El crimen organizado, y la violencia que produce, se ha tornado en uno de los principales problemas públicos en Latinoamérica. Desde finales de los 80's e inicios de la década de los 90's, en el grueso de los países de la región, las pandillas juveniles, milicias, carteles y bandas dedicadas al narcotráfico se convirtieron en una seria amenaza al establecimiento y éxito de la transición política de regímenes autoritarios a unos democráticos, experimentada en países como Argentina, Perú, México o El Salvador. Una de las características que, poco a poco, logró consolidarse en la región es la existencia entre regímenes democráticos y altas tasas de violencia.

Latinoamérica es la región más insegura del mundo. Según datos del Banco Mundial, mientras la tasa mundial de homicidios por cada 100 mil habitantes ha oscilado, en los últimos 10 años, entre 5 y 6, en Latinoamérica es de más de 20. En la región se encuentran 8 de los 10 países más peligrosos e igualmente 8 de las 10 ciudades con la mayor tasa de homicidios en el mundo. Sumado al papel preponderante en el comercio mundial de drogas. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito casi el 100% de la cocaína se produce en Suramérica (el 70% en Colombia) y la demanda por sustancias alucinógenas como la marihuana, la heroína y la misma cocaína ha venido aumentando en los últimos años.

A pesar de este crudo panorama, poco se sabe sobre los grupos ilegales que están detrás de los homicidios y de la producción y exportación de drogas a decenas de países en el mundo. A menudo se reduce a los grupos criminales a un puñado de desaforados en búsqueda exclusivamente de ganancias económicas (profit-driven), por lo que una parte importante de la opinión pública, y los hacedores de política, desconoce el papel crucial que juegan, entre otras cosas, en la formación y regulación de órdenes sociales locales en amplios territorios de casi todos los países de la región.

Los criminales también gobiernan. Ya sea de manera preponderante (cuando el Estado es un actor secundario), de manera delegativa o en cooperación con agentes estatales, estos pueden usurpar funciones per se propias de los gobiernos como la provisión de seguridad, la administración de justicia, la resolución de disputas, la extracción de impuestos, así como la provisión de bienes y servicios demandados por la población. Aunque a diferencia, por ejemplo, de las guerrillas, el objetivo principal de los grupos criminales no es precisamente la conquista del poder público, la necesidad casi obligatoria de ejercer cierto control, ya sea en las comunidades o de un territorio (buscando favorecer las economías ilícitas en las que están involucradas), los ha tornado en lo que Hendrik Spruyt denomina competidores de los gobiernos, redefiniendo de esta manera conceptos e instituciones como los regímenes políticos, la organización civil, la legalidad, legitimidad, la democracia y, en últimas, el Estado mismo.

1. ¿Qué es el gobierno criminal? Traer el Estado de vuelta:

El gobierno criminal puede definirse, siguiendo a Benjamin Lessing, como la imposición de reglas o restricciones por parte de un grupo criminal, en la conducta de los habitantes en un territorio determinado. El gobierno criminal está latente en múltiples territorios de múltiples países de la región y del mundo. Pero quién, qué y cómo gobiernan varía según cada territorio. En Sao Paulo, el Primer Comando do Capital (PCC), desde las prisiones del estado federal, posee un cuasi-monopolio de la fuerza (autoriza homicidios, resuelve disputas), pero tiene una presencia territorial ligera. La Policía entra con facilidad en los territorios donde el PCC tiene control (aunque sin renegar la autoridad del grupo criminal). En Medellín, las pandillas proveen, en muchos barrios, múltiples servicios a la comunidad: regulación de los derechos de propiedad, "tributación" a los negocios, servicios y bienes sociales. En Cali, por el contrario, las pandillas están poco interesadas en gobernar a los civiles. En Estados Unidos e Inglaterra el gobierno criminal puede llegar a ser relevante a nivel local si logra no llamar la atención de las autoridades.

Como puede observarse, hay distinciones en la forma cómo los grupos criminales gobiernan en sus territorios; una variación entre los distintos casos. De todos modos, existe un factor común para la mayoría de los casos de gobierno criminal: el monopolio de la fuerza, por parte del Estado, es más bien vacío. Es decir, los grupos criminales logran desafiar efectivamente el poder del gobierno sobre los ciudadanos e imponerse, de manera efectiva como una autoridad más dentro del territorio2. Sin embargo, y esta es otra de las características del gobierno criminal, el Estado está lejos de estar ausente o inexistente: los ciudadanos pagan impuestos, ejercen su derecho al voto, la Policía y el sistema de justicia, aunque con tremendas deficiencias, tienen un rol aún importante en la resolución de conflictos. El Estado tiene la capacidad de luchar contra los grupos criminales, incluso lo hace, pero al mismo tiempo ignora, niega o colabora con estos. Lo que Matías Dewey denomina un orden clandestino. Es decir, el escenario en el cual un Estado “fuerte” reprime efectivamente a la criminalidad, pero subrepticia y paralelamente negocia y coopera con ella; un Estado ambivalente lo llaman Javier Auyero y Katherine Sobering.

Esta relación ambigua entre el Estado y el crimen organizado genera, en la práctica, formas de Estado no-weberianas. No existe, en el menor grado, un intento por el monopolio de la fuerza: las comunidades viven realmente en duopolios de la violencia que pueden ser competitivos o colusivos, según la forma cómo interactúan los dos actores en cuestión. John Rapley, ha denominado a esta situación un regreso a la Edad Media, al existir soberanías que se superponen en un mismo territorio, como hace un par de siglos cuando los nobles ejercían como autoridad principal en sus feudos, compitiendo con el rey, la máxima autoridad. La gobernanza criminal difiere de otro tipo de gobernanzas porque emerge y se desarrolla en territorios donde el Estado tiene presencia. No puede ocurrir por fuera del Estado, en territorios sin gobierno. Emerge, por el contrario, en territorios donde el Estado tiene una presencia relativamente consolidada.

Por otro lado, la Criminal Governance (i) nace del y (ii) se forma del poder del Estado. (i) Nace del, porque el Estado, cumpliendo una de sus funciones principales, al perseguir a los criminales, también los forma. Charles Tilly señala que el Estado funciona como un sistema organizado de extorsión. A partir de su autoridad, denomina que es legal, que es permitido dentro de los ciudadanos que gobierna. La continuidad en la demanda de ciertos bienes y servicios, independientemente de su prohibición, genera un mercado ilegal. El Estado funda su legitimidad, entre otras cosas, al perseguir estos mercados ilegales: al proteger a sus gobernados de las inseguridades. Crea lo criminal, luego lo persigue y para eso exige a sus gobernados unos impuestos y una coacción de sus libertades. Aunque, como señala Kendra Koivu, esta persecución acuciosa de lo criminal también fortalece al Estado, cuando un gobierno decide reprimir incondicionalmente a un grupo criminal, fortalece sus capacidades (principalmente las punitivas). El Estado crea al crimen organizado, el crimen organizado fortalece al Estado.

(ii) Se forma de, porque todas las acciones del Estado tienen efectos importantes en los incentivos de los grupos criminales y su capacidad de proveer un gobierno criminal fuerte o débil, desde funciones “sencillas” como la policing o zoning, hasta aquellas que demandan un aparato mucho más sólido, como políticas de combate a la pobreza o de redistribución de la riqueza, o provisión de bienes y equipamientos en las comunidades.

Por otro lado, la sabiduría convencional considera que la existencia de grupos criminales se da por una mera ausencia del Estado. Para revertir esta terrible situación, el gobierno debe restaurar el orden. Sin embargo, es una visión que, como señala Enrique Desmond Arias, (i) invisibiliza la corrupción de las autoridades. En la práctica, los grupos criminales no pueden funcionar sin la complicidad de los agentes estatales. Los gobiernos criminales se implantan porque benefician el negocio, pero lo que define la supervivencia de un grupo criminal es su relación con el Estado. Si recibe una represión incondicional hay pocas esperanzas de persistir en el tiempo, más si las dos funciones principales de un grupo criminal, siguiendo a De León Beltrán es la expansión del mercado criminal que dominan y asegurar su supervivencia. Por otro lado, (ii) invisibiliza la variedad de governance arrangements que ejercen los grupos criminales. En la práctica, no está en blanco y negro, Donde hay Estado, no hay crimen organizado y al revés.

En definitiva, para entender realmente el gobierno criminal es necesario, como señalan Theda Skocpol y Peter Evans, traer el Estado de vuelta.

2. Las funciones del gobierno criminal:

Los gobiernos criminales se materializan en acciones que tienen un impacto en las interacciones y conductas de sus “gobernados”, a partir del cumplimiento de algunas funciones que expresan su capacidad de regular las economías criminales que se presentan en el territorio, pero también las relaciones interpersonales. Funciones que van desde lo político-electoral, la tributación, la formulación de políticas públicas, la imposición de un tipo de justicia, hasta la aplicación de la ley y su efectivo cumplimiento.

2.1. Electoral:

La violencia criminal3 puede ser ejercida para mantener o construir órdenes políticos en lo local. Pero la violencia aunada con el clientelismo puede utilizarse a nivel local para influir en los resultados electorales. Este proceso es lo que Juan Albarracín denomina criminalized electoral politics. Según Albarracín, este tipo de manifestación del gobierno criminal se describe como:

"Una forma de política electoral que está basada en un vínculo no-programático entre los ciudadanos y los políticos, pero en la cual la relación clientelar está estructurada en el uso de la violencia criminal. La reducción de competencia electoral por medio de la coacción armada limita la posibilidad de los ciudadanos de elegir entre distintas opciones políticas. Los políticos y sus aliados criminales combinan ‘la zanahoria’ de las prácticas clientelistas con ‘el garrote’ de la violencia criminal con el fin de mantener el control político en amplias zonas periféricas”.4

La participación exhaustiva del crimen organizado en las elecciones demuestra la necesidad del Estado para que la mera existencia, supervivencia y expansión, de un grupo criminal se pueda dar. Son precisamente los políticos (representantes del Estado ante la ciudadanía) quienes utilizan la violencia criminal para controlar e imponer órdenes políticos locales. La violencia criminal es otro medio más (como el clientelismo) para influir en la política electoral.

A partir del control territorial y social que ejerce un grupo criminal, y la violencia que puede ejercer, se inhibe la competencia política. Un político que asesina o amedrenta rivales, y se alía con grupos criminales, manda una señal clara: la no cooperación resulta bastante costosa. Miguel García demostró, por ejemplo, que en zonas con un dominio relativo de las FARC, la participación electoral se reducía, mientras que en zonas donde había un control por parte de las AUC, aunque si bien la participación no tenía los mismos niveles en municipios sin grupos armados, tampoco tan baja como en las zonas FARC. Las guerrillas buscaban sabotear el sistema democrático (y el mecanismo electoral por el cual se renueva periódicamente) y las AUC garantizar la victoria de los políticos afines a sus causas y/o intereses.

2.2. Fiscal:

La tributación es una dimensión central en un Estado. Hace las veces del "esqueleto" sobre el cual se cimienta todo el aparato gubernamental. Los gobiernos criminales también logran tener esta dimensión. La tributación se concentra por lo general en los pequeños comerciantes y tenderos, más que en los residentes, principalmente porque los grupos criminales encuentran su principal fuente de ingresos en las distintas transacciones de los mercados ilegales.

La justificación de la existencia de los impuestos, según Margaret Levy, se da, en teoría, porque los impuestos se cobran con el ánimo de financiar de manera sostenida en el tiempo algunos servicios que ofrecen los Estados a sus ciudadanos. Cobrar plata (un coste para los ciudadanos) para recibir algo a cambio (un beneficio como servicios públicos o equipamientos). Los grupos criminales, siguiendo la misma lógica, consideran “pertinente” la tributación al proveer unos servicios de seguridad (labores de vigilancia o control y/o prohibición de petty crimes), pero también servicios con una índole "social", como la recolección de basura, la tala de árboles, actividades recreacionales para la comunidad, alumbrado público, entre otras. Los ciudadanos de territorios bajo alguna forma de gobierno criminal son conscientes de las prácticas abusivas y predatorias de los criminales en el poder (principalmente la extorsión, eufemísticamente denominada como tributación), pero, desde una visión pragmática, percibirán a los criminales como un mal menor si consideran que los crímenes menores se reducen, existen normas y códigos que se cumplen y ofrecen una verdadera protección, que en ocasiones los funcionarios del Estado no logran cumplir de manera efectiva.

2.3 Policing and enforcement:

La imposición de un marco normativo que permita regular las distintas relaciones inter-personales es una condición sine qua non un Estado no puede "funcionar" en un territorio de manera efectiva. La legitimidad de un Estado se funda en su capacidad de administrar las tensiones y conflictos sociales que se logren presentar. Esta precaria vigilancia y aplicación de la norma, según Daniel Pecaut, ha sido una de las causas principales por las que en Colombia haya estallado un conflicto que se mantuvo activo por más de 50 años. La ciudadanía no encontró un actor imparcial ante sus conflictividades, privatizó la violencia para solucionarlas y fundó guerrillas, en un principio, y grupos paramilitares, después.

Los gobiernos criminales también cumplen esta función de "enforcement of law", que puede ir desde la regulación de los derechos de propiedad, la prohibición de violencia doméstica y sexual, la regulación de los homicidios y la violencia interpersonal, el control de movilidad (quien puede entrar y quién no), el control del uso de armas y otras conductas públicas (el tipo de ropa, música, lenguaje, celebraciones son permitidas, etc.).

2.4 Justicia:

La resolución de disputas es uno de los principales atributos de una autoridad, encarnado en un sistema de justicia. Igualmente, un atributo esencial en los gobiernos criminales. La justicia, en este tipo de gobernanzas, puede ser provista a partir de (i) distintas estructuras: por una sola persona (el jefe del grupo criminal) con decisiones arbitrarias, un puñado de personas (los jefes de distintos nodos del grupo) o por asambleas más democráticas (como es el caso del PCC en las favelas de Sao Paulo) que juzgan y castigan, a partir de normas y códigos establecidos de antemano, a quien tiene conductas contrarias a la moralidad pública (violencia intrafamiliar, violaciones, pedofilia), que pueden afectar los intereses del grupo criminal (contacto estrecho con la Policía, hurtos, incumplimiento en los compromisos hechos con el grupo) o que pueden afectar la convivencia social (música a volumen muy alto, escándalos públicos, chismes, etc.).

También puede variar en (ii) el grado que se ejerce: por ejemplo, algunos grupos en Jamaica controlan la mayoría de los asuntos que atañen a una comunidad, desde el funcionamiento de los servicios públicos, los horarios de los comercios y de los habitantes, hasta la música permitida y la vestimenta. O, por el contrario, no establecer una injerencia significativa, como es el caso de la Familia do Norte, en Manaos, Brasil, donde el grupo criminal solo se involucra si el conflicto es realmente grave. En los demás casos permite que la comunidad resuelva sus problemas o que vaya directamente con la Policía.

Además, la justicia puede variar en (iii) el fin que persigue. A veces puede tener una calidad restaurativa, como en Medellín, donde se busca castigar al infractor, ya sea, por ejemplo, devolviendo el bien robado o no entregado, expropiando de algún bien al infractor como una forma de buscar equidad, o una sanción simbólica, para reparar el daño infringido. En otros casos tiene una calidad mucho más punitiva. El PCC permite los castigos y agresiones físicas de la víctima contra el victimario. A veces las sanciones que impone van hasta la muerte.

2.5 Políticas públicas:

Dentro de la Ciencia Política en la región, desde hace más de 30 años, ha habido un álgido debate alrededor del impacto real que tiene la descentralización en el progreso social y en la consolidación del Estado en regiones periféricas de un país. Una primera postura, a favor de un esquema territorial descentralizado, considera que esta aumenta el accountability, fortalece a la ciudadanía y genera una mayor predisposición del sistema político a resolver los problemas desde abajo hacia arriba (top-down). Otra postura, por el contrario, señala que la descentralización aumenta la corrupción al darle mayor autonomía a algunos agentes estatales de bajo rango, aumenta las tensiones sociales y pueden fortalecerse métodos como el clientelismo (y su variante el clientelismo armado) a nivel local.

Algunos autores han señalado cómo la descentralización impacta en las dinámicas criminales. Gustavo Duncan señala cómo los traficantes buscan ejercer poder político y contener al Estado para un óptimo control territorial; Kent Eaton, afirma que la descentralización supone avances en la vida política, pero al mismo tiempo expuso a distintos municipios a los intereses y presiones de los grupos criminales; Sánchez y Palau, demostraron que los municipios colombianos que reciben regalías por hidrocarburos son propensos a ser objetivos de grupos criminales que buscan, como decía Duncan, controlar los gobiernos locales para extraer recursos con la finalidad de desarrollar sus proyectos militares, políticos y económicos; Abello-Cloack hace la misma observación para los municipios en el caso mexicano.

Es decir, los grupos criminales cumplen un rol importante en el policy process. Si la descentralización supuso una mayor injerencia de la ciudadanía en las etapas de una política pública (o programa o proyecto), en su formulación, implementación y evaluación, también les permitió a los criminales un mayor margen de acción a la hora de tratar los asuntos públicos. Además, como afirma Desmond Arias, una mayor injerencia de los grupos criminales rompió el esquema clásico de política de co-producción (el Estado y la ciudadanía construyen conjuntamente las políticas a nivel local)5, sumando un actor más (ilegal, además) a la fórmula de construcción de políticas.

3. Diferencia con los insurgentes:

Para Max Weber el Estado es la principal autoridad en un territorio determinado. Es la fuente primaria de donde emanan las demás autoridades sociales y políticas. La rebel governance (otro tipo de gobernanza) se propone como una competencia en la construcción del Estado. El objetivo principal de las guerrillas, independientemente de su relación con las economías criminales en la que puedan estar involucrados, tiene como objetivo final convertirse en Estado. Se alzan en armas no con un tono reformista (lobby violento denomina Lessing a esta práctica coercitiva) buscando algunos cambios en el orden social y que, una vez cumplidos, entregan las armas. Más bien buscan revertir el statu quo imperante, fundar una nueva autoridad y establecer un nuevo contrato social. Por supuesto, en la práctica, como afirma de manera contraintuitiva Paul Staniland, los insurgentes pueden cooperar y negociar estrechamente con el Estado. Pero esta colaboración se hace de manera instrumental, con un objetivo mucho más amplio que el simple control de unas comunidades y de unos recursos que se hallen en los territorios. En cambio, el gobierno criminal es mucho más sutil. Rara vez existe un control territorial fuerte o rara vez se confronta sostenidamente a las agencias de seguridad estatal o, en últimas, reemplazar explícita y directamente la state governance del todo.

Sin embargo, la principal diferencia entre los gobiernos insurgentes y los criminales es que esta se caracteriza por lo que Karl Polanyi denomina embeddedness: los gobiernos criminales emergen en lugares donde se presenta algún grado de ‘debilidad’ del Estado, pero están rodeados y/o penetrados por el poder del mismo, como los barrios de ingresos bajos o las cárceles. Los criminales, a diferencia de las insurgencias, parecen no tener un contenido político e ideológico. No se fundó, ni busca su supervivencia en la defensa y potencial aplicación de un cúmulo de ideales que, según su percepción, funcionan como una especie de correctivo a los problemas estructurales de la sociedad. Y, en parte, es cierto. Como se mencionó arriba, no buscan ser competencia en la construcción del Estado, en cambio su objetivo central es explotar las economías ilegales. Los grupos criminales, efectivamente, son predadores: controlan un territorio con miras a controlar unas economías ilegales, y algunas legales.

Los grupos criminales rara vez pasan de ser bandidos nómadas a bandidos estacionarios6, siguiendo a Mancur Olson, por lo que rara vez se convierten en formas de gobierno más estables y menos violentas, tornándose en unidades claramente diferenciadas al Estado. Así, el gobierno criminal emerge en los intersticios del Estado, y no tiene la pretensión de modificar significativamente esta posición. Salvo casos extremos, el gobierno criminal no se establece con la intención de convertirse en la autoridad principal en un territorio. La rebel governance ocurre, necesariamente, en medio de guerras civiles o en zonas liberadas, los grupos criminales en cambio, pocas veces establecen un control exclusivo. Incluso dan la bienvenida a servicios del Estado, como la educación o la salud.

El gobierno criminal, a diferencia de otros tipos de gobernanza, no tiene pretensión de construir Estado, no tiene ideologías y no tiene un control territorial hegemónico o exclusivo.

4. La violencia en los gobiernos criminales

El mundo criminal no necesariamente es violento. Algunas negocios, como la prostitución o los juegos de apuesta ilegal son relativamente pacíficos. Otros, en cambio son responsables de una parte importante de la violencia en los países donde hacen fuerte presencia uno o más grupos criminales, como es el caso del narcotráfico. Este suele ser un negocio oligopólico: pocas organizaciones. Y muy pocas con una capacidad militar significativa. Sobrevive aquella con la suficiente capacidad de resistir la persecución de las autoridades, así como de reunir un poder de fuego que funcione como disuasivo contra potenciales rivales.

Sin embargo, la violencia siempre es mala para el negocio. Atrae la atención de las autoridades, rompe equilibrios y pactos ilegales y genera zozobra dentro de las comunidades. Así, pues, la condición de ilegalidad, a diferencia de lo que considera la sabiduría convencional, no es suficiente para que estalle la violencia en los mercados criminales.

Tres variables definen, siguiendo a Beatriz Magaloni y otros, por qué estalla la violencia por parte de los grupos criminales:

(i) el tipo de control en el territorio, si es hegemónico o se encuentra en disputa: en el primer caso, los horizontes de tiempo son más amplios, lo que permite establecer mejores arreglos con los agentes del Estado. Cuando existe una disputa, por el contrario, los horizontes se reducen, lo que mina los incentivos para establecer acuerdos que puedan beneficiar al grupo criminal en el tiempo.

(ii) la relación con el Estado, si es competitiva o cooperativa. Según esta relación, a su vez, existen tres tipos de grupos criminales:

• Aquellos que tienen una estrategia de confrontación: No buscan separarse del Estado, como las guerrillas, pero sí influir en su política represiva. Se puede dar por el quiebre de un pacto anterior, como en México en la administración de Felipe Calderón, o puede ser simplemente una violencia episódica, por venganza, como las pandillas y la Policía Militar en Río de Janeiro. Un ejemplo de este tipo de grupos es el Comando Vermelho (CV), conocido por colocar bombas, quema de buses, pago por asesinar policías y volar edificios de la Policía Militar.
• Los que tienen una estrategia de evasión: Como respuesta a la política represiva, los grupos criminales, por lo general, evaden los crackdowns. Existe una relación estrecha con agentes del Estado, por medio de la corrupción, pero permanecen aislados, como unidades separadas. P. ej. Los Amigos dos Amigos que nació, al igual que el Comando Vermelho, en las cárceles, para minar la hegemonía del CV y controlar el tráfico de drogas en Río. Desde el principio, su fundador Celsinho ha tenido una relación cercana con la policía, buscando mantenerla fuera de los territorios o que sirvan como protectores de la pandilla.
• Y aquellos que tienen una estrategia de integración con el Estado: Una relación por medio de sobornos, como en la estrategia de evasión, pero aquí los grupos criminales se integran dentro de las filas -de manera informal- del Estado. Como, por ejemplo, los paramilitares en Colombia, la Cosa Nostra en Sicilia o la Camorra en Nápoles.

Y (iii) el tipo de relaciones que se entablen con la comunidad: que pueden ser cooperativas (ganar aceptación comunidad) o autoritarias (únicamente establecer formas abusivas de gobernanza). Las pandillas por lo general suelen inclinarse por las vías cooperativas. Para ganar aceptación ofrecen a los residentes: provisión de alimentos, medicina o préstamos. Regulan la sociedad: quien entra o no entra en el territorio. Regulan negocios en los territorios (quién tiene permiso para prestar servicios como el mototaxismo, puestos de ventas ambulantes o de comida).

El nivel de competencia en el mercado ilegal, la relación con el Estado y la manera cómo se involucran en los procesos de la comunidad definen si un territorio, con alguna expresión de gobierno criminal, presentará altas tasas de violencia o, si, por el contrario, tenderá a niveles más bajos, sin que esto signifique una reducción de las actividades ilegales. La presencia "defectuosa" del Estado no genera necesariamente un aumento de la violencia.

5 (y último). ¿Qué hacer entonces?:

Los criminales gobiernan. Regulan y producen códigos en las conductas de la sociedad, muchas veces de manera mucho más efectiva que el Estado mismo. Estas gobernanzas criminales no podrían lograrse sin el apoyo y tolerancia de amplias capas de la sociedad. Tampoco sin la colaboración, a veces directa, a veces indirecta, de agentes estatales a nivel local. Es decir, los grupos criminales organizados no son, en todos los casos, un puñado de tiránicos delincuentes que azotan a un territorio por la ausencia descarada de un Estado. Son autoridad que, sin pretensión de ser Estado, regula lo fiscal, lo punitivo, la seguridad y la aplicación de las normas en un territorio.

Las intervenciones estatales pueden fragmentar esta autoridad. Lo que Peter Reuter denomina 'disorganized crime' (contrario, por supuesto, a un crimen que se encuentra relativamente organizado) puede ser peor para las comunidades que la criminalidad consolidad. Algo que se acentúa aún más si el Estado no logra cumplir las funciones que los grupos criminales cumplían, minando aún más su legitimidad y confianza en los ciudadanos. Pero el crimen organizado puede llegar, en la mayoría de las ocasiones, a ser violento, genera una precariedad en los sistemas democráticos y puede abrir aún más la brecha entre la ciudadanía y el Estado. Por estas razones es necesario tratar de reducir los gobiernos criminales.

La posible solución pasa por reconocer la presencia de los grupos criminales no como una aberración producto de una supuesta ausencia o falla del Estado. El poder de movilización con el que cuentan en los territorios, la legitimidad dentro de los habitantes y, a partir de un diagnóstico caso por caso, emprender políticas que atiendan a las necesidades y particularidades de cada territorio. Beatriz Magaloni, ha realizado una tipología de los gobiernos criminales según (i) el tipo de grupo criminal (ii) la relación que tiene con el Estado y (iii) y la relación que entablan con las comunidades. Un grupo que coopera con el Estado tiene impactos distintos en la seguridad y convivencia en un territorio donde los criminales combaten directamente al Estado. Una política de seguridad debe atender a estas micro-lógicas del gobierno criminal. Donde un grupo criminal tiene una legitimidad amplia en la comunidad, medidas represivas pueden propagar el crimen y la violencia, cuando el Estado genera un vacío de autoridad y no es capaz de coparlo rápidamente. Esto sucedió con la política de pacificación en Brasil, conocida como UPP. Política que priorizó reducir la violencia, más que atacar ferozmente a los grupos criminales. Logró que los criminales, sin mucha violencia, salieran de los territorios, pero el Estado fue incapaz de llenar este vacío. Por otro lado, donde un grupo criminal es, en su gran mayoría, tiránico, predatorio, las intervenciones de corte militar pueden ser más efectivas y ganar la aceptación de la comunidad. La intervención no puede ser igual en cada uno de los territorios.

En últimas, se trata de comprender las diferencias a nivel local y sub local. La clásica fórmula de "llevar Estado" no siempre funciona. Más Estado no significa, necesariamente, más governance state y por ende no significa una reducción del gobierno criminal. A esta conclusión llegó el estudio, hasta el momento más grande en el mundo, que dirigió Christopher Blattmann para estudiar el gobierno criminal y que fue realizado en Medellín. Uno de sus principales hallazgos fue que, luego de que la alcaldía de la ciudad buscó mitigar la injerencia de los grupos criminales en los territorios, a través del fortalecimiento de programas y proyectos en pro de la comunidad, estas acciones aumentaron las expectativas de la población para, después de no cumplir los objetivos propuestos con eficiencia, producir decepción y pérdida de legitimidad ante las instituciones oficiales. Lo que produjo a su vez una mayor demanda por los combos criminales (aun cuando estos no desafiaron directamente al Estado como competidores de iniciativas del gobierno local por llevar nuevos servicios).

La sabiduría convencional considera que los grupos criminales y el Estado son sustitutos. Aquellos gobiernan más donde hay menos Estado. En Medellín, aumentar los servicios estatales no necesariamente redujo el gobierno criminal. Incluso el aumento del gobierno del Estado puede aumentar el gobierno criminal al producir:

• Decepción por parte de las comunidades: más Estado aumenta las expectativas de los ciudadanos, que no pueden ser satisfechas por las autoridades; se recurre a los combos. Más Estado puede hacer más visible los problemas e ineficiencias de las instituciones oficiales (corrupción, ineficiencia, ineficacia). Un Estado que no cumple y que muestra problemas genera, como resultado totalmente imprevisto, que las comunidades aumenten la demanda por las funciones del gobierno de los combos. En pocas palabras, el Estado prometió algo que no logró cumplir lo que hizo más atractivo a los grupos criminales
• Complementariedades: En ocasiones el Estado, fortalece unas funciones y deja de lado otras. El nicho perfecto para que combos, gracias a sus ventajas comparativas, puedan ejercerlas. Fortalecer las capacidades de los gobiernos estatales puede generar que, en la práctica, el Estados y los criminales funcionen como actores complementarios: el primero se encarga de algunos servicios, el otro, de otros.7
• Captura del Estado: Más Estado significa más presupuesto, más funcionarios, si grupos criminales cooptan un Estado fortalecido se traduce en un aumento en su poderío y, por ende, un fortalecimiento del gobierno criminal

De todos modos, no es que fortalecer el Estado no funcione, pero toda medida de política que busque reducir el gobierno criminal debe prever una posible decepción en las comunidades, una posible complementariedad y captura, para que el fortalecimiento sea efectivo, para que el fortalecimiento incluso no fortalezca a los grupos criminales.

El mundo criminal, y el impacto en la vida de miles de personas en el mundo, es complejo. Las medidas de política deben atender esta complejidad para lograr no solo mejores resultados en materia de seguridad, sino en cualquier programa y proyecto: los grupos criminales son otro actor más en la arena política, la necesidad de tenerlo presente en cualquier diagnóstico es imperioso para lograr resultados mucho más positivos.