es fácil prever que aquellos padres que busquen una escuela en la que matricular a sus hijos, pueden valerse de la información proveída por el Ministerio de Educación para determinar sus mejores opciones. A pesar de que se otorga un fundamento de peso a la ciudadanía en la toma de decisiones, estas prácticas acarrean un peligro para aquellas instituciones o negocios que cuentan con manchas en su historial que ahora quedarán registradas a perpetuidad. El consumidor de esta manera podrá emitir juicios de valor hacia entidades que pierden capacidad de reinvención y redención. ¿Qué padre sensato inscribiría a sus hijos en un colegio con antecedentes de abuso infantil? Esto causa una primera impresión tan negativamente irreversible que ni la mejor campaña publicitaria podrá remediar, creando a su paso una élite de colegios que sí mantienen calificaciones positivas en los indicadores de acceso público, dejando en el camino la cancelación de aquellas escuelas que deben cargar a sus espaldas errores del pasado o hechos aislados y desafortunados.

Sin embargo, no hay que caer en los vicios de la permisividad y la complicidad para ocultar negligencias y malas gestiones del sector público y privado. La Ley de Transparencia obliga a mantener una estricta rigurosidad en las operaciones y funciones de todos aquellos trabajadores que prestan un servicio de cara al público, aumentando el grado de responsabilidad ante semejante nivel de exposición. La posibilidad de conocer cierto tipo de información antes clasificada no es nociva per se, pero si es necesario concientizar a la gente sobre cómo interiorizarla, sacando las debidas conclusiones sin que haya lugar al pánico, la superstición y la sugestión. Las organizaciones son entes sociales cuya reputación no solo se ve reflejada por estadísticas, indicadores o gráficas, también hay que tener en cuenta el factor humano, donde el más mínimo error de una sola persona puede echar a perder la imagen corporativa.

La transparencia, no obstante, adquiere un carácter más problemático si lo analizamos a nivel macro. Aquí es necesario distinguir entre dos actores, el gobierno y la población. Dos entes con una relación de subordinación que no está claro en qué sentido gira, por tanto, la transparencia que se deben profesar resulta ambigua ¿Debería conocer el pueblo aquellos secretos de Estado que comprometan la seguridad nacional? Por supuesto que no, el pánico es uno de los mayores tormentos a la hora de manejar grandes comunidades ¿Debería el gobierno estar al tanto de aquellos aspectos propios de la vida privada de cada individuo? No, pero ya está sucediendo. Para nadie debe ser un secreto el escándalo que salpicó a Mark Zuckerberg por conceder información privada de 50 millones de usuarios a la consultora Cambridge Analytica para la campaña electoral de Donald Trump o el hecho de que la CIA dispone de la tecnología capaz de sustraer cualquier clase de datos o movimientos realizados en nuestros dispositivos electrónicos, causa que exhibió al mundo Edward Snowden, antiguo empleado del gobierno estadounidense, actualmente en Rusia.

¿Debería el gobierno estar al tanto de aquellos aspectos propios de la vida privada de cada individuo?

Otro de los principales valedores de la transparencia total resulta ser Julian Assange, líder del portal web Wikileaks, debido a la cantidad de filtraciones publicadas por la organización sin ánimo de lucro. Enemigo a más no poder del Tío Sam, entre sus hazañas más destacadas figura la filtración masiva de material clasificado del Ejército estadounidense sobre las guerras de Irak y Afganistán, la divulgación de información relevante sobre la campaña de Hilary Clinton o difundir información sensible sobre los procesos aplicados a los prisioneros en Guantánamo.

Assange considera que la transparencia absoluta ya existe, su lucha radica en la redistribución de los flujos de información. Actualmente la tecnología permite que los gobiernos y agencias de inteligencia cuenten con las herramientas necesarias para poder entrometerse en nuestros dispositivos electrónicos y así extraer nuestros datos privados. La labor de Wikileaks consiste en ampliar los canales de circulación de la información para que ésta no vaya únicamente de manera ascendente y unilateral (Población a Gobierno), sino que también sea descendiente y bilateral, es decir, del gobierno hacia sus ciudadanos y a su vez, lateralmente, para que los individuos también tengan conocimiento de lo que ocurre a su alrededor con sus congéneres.

De esta manera se crean mecanismos de oposición más legítimos, en donde los presidentes, ministros, o empresarios de turno no podrán hacer uso de la confidencialidad para tapar negligencias o inmoralidades. Sin embargo, Wikileaks plantea una contradicción en su modus operandi, pues Assange confirma que las filtraciones no comprenden la totalidad de lo que sus fuentes han revelado. Si esto es cierto, ¿Están ellos infiriendo que la transparencia absoluta no es sana? De ser así, ¿Son ellos los más capacitados para deducir qué información podría compartirse y cuál no? ¿Existe alguien con semejantes facultades?

Quizá la transparencia absoluta sea una utopía. Tenemos el derecho a saber hasta donde nos dejen saber. Mientras cada persona utilice la información para el bien propio sin pensar antes en el colectivo, las injusticias no harán más que incrementar. No es posible implementar una democratización de la información, no somos capaces de trazar la delgada línea que separa la privacidad del conocimiento común. Llegaremos al momento en que se acumulará tanta información que nos volveremos locos sin saber cómo emplearla ¿Has pensado en la tortura que debe sentir aquel que tenga el poder de leer mentes? Mejor empieza por buscar un buen sticker con el que cubrir tu webcam y deja de pretender saberlo todo para controlar y adecuar tu entorno, el que busque la perfección solo encontrará imprecisiones allá donde vaya.



Sobre el autor

Santiago Díaz

Director del Área Editorial

Bogotano, 1994. Profesional en Negocios Internacionales. He vivido en Barcelona y San Petersburgo. Me apasiona la sociología, la historia, la economía, la cultura y el arte. Me gusta analizar lo que sucede a mi alrededor. Escribo cosas.


El contenido de este artículo es propiedad de la Revista Cara & Sello

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