Mientras los ojos de la opinión pública colombiana y los medios se concentraban en debatir los resultados de la contienda electoral norteamericana, en Colombia a principios de noviembre se insistía por alimentar la fracasada guerra contra las drogas y dejaba en evidencia cómo los malos resultados del enfoque prohibicionista no ha servido para mermar los ánimos de barajar nuevas alternativas sobre el uso y producción de la marihuana.

Con 102 votos a favor y 52 en contra, el proyecto de ley que busca reformar el artículo 49 de la Constitución, para proveer de un marco de regulación y control del cannabis de uso adulto (mal llamado recreativo), con el fin de proteger a la población colombiana de los riesgos de salud pública y de seguridad, quedó archivado en la última plenaria de la Cámara de Representantes con argumentos que revelan cómo la desinformación, el reduccionismo y la moralidad en el debate político, son detonantes para la interrupción de ideas innovadoras con efecto positivo tanto en las comunidades y territorios impactados por la guerra como para el Estado mismo.

El proyecto liderado mayoritariamente por representantes del Partido Liberal, Alianza Verde, Cambio Radical, Decentes, Colombia Humana, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (la formación heredera de las FARC) y Gabriel Santos del Centro Democrático significaba no sólo un avance en materia de libertades individuales, sino también grandes beneficios al ampliar las arcas del Estado, en tanto, la iniciativa fomentaba las oportunidades de crecimiento económico en el país para los campesinos y pequeños empresarios, derivando en la mejora de la infraestructura vial y aumento del PIB del país.

No obstante, algunos representantes de los partidos de derecha y partidos de gobierno liderados por el Centro Democrático con representantes como José Jaime Uscátegui y Margarita Restrepo asi como Buenaventura León del Partido Conservador, se opusieron a la iniciativa debido a la degradación de valores que conllevaba hacer legal el cannabis de uso recreativo pues podría desdibujar el desarrollo familiar y espiritual de las personas, además de que, después de tres años de la legalización del cannabis medicinal esta no ha referido cifras concretas.

Llama la atención que uno de los principales argumentos en contra se centraron insistentemente en la “defensa y protección de nuestros niños y jóvenes”, como si la propuesta no estuviera acompañada del fortalecimiento de una política de salud pública, con estrategias de prevención y reducción de “daños” a nivel individual y colectivo de esta u otras sustancias; o como si verdaderamente a la derecha, le importara de manera sincera y honesta (y no instrumentalizada), el desarrollo de un ambiente adecuado y seguro para los niños y jóvenes en Colombia. De ser así ya se hubieran suscrito medidas para brindar información de forma clara y directa sobre los riesgos del exceso y la dependencia a aquellas drogas ilegales como aquellas socialmente aceptadas para la población en general, a saber: el alcohol, la nicotina, la dopamina artificial y/o el azúcar.

Por la misma línea el ex senador Álvaro Uribe Vélez en su cuenta de Twitter se pronunció acerca del proyecto de ley manifestando que “la marihuana recreativa escala a otras drogas, afecta a las neuronas, el consumidor llega a los estados delineación pierde el control para sus decisiones que es la pérdida de su libertad”, una opinión que sirvió como fundamento tanto para los congresistas del partido conservador como del Centro Democrático para sentar su posición en el proyecto.

En el debate, frases como: “La mata que mata”, “¡serán delincuentes!”, “no podré salir con mis hijos a un parque”, “¿por qué se ponen a experimentar con nuestros niños? Son el futuro de este país”, “la marihuana embrutece” “los quieren volver idiotas útiles” fueron las protagonistas, aunque no por el calibre y la contundencia de los “argumentos” o hechos, sino por el uso de aseveraciones reutilizada, que han sido repetidas hasta el cansancio para estigmatizar al producto y al consumidor. Aquí, resaltan posiciones como la del congresista Uscátegui, quien aseguró que el proyecto buscaba legislar a expensas de la ciudadanía si se sometía a referendo en el 2021 esta decisión.

Una decisión que, de facto, no solo encierra el tortuoso reconocimiento y paradoja entre lo que es declarado ilegal, justamente por el reconocimiento de una categoría “no terapéutica”, sino también la intromisión de un Estado que se cree en su autodenominación de Pater familias, el tutor para determinar los usos benéficos de una sustancia y los usos indebidos de la misma y justificar lo que se encuentra en la órbita privada y fuero íntimo del usuario como pecado o como falla. ¿No son razones suficientes el gusto, el deseo y el derecho ontológico, las razones para legalizar algo menos riesgoso y dependiente?

Es pues, que hoy nos convoca desmentir algunos mitos anunciados por los detractores de la demonizada marihuana y considerar las razones de archivo y posible escenario para que el consumo cannábico en Colombia no quede en veremos.

Una revisión de los estigmas de la derecha sobre la marihuana

Comencemos diciendo que esta “mata” no mata, la evidencia ha demostrado que no ha habido una muerte directa y asociada registrada en el mundo por sobredosis de marihuana. De hecho, esta suele ser de las pocas sustancias en el mercado, que a pesar de crear tolerancia sobre el Tetra-hidro-cannabinol o THC (principal componente psicoactivo) necesita de grandes, pero de muy grandes cantidades para generar un efecto mortal. Teniendo en cuenta que la cantidad promedio de consumo de marihuana comestible por dosis es de entre 15 mg a 50 mg, las estimaciones suelen señalar que se necesitarían comer 180g de THC puro para lograr una dosis de 300 mg/kg o alrededor de un solo consumo de 680 kg de cannabis en un plazo de catorce minutos, para que se produzca medianamente la muerte de una persona de 60 kg.

Además, hemos de resaltar que sobre la mortalidad asociada a sustancias lícitas o ilícitas, el alcohol y la nicotina se encuentran rankeadas en los primeros puestos, ya sea por efectos directos o adversos a estos.

Así mismo, si bien no podemos negar que fumar tabaco como fumar marihuana tiene efectos colaterales, tanto el uso medicinal como adulto de la marihuana causa menor daño en comparación con otras sustancias ilegales o legales como la nicotina o medicamentos regulares como el Ibuprofeno. Por ello, informes y diversos estudios aseguran que las sustancias que más daño producen a los consumidores regulares o espontáneos son la nicotina, el alcohol, la heroína y el crack, dejando a la marihuana en un nivel mucho menor de riesgo. Incluso, esta última sustancia es la que ha reducido no solo el consumo de Vicodin, OxyContin y morfina, sino también una disminución del 25% en muertes por sobredosis de opiáceos en Estados de la EUA donde la marihuana está regulada y legalizada.

Paralelo a ello, hemos de señalar que la evidencia investigativa directa no correlaciona el uso de marihuana con un aumento de prevalencia en población adolescente. Si bien, disminuye la percepción y/o estigmatización sobre la sustancia, no impacta en un aumento de consumo o concepción como droga de iniciación (que hoy en Colombia como bien señala el representante Lozada es el Tusi o la cocaína rosada). Uruguay es un ejemplo claro, pues la última encuesta realizada en 2018 por el Observatorio Uruguayo de Drogas, demostró cómo el consumo de cannabis no aumentó en estudiantes de enseñanza media, después de que esta sustancia fuera regulada y legalizada en este territorio. Por otro lado, Colorado y otros Estados de Estados Unidos, tratando de evitar estos efectos adversos instauró una prohibición de consumo y venta de marihuana en lugares cercanos a escuelas, centros educativos y parques públicos en un radio de 20 metros reduciendo así los riesgos en un 30% en el consumo de menores.

Igualmente, Estados reguladores de este mercado como lo son Canadá, Portugal, Estados Unidos y Uruguay -ya señalados-, demostraron que tales medidas de legalización no tenían efecto en el aumento de consumo de menores de edad, en el índice de delincuencia y actos violentos o en el incremento de accidentes automovilísticos. Todo lo contrario, la marihuana regulada (recreativa y medicinal) generó no sólo el acceso a un producto de alta calidad con cepas mejoradas genéticamente, cultivadas en invernaderos, sino también un aumento en la seguridad ciudadana, una reducción de la toxicidad de la sustancia y, por tanto, una reducción en los costos dirigidos a salud pública y redireccionamiento de las contribuciones provenientes de impuestos de cultivo de marihuana a otros sectores como la educación. Es decir, que regular no significa que la sustancia será accesible y presente en todos lugares, ni que los niños y jóvenes serán las primeras víctimas.

Por supuesto, no decimos que un porrito no le haga daño nadie. Aunque los consumidores de marihuana no son agresivos, ni violentos; como cualquier sustancia, existen efectos adversos a corto plazo como la intoxicación, los trastornos de conciencia, los trastornos de percepción, los ataques de pánico o hasta un pequeño potencial de dependencia (no adicción, es diferente). Sin embargo, es importante resaltar que existe una correlación de estos hechos, a raíz de la desinformación y la poca pedagogía que existe alrededor de la droga sobre la dosis, frecuencia y modalidad adecuada, además de que, se ha demostrado que dichos trastornos a largo plazo no representan riesgos graves.

Incluso, según datos longitudinales provenientes del National Epidemiological Study of Alcohol Use and Related Disorders dictaminó que las asociaciones entre el consumo de marihuana y los trastornos de ansiedad u otros episodios de psicosis, no tienen relación alguna. Sin embargo, investigaciones recientes del Biol Psychiatry confirman que el consumo de marihuana y la presencia del gen AKT1, responsable de codificar una enzima que afecta las señales de dopamina en el estriado (la parte del cerebro que se activa e inunda de dopamina en presencia de ciertos estímulos), representa un gran riesgo de psicosis y vulnerabilidad en pacientes con predisposición esquizofrénica.

Pese a ello, el primer estudio afirma que dicha exposición a riesgos o sensibilidades pueden ser contrarrestado: primero, con una respuesta pedagógica e informativa que advierta de los daños y propensión de trastornos mentales; segundo, un acompañamiento psicosocial, terapéutico y médico que controle dosis, frecuencia y efecto para todas la personas que desean consumir; y tercero, estructurar una regulación controlada por parte de un ente central con normas claras y estrictas sobre la sustancia. Con el fin no solo de reducir los efectos adversos y/o debilidades que se pueden presentar al momento de legalizar marihuana adulta, sino también reducir el alcance del crimen organizado que se nutre de la ilegalidad de la producción y comercialización de las drogas; fomentando así, el desarrollo social de las comunidades cultivadoras que se han visto empobrecidas y violentadas por un Estado que destruye lo que a menudo es en regiones alejadas y olvidadas, la única fuente de ingresos.

Con todo ello, diremos que la derecha al escudarse en la infancia desde un enfoque de seguridad y prohibición por la “mortalidad” y “toxicidad” de la marihuana, solo deja entrever los mitos y estigmatización alrededor del cáñamo de las indias y en adición, pone en evidencia como se secuestra el debate político alrededor del miedo y las creencias culturales. Creencias que no extienden sus reflexiones sobre la exposición de las personas (incluidos jóvenes y niñxs) al momento de adquirir marihuana en el mercado negro.

Así que, aunque algunos no lo deseen, la realidad es que el consumo existe, e independientemente si se mantiene la prohibición sobre la marihuana, las personas seguirán consumiendo, ya sea por curiosidad o por gusto regular. De manera que ¿no sería mejor garantizar esa protección para la ciudadanía y seguridad sobre la sustancia si esta es legal y el Estado tiene la potestad de cuánto producir, dónde producir, cómo y a quién vender? O por los menos contemplar enfoques y soluciones efectivas para el problema de las drogas, sin amedrentar la libertad individual de los ciudadanos.

Un panorama prospectivo para la marihuana adulta:

El proyecto de ley archivado el pasado 4 de noviembre, si bien tenía el objetivo de proteger a la población de los riesgos sociales, de seguridad y de salud pública asociados al vínculo con el comercio ilegal de sustancias psicoactivas, dejó en evidencia que la propuesta más allá de las afirmaciones morales, no cuenta con el suficiente sustrato político y/o social para que el uso cannábico adulto germine.

La norma que consideraba modalidades como el “autocultivo” sin ánimo de lucro (menor a 20 plantas) y la apertura de establecimientos públicos y privados autorizados por el Estado y las asociaciones cannábicas para sembrar, cultivar, cosechar, almacenar y transformar y comercializar cannabis para uso adulto -muy similar a los coffee shop holandeses o estadounidenses- y venta online de marihuana por parte del Estado, supone más problemas que beneficios con el clima político colombiano, la incertidumbre existente alrededor del cannabis medicinal, la posición del actual gobierno Duque y la incapacidad técnica del Estado para responder a los nuevos retos y problemáticas que implica un cambio en la política de drogas.

Por un lado, el sector del cannabis medicinal permitido por la Ley 1566 de 2012, se ha visto envuelto en diversas polémicas tras su legalización y producción. En el ambiente circula la incapacidad técnica y burocrática del gobierno para coordinar el cupo de los inversionistas y empresas incipientes de cannabis con las 1.5 toneladas de cupo para exportar marihuana de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), que junto a las denuncias realizadas por el senador Luis Fernando Velasco y el Ministerio de Comercio Exterior sobre la corrupción, los cobros millonarios y el tráfico de influencias en el trámite de 247 licencias a corte del primer semestre del 2019 para producir y distribuir cannabis en Colombia, han generado no solo un sinsabor entre los empresarios, sino la resistencia por apostar hacia proyectos de la misma índole, a raíz de los “pocos resultados “.

Por otro lado, la ausencia del gobierno para manifestar confianza y tranquilidad a los inversionistas e insistencia de Duque por establecer decretos más estrictos sobre la producción de cannabis en Colombia, conecta con su poco respaldo para fortalecer iniciativas constructivas para una industria próspera, innovadora y fuerte. Ello, más la retirada de funcionarios que sacaron adelante la propuesta de cannabis medicinal y la desarticulación entre los ministerios, demuestran la incapacidad política para crear redes y alianzas fundamentadas y sólidas para impulsar proyectos que fomenten la lucha contra las drogas sin prohibirlas, aunque ello, implicaría involucrar las exigencias y cuestionamientos de los conservadores y el Centro Democrático, partidos que evidentemente no darán la pelea, a menos de que los incentivos los favorezcan o adopten medidas a las demandas en una futura reforma.

No obstante, se ha de reconocer la certera decisión de la derecha de frenar y provocar el archivo de la propuesta, no sin antes contemplar mejoras y cambios que pueden ir acompañados más adelante de otros proyectos de ley previstos como el del congresista Gustavo Bolívar en el cual se establece que el Estado regulará las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, fabricación, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, transformación, distribución, uso y posesión de semillas de la planta de cannabis, marihuana y de sus derivados, así como los productos que los contengan, para uso adulto y considerar legislaciones como las de Uruguay, donde algunas farmacias autorizadas por el Estado solo distribuyen a través de un registro obligatorio, que representan un ingreso aproximado de 5 millones de dólares semestrales.

Inclusive, contemplar en la propuesta las recomendaciones señaladas por DeJusticia y Elementa para diseñar un modelo que atienda a la realidad nacional y dimensione el alcance tanto del cultivo como de la producción, comercialización y consumo de cannabis en el país desde:

• La construcción de una metodología estandarizada y periódica de medición de cultivo de marihuana por parte del Estado y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito -UNODC.
• Orientar la balanza prohibicionista dentro del ordenamiento jurídico vigente hacia un enfoque de derechos humanos, desplace el mercado de las mafias y los grupos al margen de la ley (actualmente, quienes tienen control de la producción y compra de cannabis) o derogue prohibiciones de carácter administrativo contenidas en el Código de policía para garantizar la protección de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad.
• Creación de un modelo pedagógico en las escuelas y de salud pública que permita prevenir la incidencia de la sustancia en niñxs, jóvenes y adultos. Y
• La promoción de un esquema asociativo y comunitario de comercio justo y desarrollo sostenible, donde los productores y comunidades se perciban no como simples proveedores de materia prima, sino como creadores de valor y desarrollo en los territorios.

Finalmente, resulta importante mencionar que el debate debe polarizarse en tanto se agende la necesidad de alternativas a las ineficientes medidas actuales sobre las drogas, pero no se polarice desde la concentración de posiciones políticas que desagregan los hechos y la experiencia o vean en la legalización la “pérdida de libertades” o la “ganancia para los progres”. Todo esto no sin antes comprender que estar a favor de la ley, no es estar a favor de las drogas (aunque, si lo ve a favor de la ley y a favor de las drogas, no está mal, hace uso de su autonomía de pensamiento). Debemos perderle el miedo a abrir debates polémicos e ir más allá de las objeciones morales en la política y exigir desde la ciudadanía, políticas alternas y poco tradicionales al “pajazo mental” del gobierno sobre la política antidrogas, que en retrospectiva a referido mucha plata y pocos avances.