—¿De qué se trata esa encuesta?— preguntó don Saul y siguió conversando sin esperar la respuesta de Lucia. —Aquí han venido muchas organizaciones, ya nos tienen cansados con eso de no cortar. Vienen le hacen a uno encuestas, le dicen que siembre unos palos allá, venga firme aquí para ellos legalizar allá, y se van—. El hombre de unos 64 años continuó: —Y, el gobierno dio tres ayudas de ese programa familias guardabosques, pero nos habían dicho que era un programa para tres años. Después, pasa la avioneta y asperjan, acaban con todo, ¡el pachaco se muere solo con el olor a glifosato! Eso es lo peor para el medio ambiente y para nosotros. Dijo con la mirada puesta en lo que parecía ser el patio trasero de su casa. Mientras tanto, Lucia sentada al lado izquierdo de don Saul, escuchaba con especial atención y mantenía su objetivo: conseguir el consentimiento de Saul para iniciar la encuesta.

—Toda esa plata que se gastan debería llegar en ayudas, para uno tener una producción sostenible, replicó Saul. —Porque uno oye que hay mucha plata para estas zonas. Pero aquí, a los pequeños productores del Guaviare, nos llegan las migajas. Por eso en muchas veredas, están volviendo a sembrar. Porque con cinco hectáreas de coca viviríamos bien.

La poca confianza reflejada en la mirada de don Saul parecía difícil de desmontar. En todo caso, Lucia aprovechó el silencio y le dijo: —Nosotros con estas encuestas estamos apoyando una investigación académica que considera relevante conocer de primera mano la realidad de los pequeños productores de esta zona del Guaviare, y de otros municipios del país que también, se supone, son prioridad en el marco del posconflicto. —Porque, además, no es un secreto que hubo coca en estas fincas, ahora ustedes están cambiando sus prácticas y necesitan proyectos para consolidar una economía sólida y sostenible.— le dijo Lucia.

Don Saul parecía estar más cómodo ahora, así que consintió responder la encuesta e invitó a Lucia a hacer un recorrido por la finca. Lucia finalizó las preguntas, se despidió de don Saul y se dispuso para regresar a San José del Guaviare, acompañada de Antonio, un guaviarense trabajador y de apariencia joven. Él la transportaba por las veredas en una moto de enduro. Durante el recorrido era difícil conversar, sin embargo, al pasar frente a una enorme finca, Antonio disminuyó la velocidad y comentó señalando el horizonte: —Allá operaba el frente primero de las FARC, y cuando yo era pequeño tenía que hacer este recorrido todos los días para ir al colegio y regresar a mi casa en San José. Al principio iba en ruta y casi todos los días había muertos a cada lado de la carretera o, a veces, había retenes. Después mi mamá nos compró una moto y yo llevé a mi hermana al colegio, era horrible. Ese olor… En uno de esos retenes vi como un paramilitar se acercó a una camioneta, conversó unos minutos con el conductor y luego le disparó—. ¿Las cosas han mejorado? ¿Cierto?, preguntó Lucia. —Pues ese PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria) no funciona. Hay veredas donde la gente todavía compra el mercado con coca, la mayoría de las tiendas tienen una gramera. Pero desde la firma del Acuerdo hay menos violencia y las vías que conectan algunas veredas con San José están en mejor estado—, respondió Antonio con cierto entusiasmo y aceleró hasta llegar a un broche. Se detuvo allí para entrar a la siguiente finca, y para tomar unas fotos de las sábanas y las praderas que se mezclan con los morichales y los bosques.

Antonio y Lucia se dirigieron hacia la casa donde se encontraban tres hombres sentados en la sala y dos mujeres acomodando la leña en la cocina. Allí Antonio preguntó por doña Alicia. La señora salió de la cocina con timidez y se dirigió hacia el lado derecho de uno de los hombres, le preguntó a Lucia: —¿Le puede hacer la entrevista a él?, es mi esposo. —Sí, está bien— afirmó Lucia y se dispuso a leer el consentimiento informado. Al finalizar, el esposo de doña Alicia respondió: —¡No!, yo no quiero nada de eso, porque aquí vienen de todos lados: la vez pasada vinieron a decir que teníamos que poner unos palos por allá, y ¡por mí seguiría sembrando coca, la verdad!—.

Es así que el Guaviare ha tenido muchas dificultades para consolidar una economía lícita y sostenible. Algunos estudios aseguran que hay tres factores asociados a dicha situación en este departamento: primero, el carácter cíclico de la economía extractiva de recursos y el auge y declive de las economías ilícitas; segundo, la presencia de diversos actores con control territorial que obligaron a replantear dinámicas de poblamiento (incluidos los promotores del proselitismo religioso y la esclavitud en el auge cauchero); tercero, el tipo de respuesta estatal.

Las actividades extractivas de caucho en el Guaviare se originaron en los primeros años del siglo XX y en la década del cuarenta. Las pieles en los años cincuenta y setenta del siglo XXI. Hubo tres bonanzas de caucho y una de pieles. Sin embargo, el auge de la extracción del caucho duró poco y no dejó mayor desarrollo de infraestructura en la región. El boom cauchero generó caseríos que funcionaban como lugares para almacenar caucho. Pero, finalmente, desde 1933 hasta 1940 la región estuvo sumida en la depresión económica. Solo se reactivó con la extracción de caucho impulsada por la demanda que generó la segunda guerra mundial. Pero al finalizar la guerra, el Guaviare una vez más quedó sumido en un periodo de crisis.

En los años 50 el país atravesó uno de los periodos más críticos en materia de violencia, que generó desplazamientos internos de campesinos que buscaban tierras para trabajar y refugiarse de la persecución política. Muchos de ellos llegaron al Guaviare, tuvieron un gran volumen de productos tradicionales como arroz y maíz, pero no existía la capacidad para sacar los productos del departamento. Los campesinos de esa época vivieron una gran pérdida y abandono de cosechas debido a una nula integración de la producción regional con el mercado nacional. Esta fue la perfecta antesala para la introducción de cultivos ilícitos a mediados de la década de los setenta.

La producción agroalimentaria dejó de ser prioridad. Talaron grandes extensiones para sembrar cannabis y hubo bonanza, pero el excedente de la producción ilícita no se quedó en la región. Así pues, al finalizar la bonanza, los campesinos con grandes deudas tuvieron que entregar sus fincas a los narcotraficantes como forma de pago. La tierra se concentró en latifundistas y las relaciones de producción se transformaron, dejando preparado el escenario para la producción de coca que inició en 1978.

La extensión de los cultivos ilícitos se expandió rápidamente, rompiendo el monopolio en la producción, elaboración y transporte: la guerrilla se involucró, e impuso ciertas medidas como prohibir el monocultivo de coca para garantizar el abastecimiento de alimentos en las recónditas selvas del Orinoco. La participación de la guerrilla provocó la arremetida de los paramilitares, quienes hacia 1997 ingresaron por Mapiripán y se movilizaron hacia el Guaviare con el objetivo de tomar el control de las áreas rurales que se encontraban a orillas del río Guaviare e Inírida, zonas estratégicas para cultivar, procesar y exportar cocaína. A su paso cometieron masacres y dejaron la cifra más alta en desapariciones forzadas en el Guaviare, sumado a las muertes que dejaban las afrentas entre guerrilleros y paras.

En cuanto a las respuestas del Estado ante las dinámicas del departamento, se encuentra una constante, esta es mencionada en la investigación realizada por el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI: “Guaviare población y territorio”, según la cual: en 1968 el gobierno nacional desarrolló en el departamento del Guaviare un proyecto de colonización dirigida. Éste fue llevado a cabo en el municipio El retorno, anteriormente llamado Caño grande, que fue dispuesto para migrantes rurales que buscaban una posibilidad para regresar al campo. Se trataba de campesinos, en su mayoría pobres, que habían sido desplazados. Este proyecto de colonización solo favoreció el poblamiento y nunca tuvo un plan para estimular la producción. Lo cual resulta muy similar a algunos programas de restitución de tierras y sustitución de cultivos. Como los mencionados por algunos beneficiarios como poco efectivos en Colombia: el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS), que inició en 2017, y el Programa de Desarrollo Alternativo Familias Guardabosques (PFGB), de 2003.

El Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS) enfocado en vincular familias que asumieron el compromiso de abandonar cualquier actividad relacionada con la siembra y comercialización de cualquier materia prima destinada actividades ilícitas. El Programa de Desarrollo Alternativo Familias Guardabosques (PFGB) buscaba incentivar comunidades ubicadas en áreas amenazadas o en riesgo de tener cultivos ilícitos, brindando una alternativa legal de ingresos para poner en marcha actividades productivas legales y amigables con el medio ambiente.

Antes de estos programas, en 1984, en el gobierno de Belisario Betancur, aplicaron la fumigación área de manera oficial y el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) fue reglamentado por el Consejo Nacional de Estupefacientes en 1994. En 1996, se creó el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), que recogía los esfuerzos realizados por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID - UNDCP) en el Guaviare, Caquetá y Putumayo. Inició en 1990 y finalizó en 2005, pero la capacidad de gestión fue insuficiente para lograr un buen cubrimiento de todas las zonas con coca. En concordancia con el proceso entre 2001 y 2003 operó Campo en Acción, financiado por el Fondo de Inversiones para la Paz (FIP), cuyo objetivo era desarrollar proyectos productivos de desarrollo alternativo con vocación agropecuaria, acuícola y ambiental. Más adelante se implementó Familias Guardabosques, PNIS y de nuevo aspersión.

Entonces, tomando en cuenta la versión de los productores contrastada con los objetivos de los programas se puede evidenciar que la lucha en realidad ha sido “contra las drogas”, y los pequeños productores reclaman que ya es el momento de enfocar los esfuerzos en el desarrollo alternativo con vocación agropecuaria, acuícola y ambiental. Y que el discurso de algunas entidades ambientalistas (sistema silvopastoril, cero deforestaciones, fincas de ecoturismo) poco coincide con la dinámica del territorio y continúa aplazando la respuesta al gran interrogante de los campesinos: – ya no podemos sembrar coca, el plátano se pierde, la ganadería es un negocio muy costoso y no tenemos los recursos para transformar nuestras fincas para el ecoturismo, ¿de qué vamos a vivir?