La pandemia, producto del COVID-19, ha tenido un efecto en todos los ámbitos políticos, sociales, económicos e incluso, culturales, en países de todas las latitudes. A principios de septiembre, el COVID-19 había infectado a más de 30 millones de personas y había producido la muerte de más de 950 mil. Posibles recesiones, contracciones en el PIB de los Estados, una monopolización de la agenda pública del virus, entre otros de los efectos que ha producido la “nueva realidad” a la que nos enfrentamos. En este texto busco analizar la relación que ha tenido la pandemia con el fenómeno del crimen organizado, cuáles han sido sus efectos en las economías criminales, cómo estas se han visto afectadas y han replanteado sus acciones y estrategias.

Las cuarentenas decretadas en la mayoría de los países ha hecho explícito e, incluso, acentuado múltiples problemas en las sociedades como la violencia contra las mujeres, la desigualdad, los endebles sistemas de salud, entre otros. El crimen organizado, como fenómeno político y económico, que reproduce otro tanto de problemas públicos, no ha sido la excepción.

Impactos iniciales y ventanas de oportunidad:

En la gran mayoría de los países, el impacto inicial de las medidas de cuarentena, en materia criminal, fue una reducción drástica en casi todos los delitos. Por ejemplo, en Italia, en el mes de marzo, hubo una reducción en los crímenes reportados en un 64%. Cuando los contagiados y la cifra de muertos en el mes de marzo empezaron a aumentar hubo una disminución del 20% en las actividades criminales en Reino Unido, Alemania y Francia. Para marzo, en Guatemala y El Salvador se redujeron entre un 10 y un 17 por ciento las denuncias por extorsión, comparado con el mismo mes del año pasado. En Honduras fue de un 80%.

El segundo impacto de la pandemia fue una suerte de pánico que irrumpió la normalidad de los negocios que cuentan con lógicas y desarrollos altamente organizados, lo que representó un escenario de inestabilidad y, por ende, una disminución en la producción de bienes y servicios ilegales.

En Afganistán las cosechas de opio (para la producción de heroína), la importación de precursores químicos en Perú, la gasolina (elemento indispensable en el procesamiento de cocaína), debido al aumento en los controles de la frontera con Venezuela, sufrió una disminución en su tráfico ilegal hacia Colombia, así como las plantas farmacéuticas en China (que fabrican precursores que son usados en la producción de metanfetaminas) tuvieron una afectación significativa.

Las consecuencias de la cuarentena, en un primer momento, produjeron varios efectos: (i) frenó o disminuyó la producción de cultivo y pasta de coca, (ii) las restricciones de movilidad trajeron consigo un cierre de rutas de tránsito, así como puntos de exportación que dificulta el envío y acopio de sustancias ilícitas y (iii) un aumento en el riesgo para los vendedores de drogas en la calle debido a la concentración de la fuerza pública en el cumplimiento de los toques de queda.

Ventanas de oportunidad:

Las medidas de cierre de fronteras y confinamientos obligatorios han afectado a las redes criminales, pero existe evidencia de la adaptación de los grupos transnacionales criminales, tanto en los negocios tradicionales, como en el fortalecimiento de otros de menor relevancia en el pasado, aprovechando la coyuntura actual.

Desde principios de mayo, mandatarios como Jair Bolsonaro, Donald Trump o Nayib Bukele, en múltiples alocuciones, promovieron la hidroxicloroquina como una droga eficaz en la lucha contra el coronavirus. Aunque no hay estudios contundentes sobre la efectividad del medicamento, después de los anuncios de Bolsonaro en Brasil, se inició un tráfico de la droga para ser comercializada de manera ilegal. Interpol, en un informe de marzo, señaló como el contrabando de la hidroxicloroquina aumentó en un 100% en todo el mundo. Lo que evidencia cómo el crimen organizado explota los anuncios de los gobiernos y la desesperación de las poblaciones producto de la zozobra actual.

Por otro lado, según un reporte del GI-TOC, el sistema de salud en Estados Unidos ha sido un objetivo tradicional de los grupos criminales. Cerca del 10% de los recursos destinados a la salud es robado cada año. Con un aumento en el rubro de salud se crea un escenario perfecto para que la corrupción se dispare y la porción de dineros públicos que van a parar a redes criminales sea mayor. En México, por ejemplo, donde 6 de cada 10 productos médicos son falsificados, están expirados o son robados, el Cartel Jalisco Nueva Generación ha empezado a promover la venta de drogas "piratas", forzando a pequeñas y medianas farmacéuticas a comprarlas.

Otra ventana de oportunidad se presenta en las organizaciones criminales argentinas. Entre abril y mayo, en Argentina hubo escasez de cigarrillos debido a las limitaciones que tuvieron las plantas tabacaleras cuando inició la cuarentena. La Naval Argentina ha señalado un aumento en la incautación de cigarrillos de contrabando provenientes de Paraguay. Tenderos locales buscaron suplir la demanda con la nueva oferta que ofrecían los contrabandistas. Un negocio redondo para redes criminales porque reduce los riesgos y deviene significativas ganancias. Las penas por el tráfico de cigarrillos son mucho menores que las que se imponen por tráfico de drogas ilícitas. Aunque el tráfico de cigarrillos ha sido permanente en Argentina, a partir de la cuarentena aumentó significativamente.

Por otro lado, el confinamiento global ha obligado a la mayoría de las transacciones cotidianas a desplazarse a internet, lo que hace más atractivo un sector criminal que, desde años atrás, viene en aumento: los cibercrímenes. Los conocidos correos electrónicos con enlaces fraudulentos que buscan que el destinatario entregue información personal y bancaria, utilizada por los criminales para operaciones fraudulentas, viene en aumento desde la imposición de las cuarentenas en distintos países. Las personas en situaciones de crisis como la actual, son más vulnerables, lo que reduce los niveles de atención y alarma. Además, por el aumento del consumo de internet se aumenta las potenciales víctimas de este delito. En países como Estados Unidos, Nigeria o Uzbekistán, las autoridades han detectado un aumento en las denuncias contra los cibercrímenes.

Así, el COVID-19 crea una escenario donde múltiples bienes (legales o ilegales) necesitan ser suplidos con urgencia. La escasez, los sobrecostos, la imposibilidad de comprarlos físicamente, abre un escenario ideal para los mercados negros, mercados que podría usufructuar el crimen organizado.

Aunque las medidas de confinamiento golpean directamente a algunos sectores y actores criminales, por ejemplo, a los microexpendedores, también focaliza la energía de la fuerza pública en la ciudadanía. La policía está más concentrada en hacer cumplir las medidas de restricción de movilidad y cuenta con menos tiempo para la vigilancia de las actividades criminales.

Por otro lado, la pandemia puede hacer más explícito los problemas de corrupción en los países y la debilidad de sus aparatos institucionales. Debido a la emergencia, los gobiernos necesitan regular y controlar la movilidad y los nuevos hábitos de la población. Como el Estado muchas veces no es autoridad monopólica en múltiples territorios, debe entablar negociaciones con quien sí gobierna y tiene control. Lo que avizora un panorama favorable para los grupos criminales: un aumento en su legitimidad criminal, que se reviste en su poder político (con base en su fuerza violenta y su músculo financiero), pero también por la tolerancia implícita que muestran los gobiernos. Algo que sería gravísimo en términos de percepción ciudadana frente al Estado, que pretende ser la institución que regula la vida social. Este escenario puede acentuar mucho más esta debilidad estatal en el inconsciente colectivo de las comunidades donde los grupos criminales hacen presencia o tienen un control efectivo en áreas de un territorio determinado.

Si el COVID-19 tiene un impacto prolongado, las consecuencias pueden presentarse en tres áreas: (I) mayores tasas de desempleo y, por ende, una mayor probabilidad de reclutamiento criminal, (II) Los gobiernos para mitigar la crisis actual están fortaleciendo las inversiones en múltiples sectores, lo que permitiría al crimen organizado una cooptación más significativa del presupuesto público, aumentando sus ganancias y (III) una disminución de las ganancias por parte de las empresas legales, su crisis o bancarrota, permitiría al crimen organizado cooptar estos negocios y utilizarlos para el lavado de activos.

Sin embargo, frente al grueso de los datos que aparecen en prensa, aunque la violencia se ha reducido, en algunas áreas sí ha habido una tendencia, tanto al aumento, como a la continuidad de las dinámicas violentas pre-cuarentena. Las medidas de confinamiento, parece, no afectan los territorios donde hay rivalidades activas entre grupos criminales por el control de los territorios y las economías criminales (turf wars). Donde hay un relativo control por parte de un actor armado, las tasas de violencia sí se reducen. Las dinámicas de la violencia, en algunas áreas del país se mantienen relativamente igual. En las áreas urbanas es donde el cambio ha sido más notorio, principalmente en crímenes menores (petty crimes). Y esto es lo que están observando la mayoría de los analistas, centrados en lo urbano. No obstante, países como Colombia, en sus extensas áreas rurales, con lógicas diferentes a las que se presentan en las ciudades, el impacto del COVID-19 ha sido menor. Por ejemplo, repertorios de violencia como el desplazamiento, el asesinato selectivo (principalmente contra líderes sociales) o las amenazas, no tuvieron una reducción desde el inicio de la cuarentena. Incluso, acciones como la erradicación forzada, y las tensiones con las comunidades que produce, han aumentado en comparación con los primeros seis meses del año pasado

Adaptación:

Así como la pandemia ha obligado a las empresas legales a reajustar la forma como hacen llegar a los clientes sus productos, igualmente las empresas criminales han abordado o reforzado nuevas métodos de entrega. Entre algunas de estas modalidades están:

• Que el cliente sea el que vaya: Tradicionalmente son los expendedores quienes se desplazan hasta el consumidor, pero debido a las restricciones en movilidad y el aumento en el riesgo de que un vendedor esté en las calles (pueden multarlo por violar la cuarentena, pero después ser acusado por porte y comercialización de sustancias alucinógenas, como se ha visto en Argentina o Colombia), los consumidores deben desplazarse hasta los domicilios de los expendedores.
• Utilizar empresas repartidoras de víveres y medicinas: Empresas como Rappi, Domicilios.com, o Glovo están siendo utilizadas por narcotraficantes para asegurar el acopio de su mercancía. La libre circulación de los domiciliarios ha permitido la desviación de la atención de la policía, lo que asegura la entrega de la droga a los consumidores, reduciendo el riesgo, tanto de vendedores callejeros, como de los oferentes.
• Narcoambulancias: Esta modalidad de transporte de drogas ilícitas era conocida de tiempo atrás debido a la baja probabilidad que tienen estos vehículos para ser detenidos en las vías públicas, los narcotraficantes acentuaron aún más esta modalidad, en países como Colombia o Argentina, desde el inicio de las cuarentenas.
• Nuevas tecnologías: Aunque el microtráfico ya estaba familiarizado con el uso de redes sociales, desde la cuarentena ha habido una expansión en el uso de redes como WhatsApp para ofrecer sus productos y concretar el negocio. También se utilizan otras redes de mensajería instantánea, con mayor seguridad, como Telegram o Grindr.

Según un reporte del Organized Crime and Corruption Reporting Project, el narcotráfico es uno de los negocios ilegales que mejor se ha adaptado a la nueva realidad. Muchos narcos previniendo los cambios guardaron ingentes cantidades de cocaína antes del inicio de las medidas de aislamiento, lo que les permite mantener un flujo de envío constante de droga hacia Europa y Estados Unidos. Además, el precio en las calles ha aumentado, lo que les permite compensar los riesgos y potenciales aumentos en los costos de movilización. No obstante, muchos grupos criminales, como el Clan del Golfo, tenían caletas antes de la cuarentena. Como hay un desfase entre lo que se produce, lo que se demanda y lo que puede enviarse (para no llamar el foco de atención de las autoridades), los narcotraficantes suelen “encaletar” la droga como reservas en un caso eventual, lo que les ha permitido suplir la demanda de los consumidores extranjeros, así como paliar las limitaciones que impusieron las medidas de restricción de movilidad.

El Clan del Golfo tiene guardadas entre 45 y 50 toneladas de cocaína, lo que significa cerca de dos meses de exportación de manera ininterrumpida. Además, se están valiendo de fincas más pequeñas y apartadas, que están aún más lejos del control de las autoridades.

Otro cambio ha sido las rutas para el envío de la mercancía. Los narcotraficantes, tradicionalmente, usaban rutas directas, por medio de lanchas rápidas (go-fast) para llegar a Estados Unidos. Sin embargo, debido al aumento en los controles han optado por rutas antiguas, más extensas, divididas en varias etapas. Aunque es más lenta la entrega, aún la asegura. Las rutas a Europa han sido menos afectadas: la droga es transportada en buques o containers, camuflada en alimentos. En las cuarentenas, los alimentos tienen pocas restricciones de movilización (por ser primera necesidad), por lo que el flujo se mantiene relativamente constante.

Los carteles mexicanos, por su parte, encargados de entrar la droga a Estados Unidos han modificado su accionar. Pasaron de enviar cargamentos pequeños, pero constantes, a unos más grandes, pero más esporádicos. Aunque se envía un porcentaje menor de droga, la reducción no es tan drástica, lo que en últimas compensa el tiempo entre cada cargamento.

Gobernanza criminal:

La pandemia ha hecho explícito el poder político que tienen los grupos criminales en los territorios donde ejercen control o hacen presencia. La mayoría de estos grupos, en últimas, buscan desafiar la autoridad estatal buscando establecer una regulación social que los favorezca. Aunque pudieran ver mermados sus ingresos debido a la pandemia, una mayor legitimidad social tiene beneficios a largo plazo.

Por ejemplo, en varias favelas de Río de Janeiro el Primer Comando da Capital (PCC), el grupo criminal más importante en Brasil, ha entregado mercados, equipamiento para protección personal y ha ejercido el rol de vigilante de las medidas de confinamiento, haciendo recorridos por las favelas asegurando que las personas no violen la cuarentena. También ha prohibido el ingreso de personas que no viven en la favela, buscando que el contagio no aumente.

Algo parecido sucede en las comunas de Medellín, donde los combos (subcontratados por organizaciones criminales más poderosas, como el Clan del Golfo o la Oficina del Valle de Aburrá, antigua Oficina de Envigado) han entregado mercados a las comunidades, lo que es percibido como un alivio para los pobladores de comunas como la número 1, 2, 8 y 12. Las medidas de confinamiento han supuesto una reducción drástica de los ingresos de poblaciones enteras que viven, en su mayoría, de labores en la economía informal. Poco importa si el mercado lo entrega la Alcaldía o un grupo criminal. En Centroamérica las Maras, en Japón la Yakuza, en México los carteles, han seguido este patrón.

Los retos del Estado frente al crimen organizado:

La capacidad institucional que detenta el Estado es un debate de larga data dentro de las distintas ciencias sociales. La capacidad del Estado, según el sociólogo Michael Mann, se divide en el poder infraestructural y el poder despótico. El primero hace referencia a la posibilidad que tienen las agencias estatales de entrar en los territorios, en las comunidades (por medio de programas o subsidios). El poder despótico es la capacidad de un Estado de hacer cumplir, efectivamente, sus órdenes (hacer pagar un impuesto, por ejemplo). La pandemia, y el efecto que produjo en las lógicas internas del crimen organizado, ha develado las precariedades de muchos de los Estados en su poder infraestructural y despótico. El principal reto que enfrentan los países donde hay una fuerte presencia de organizaciones asociadas al crimen organizado es, precisamente, el fortalecimiento de sus capacidades en un ambiente hostil y sin precedentes mientras busca detener el influjo de la ilegalidad en los territorios donde busca hacer presencia.

Por esta razón, la emergencia del COVID-19 ha dejado aún más claro la competencia que existe entre los gobiernos y el crimen organizado por la construcción estatal y el apoyo de las comunidades, que solo puede ganarse si el Estado se convierte en un mejor proveedor de seguridad, justicia y tributación (las capacidades duras de un gobierno) en los territorios ampliamente permeados por el control de los distintos grupos criminales.

Por otro lado, señala Felbab-Brown, la pandemia fue producto de la caza y comercialización ilegal de animales silvestres. Es momento de poner en primer orden fenómenos criminales como la deforestación y la caza furtiva que en países como los del cono sur ha sido una constante fuente de recursos de los grupos criminales, además del claro impacto y desequilibrio ambiental que producen en los ecosistemas.

Por último, como afirma, Ariel Ávila la pandemia ha develado la crisis penitenciaria que existe en el país. Las cárceles se convirtieron en un foco de contagio del COVID-19 debido a las preocupantes tasas de hacinamiento que se presentan en casi todos los centros penitenciarios del país. Un reto fundamental para los Estados pasa por un rediseño estructural de sus sistemas carcelarios que propenda a una resocialización de los reos en un ambiente con unas condiciones de vida dignas.