Corrupción es una palabra que se oye en todos los espacios sociales, sin distinción de profesión, grado de escolaridad, región o país. Ciertamente, con respecto a los asuntos gubernamentales, es una de las mayores preocupaciones para los ciudadanos del mundo, ya que está relacionada con el desvío de dineros públicos para favorecer intereses particulares en detrimento del bienestar general.

Bien sabemos que Colombia se encuentra dentro de los países con mayores índices de corrupción en el mundo. Podemos oír que “todos son unos corruptos”, “se reparten la platica entre los más poderosos”, y los medios de comunicación muestran noticias anunciando un nuevo escándalo, una nueva investigación por malos manejos de contratación, y demás. También oímos a los actores políticos proponiendo iniciativas, estatutos y planes para luchar contra la corrupción. Y, parece que los ciudadanos, entonces, solo somos observadores paralizados ante unas instituciones muy complejas que no podemos entender y aún menos pertenecer o participar. Quizá son menos recurrentes las conversaciones acerca de las posibilidades para participar en el control y vigilancia de los recursos y las actuaciones de los funcionarios públicos .

De todos modos, no todo es malo. En Colombia hay un mecanismo de participación ciudadana que materializa el derecho y deber constitucional del control social sobre la gestión pública. Son las veedurías ciudadanas, una de las modalidades de participación ciudadana que contempla el artículo 103 de la Constitución Política, la posibilidad a los ciudadanos de vigilar las actividades donde se emplean recursos públicos.

Este es un mecanismo muy poderoso porque un menor de edad, una abuelita o un profesional de cualquier área podría iniciar la conformación de una veeduría. Para esto solo necesitará un par de vecinos que voluntariamente se unan en torno a un asunto de la comunidad y entre todos acuerden inscribir ante la Cámara de Comercio o personería municipal una solicitud para ejercer vigilancia. También, las comunidades indígenas u organizaciones de la sociedad civil podrían hacer uso de este mecanismo. Únicamente en siete casos especificados por ley, los ciudadanos no podrán conformar e inscribir veedurías, esto con el fin de garantizar imparcialidad en los procesos.

Ahora bien, después de que la veeduría haya sido inscrita correctamente, vigilará y hará control a asuntos como: la cobertura de los beneficiarios de programas, la calidad, oportunidad y efectividad de la contratación pública, o ejercerá control y vigilancia a una entidad privada o a una ONG que se encuentre en el territorio nacional, así como a los servicios públicos domiciliarios y en general a proyectos del orden nacional, departamental o municipal que hagan uso de recursos públicos. Esta vigilancia puede ser preventiva y/o posterior. Cuando sea preventiva actuará sobre la planeación de los proyectos o programas. Cuando sea posterior vigilará los resultados de la gestión pública utilizados en una obra terminada, un proyecto concluido o un servicio prestado. Los hallazgos que surjan de dicho control serán presentados ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado mediante recomendaciones escritas.

Además de la capacidad de control permanente, las veedurías constituyen un mecanismo notable porque pone a disposición de los ciudadanos instrumentos como derechos de petición y acciones legales. Por ejemplo: acciones populares que se presentan ante los Jueces de la República, acción de grupo, acción pública de inconstitucionalidad y acción de nulidad. Igualmente, da la posibilidad de participar en redes de veedurías ciudadanas con el fin de unificar esfuerzos frente a determinados temas, conocer casos de éxito, capacitarse y hasta reunir fondos para subsidiar gastos propios de la actividad del veedor.

Quizá esto suena muy técnico y da cuenta de la necesidad de capacitarse para ser un veedor efectivo. De hecho, es muy importante capacitarse para que los resultados de la veeduría sean más eficientes y, por suerte, gran parte de la información se encuentra en internet.

Y es que muchos ciudadanos ya han pasado del reclamo al aire, de la queja informal a la utilización de los mecanismos de representación que dispone la Constitución Política de Colombia. Con ese compromiso que los veedores asumen, apoyan el fortalecimiento de: los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación estatal, los procesos de participación comunitaria en la toma de decisiones y en el seguimiento de los proyectos de inversión. Además, están velando por los intereses de las comunidades. Así, la unión de muchos ciudadanos comprometidos y vinculados, constituye un elemento esencial para evitar abusos de poder y parcialización excluyente por parte gobernantes.

Ser veedor tiene sus retos. Dio cuenta de esto una investigación realizada por el semillero de investigación Fuerza Normativa de la Universidad Pontificia Bolivariana la cual afirmó: “El principal inconveniente, se evidencia por ejemplo en muchos servidores públicos quienes asumen conductas defensivas frente a las veedurías y creen que pueden resultar afectados por la entrega de información”. Así pues, los veedores se enfrentan a entidades cerradas con poca cooperación dificultando alcanzar algunos de los objetivos que la convocó.

Sin embargo, un caso con resultados favorables fue la Veeduría VIDA JMC registrada ante la Personería Municipal de Rionegro, integrada por 15 personas y enfocada en la vigilancia y control sobre las decisiones acerca de megaproyectos como la ampliación del Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro; dicha obra generaría, según los ciudadanos, daños medioambientales y afectaciones socioeconómicas. Esta veeduría fue estudiada mediante metodología cuantitativa, por Sánchez y García, y tuvo por objeto medir la efectividad de las veedurías como mecanismo de control social. Para esto los dos aspirantes a maestría analizaron variables como: si la veeduría logró cumplir con una serie de objetivos trazados al inicio, así como, la capacidad de gestión, el recurso humano y la satisfacción de los integrantes. El resultado para cumplimiento de objetivos fue del 68%, la capacidad de gestión fue del 33.8% y los integrantes mostraron un alto grado de satisfacción puesto que este último indicador se encuentra en el 81 %. Así pues, el resultado global da cuenta que es una organización con un nivel de efectividad medio alto, puesto que el promedio ponderado del resultado global de los criterios es 64.2 %.

En un país muy corrupto, ser veedor puede ser una labor exigente. Pero, sin duda, las veedurías pueden funcionar en el Estado como la kryptonita en Superman. Un aumento de los ciudadanos comprometidos formalmente con la democracia hará frente a la ausencia de vigilancia ciudadana, que ha conferido mucho poder a los corruptos. La vigilancia y control a los procesos de planeación, a la asignación de los presupuestos, los procesos de contratación, la ejecución y la calidad técnica de las obras, y la comunicación de los avances de estos procesos de control a la ciudadanía debilitará los procesos corruptos. Las herramientas están dadas, la normatividad confiere poderes a los ciudadanos para frenar dicho flagelo, la tecnología, además, representa una ventaja en términos de costo beneficio. Entonces, queda en manos de los colombianos cuidar de un país rico que ha sido usurpado durante siglos y de un pueblo que aún guarda la esperanza de prosperar.