Naturalmente hemos de pensar en el 2020 como uno de los años más abruptos y violentos para nuestra sociedad. Los silencios y la incertidumbre que rondaron alrededor de los últimos meses, debido a un “asesino silencioso”, concentró toda nuestra atención en mitigar una crisis sin precedentes, pero así mismo, en revelar, paradójicamente, en algunos sectores sociales las discontinuidades, rupturas y hechos del siglo presente: los nacionalismos, el racismo estructural, la inseguridad alimentaria, los desiguales desarrollo geográficos, la explotación laboral (capitalista y no capitalista) y la violencia contra las mujeres, personas querr y trans; u otros efectos predecibles de la pandemia, como: la intensificación de las rivalidades geopolíticas, la (re) afirmación de discursos paternalistas y/o autoritarios y el desplome del capital “ficticio” de las instituciones financieras.

No obstante, y antes de que el orden global pudiera pronosticar tal hecatombe, 2020 se pronosticaba como un año de grandes momuentus en la dimensión cibernética, no sólo por la batalla tecnológica entre dos grandes de la economía mundial (China y EE. UU), sino también por lo que se interpretaba desde occidente, como el final del periodo de la planificación inicial de un proyecto alienador, que auguraba el autoritarismo tecnológico y la preservación orwelliana y maoísta en el gigante asiático, hablamos del polémico y poco explorado Sistema de Crédito Social (SCS).

Este sistema, equiparado, por muchos, como un malviaje de la realidad o una fantasía para los productores de Black Mirror, es potencialmente un mecanismo que contribuye, a través de mediciones o puntuaciones individuales, un análisis de la vida privada, en aras de la protección y construcción de una esfera pública segura, armoniosa y confiable. Es decir, y según las versiones oficiales del gobierno chino, palabras más, palabras menos-, se trata del establecimiento de un esquema nacional para rastrear la confiabilidad, de ciudadanos como de corporaciones y funcionarios gubernamentales. Todo ello, con el ánimo de frenar y erradicar problemas tan frecuentes como la corrupción o el fraude financiero al interior del partido y sus instituciones.

Sin embargo, es inevitable pensar, desde un punto de vista occidental, en el SCS, como un aparato de vigilancia y castigo social, que está a disposición de fortalecer una ciega e inquebrantable lealtad al Estado y evitar toda clase de cuestionamiento político sobre el régimen. Socavando, a menudo, los derechos y libertades individuales por un “poco” de legitimidad y seguridad al Estado. O eso es lo que han especulado exageradamente en los diversos medios. Por ello, deberíamos preguntarnos ¿Qué tan cierto es la distopía comunista que venden los medios rivales a China? O ¿Qué tan legítima es la información que proporciona un Estado que censura y elimina las críticas del oficialismo y crea contenido ideológico “positivo” para sus ciudadanos?

Al analizar China, hemos de reconocer, antes que nada, que los preceptos del pensamiento político de una de las civilizaciones más antiguas y exitosas existentes hasta hoy, suele distanciarse de las grandes corrientes democratizadoras del momento. En parte, porque su confianza por un poder centralizado y la cercanía que existe entre sus fuentes de legitimidad (poder y autoridad), suponen una forma de gobierno que cohesiona la conservación del “bien común” como una extensión de la armonía confuciana. Ello, precisa el porqué de que la esfera privada se transforme en pública, no solo en sus expresiones sociales y políticas, sino en la naturalización de una presencia estatal entre sus ciudadanos en el mundo digital, que no dista un tanto de las concepciones occidentales en tanto su consolidación, pues según Arendt (1993) la esfera pública implica verse y oírse en un espacio trascendental e inmortal, que proyecte “lo común” y revele el nexo de reconocimiento del “otrx” en libertad de no-dominación. Y la esfera privada, referida al deleite de la propiedad, la privación de la realidad y el disfrute permanente de la propia vida sin la vigilancia del verse y oírse por el “otrx”, es la que conserva el grueso de existencia en las actividades mundanas.

Es pues, que estas concepciones “duales” sobre las esferas de socialización, revelan de alguna u otra manera, que el verse y oírse resulta fundamental para considerar la relativa estabilidad en el sistema. He ahí, el grueso y funcionalidad de uno que permita consolidar aún más el poder del Estado y extender, por consiguiente, la seguridad y estabilidad que proyecta el régimen en toda la atmósfera de la sociedad. Creando así, un entorno en el tratamiento de datos (muy íntimos) de los ciudadanos, que trasciende a herramientas como el reconocimiento facial y la geolocalización, hasta la censura, la limpieza de datos y la medición individual artificial, para premiar a los dignos y “castigar” a los desobedientes.

El costo de traicionar la confianza social

Si bien ya se venía ideando desde hace más de una década, el Sistema de Crédito Social (SCS) despegó en 2014 en algunas provincias como Rongcheng, Shanghái, Zhengzhou y Wuhan, cada una adaptando su propia versión del modelo de puntuación social. Por ejemplo, de las 43 ciudades donde fue implementado, en Rongcheng (2018) se desarrolló el proyecto piloto más grande y ambicioso de esta índole. Más de 740.000 residentes, recibieron una asignación de 1000 puntos con una base modificable que va desde A+++ hasta D-, donde básicamente su calificación subía o bajaba en función de su comportamiento cívico y moral en la sociedad.

Acciones como donar sangre, realizar actos heroicos públicos, halagar y exaltar al partido en redes sociales o hasta ayudar a un familiar en situaciones inusuales podía y puede ser recompensado, subiendo de nivel y otorgándole diversos beneficios (descuentos en transporte público, prioridad en admisiones de escuelas o empleos, menor tiempo de espera en hospitales, gimnasios gratuitos, extender plazos de impuestos u otros). Sin embargo, infracciones como conducir bajo los efectos del alcohol, publicar “rumores” o propaganda antisistema y pertenecer a un grupo que el Estado y el Partido Comunista Chino (PCC) considere como culto, puede acarrear public shaming (en español, vergüenza pública) en salas de cine y calles concurridas, restricciones para movilizarte en tren y/o avión, negarle la oportunidad a tu hijx a ser admitido en una escuela privada, impedirte la reserva de unas vacaciones a tu destino deseado o hasta interrumpir la velocidad habitual de tu internet.

Y que, a día de hoy, se mantienen vigentes y han sido muy eficientes para el manejo y tratamiento de la crisis, producto del SARS- coV-2 castigando a aquellos que incumplen la cuarentena, bajando puntuaciones de los miembros de familias que salgan más de una vez cada tercer día y recompensando a todos aquellos que apliquen la vigilancia vecinal para monitorear las medidas sanitarias en los complejos residenciales.

Y es que a pesar, de este terrorífico, para muchos, o peculiar, para otros, panorama, que suponen estas diversas prácticas de disciplinamiento, se desconocen muchos detalles hasta la fecha del funcionamiento y alcances de este sistema, debido que: 1) su evaluación cívico-moral está y estará mediada por lo que el Estado y las instituciones chinas y lo que consideren como un acto lascivo hacia la sociedad, 2) hasta ahora la normativa se adapta por autoridades provinciales y municipales, con la previa autorización del poder central y 3) porque en ocasiones, los medios sensacionalistas y la propia población, han confundido el incipiente SCS con el consolidado Zhima Credit System (ZCS) o más conocido como Crédito Sésamo u otros sistemas de castigo financiero, señala Mareike Ohlberg, investigadora asociada del Mercator Institute for China Studies.

El poco conocido ZCS, suele ser un mecanismo privado de calificación crediticia creado por Ant Financial Services Group (AFSG) y asociado al gigante que desplazó años luz a Amazon, Alibaba. Está encargado de monitorear y registrar los pagos electrónicos y conectar tu información de compras, viajes, libros, potenciales parejas, etc, y redireccionar con aplicaciones amigas como WeChat, Weibo, Baidu y AliExpress (que en sus versiones occidentales muy limitadas equivalen a Facebook, WhatsApp, Twitter y Tinder), para recopilar información maestra y premiar tu comportamiento, o incluso complementar tu información crediticia y cívica con otras agencias estatales y otras corporaciones empresariales para castigarte en las “listas rojas” y “listas negras”, con restricciones dominó e impedir acceder a servicios de transporte y salud, obstruir tu gasto en medicamentos, alimentos y otros “lujos” o hasta obstaculizar la adopción de una mascota.

De esta forma el Zisma Credit y su abismal similitud con el SCS, ha llevado a asimilarlas como iguales, lo cierto es que el primero ha sido una herramienta más o menos cohesionada a nivel nacional y muy querida y “justa” por la mayoría de ciudadanos chinos que tienen la posibilidad de contraer y pagar deudas; y la segunda, un sistema inacabado y proyectado como un conjunto articulado e integrado de todas las bases de datos gubernamentales y no gubernamentales. Es decir, lo que vemos hasta ahora no es el resultado final y mucho menos el producto de una política centralizada. Sin embargo, hemos de decir que solo tenemos la certeza de que dichos sistemas son solo, como dijo bien Bradbu en Fahrenheit 451, un pequeño brinco, para un gran salto.

Si bien estos sistemas y sus múltiples plataformas de datos existentes creadas por corporaciones privadas y agencias estatales, han creado un sin fin de entidades administrativas, que China no reconoce como vigilancia e instrumentalización del sujeto y su ejercicio corpóreo. La ciudadanía considera que es una estrategia brillante y poco invasiva, debido a que se prevé como una acción equilibrada, pues las políticas que son promovidas en virtud del sacrificio individual, la protección del orden y la conservación del desarrollo económico del país, son más que adecuadas.

Lo problemático aquí, es que los sectores empobrecidos y minoritarios de la población LGBTIQ, activistas feministas, antisistema y periodistas, se sienten amenazados por el SCS y los castigos que puede provocar una mala acción o decisión, por su fuerte convicción de cuestionar el régimen y luchar por la soberanía individual, o simplemente, por la expresión de preferencias sexuales y/o manifestaciones en defensa de la justicia social. Y temen, que lo que considera el partido como propaganda disconforme al orden político comunista, puede devenir a largo plazo en un control que sobrepase la política de censura de Xi Jinping y sus “tres noes” no aprobar, no desaprobar y no promover, llegando a instancias más duras, severas o perversas (prohibiciones y restricciones virtuales, corpóreas y/o torturas) para sectores y ciudadanos que traicionan la confianza social o considerados en la sociedad como “anormales”.

Solo resta esperar, que la profecía vaticinada hace más de 60 años por Orwell, de un Estado capaz de tergiversar los hechos para preservar el bien común de los ciudadanos y el partido e idóneo para monopolizar y orientar ideológicamente los medios de comunicación y la opinión pública, o lo suficientemente hábil, para restringir el acceso a todo lo que se le considera como una anomalía en el sistema, no se haga realidad después de este convulsionado y controvertido año. Y resta decir, que estos mecanismos de control, no solo implementados en China, sino prácticamente todos los Estados existentes, con programas no tan distantes y justificaciones políticamente correctas- son los que han permitido una función dualista tanto en el ecosistema cibernético como físico; donde, por un lado, se busca disciplinar las conductas del cuerpo e imponer una relación en que los que el ciudadano sea útil para producir y dócil para consumir. Y por el otro, perfeccionar un ejercicio panóptico del poder, para normalizar el verse y sentirse vigilado, por una entidad policial del Estado y controlarse por extensión, a sí mismo.