Históricamente reconocida por su afiliación católica y conservadurismo social, la región latinoamericana hoy día, es escenario de un cambio sociocultural impulsado por movimientos feministas de base y una generación joven y laica que aboga por el reconocimiento de la libertad y la autonomía reproductiva de los cuerpos; que entre otras cosas, ha logrado decisiones radicales en más de cinco países de América Latina (Imagen 1).

Tal es el caso de Argentina, país pionero en la región en establecer mayores garantías y derechos para las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar (hombres trans y personas no binarias) al legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación, mediante la Ley 27.610 de 2020. Por su parte México, sumado a la marea verde impulsada en el Cono Sur, sentó precedente en un falló presidido por la Suprema Corte con el cual se anula el delito con el que se castiga el aborto en algunos Estados del país. Junto a ellos, Uruguay, Cuba y recientemente Colombia se suman al pequeño y selecto grupo de países de Latinoamérica que abogan por la despenalización de la IVE en determinados plazos de gestación.

Pese a ser un país con fuertes creencias religiosas (católicas y protestantes) y evidentes rezagos patriarcales, Colombia logró el pasado lunes -22 de febrero- una victoria histórica, que no solo honra los derechos humanos y dignifica la autonomía corporal de toda mujer, niña, adolescente y persona gestante del territorio nacional, sino también erige un paso judicial que cuestiona la imposición de un mandato al que todas nos hemos visto expuestas, el mandato de la maternidad.

Después de casi dos años de debate, la Corte Constitucional decidió despenalizar la IVE durante las primeras 24 semanas de embarazo a partir de la sentencia C- 055 de 2022, y mantuvo en auspicio de la sentencia C-355 las tres causales ya discutidas en 2006 -cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer; cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuándo el embarazo sea el resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal sin consentimiento-.

En su decisión, la Corte Constitucional exhortó al Gobierno Nacional y respectivos órganos legislativos a formular e implementar una política pública integral en el menor tiempo posible, es decir, incitó de manera obligatoria e irreversible a que los respectivos poderes provean de una política pública que como mínimo contenga disposiciones claras de las opciones disponibles de IVE y promueva múltiples instrumentos y programas para el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia.

Ante tal sentencia, las reacciones de figuras políticas como el presidente, los congresistas y candidatos presidenciales no se hicieron esperar. Algunas respaldaron la decisión; mientras que otras optaron por apoyarla - ojo con cuestionamientos, pues se hubieran planteado “mejores formas” de garantizar el pleno el derecho, expresaron-; Aunque muchas, fueron de oposición y resistencia a tal punto que la mayoría planteaba la retoma de algunas estrategias organizativas de grupos anti derechos para atacar una sentencia que consideran moralmente disuasiva.

Por su parte, el presidente Iván Duque -quién en varias ocasiones ha manifestado ser un ferviente defensor de la vida (provida)- argumentó que jurídicamente se está rompiendo el tema de la “cosa juzgada” y pronosticó que la IVE se convertiría en una “práctica casi anticonceptiva, recurrente y regular”. Opiniones, que primero denotan más que la posición de un Jefe de Estado, opiniones personales con poco tacto y desconocimiento, puesto que desdibuja y caricaturiza la realidad de un problema de salud pública. En primera instancia, si bien es cierto que la Corte ya se había pronunciado en 2006, en esa ocasión no se tuvo en cuenta las barreras, retrasos y dilaciones en las EPS e IPS, además de que en ese tiempo la prioridad del debate no se centró en los derechos sexuales y reproductivos de mujeres en situación de vulnerabilidad extrema y situación migratoria irregular.

Por otra parte, aseverar desde la especulación que será una práctica repetida y regular aboga por la estigmatización y el alarmismo. Conforme a la evidencia proveída por el movimiento Causa Justa solo el 1% de las colombianas abortan más de una vez en su vida debido a que pertenecen a grupos poblacionales de mujeres, niñas y personas gestantes en contextos de vulnerabilidad extrema, es decir personas con dificultades económicas o en contextos de migración, pobreza o desigualdad en los que es imposible acceder a métodos anticonceptivos; sumado a que, la IVE en diversas circunstancias puede ser una situación dolorosa y traumática para algunas mujeres - no todas- que no cuentan con una red de apoyo sólida, entorno seguro o una orientación psicopedagógica adecuada.

De igual manera, Duque calificó de “atroz” la decisión y criticó fuertemente a aquellas “cinco personas” que decidieron por Colombia sobre un tema tan sensible -alegando que no se tuvo en cuenta al Congreso para tomar dicha determinación-, aseveraciones que denotan una clara omisión del funcionamiento de la democracia colombiana, dado que pone en duda el rol y exhaustivo proceso de deliberación y revisión de testimonios y conceptos otorgados por expertos de diversas ramas y áreas del conocimiento que la mayor instancia judicial del Estado apostó por estudiar. Insistir que se apartó al Congreso de la discusión corrobora la descontextualización del mandatario sobre este tema, pues fue la Corte la que por años insistió en múltiples ocasiones que debía ser el congreso ¡si, el congreso! Y no la misma, la responsable de regular una discusión que atañe a la “política criminal”.

¿Por qué la Corte Constitucional? Y ¿por qué no el Congreso de la República? Estas son dos de las preguntas más recurrentes que se plantean los colombianos en medio de la expectativa sobre si habría despenalización o no. Hace unos años, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional declararse inhibida para ser partícipe del debate que permitiría que el aborto fuera un derecho fundamental; reiterando en que quienes tendrían que encargarse de esta decisión eran los congresistas. No pasó nada, los debates se aplazaron en reiteradas ocasiones y en los pasillos del Capitolio no había voluntad alguna de hablar de un tema tan complicado. Según Antonio Lizarazo, magistrado de la Corte, desde 1975 hasta el presente año han sido presentados 39 proyectos sobre la IVE en el Congreso.

Esto significa que a pesar de que el Congreso era competente para legislar sobre el tema, este se pasó por alto omitiendo todo proyecto de ley, ponencia y debate que a su juicio parecía incómodo, así sea una problemática de primera importancia a nivel nacional como el aborto. Pero, ¿qué han dicho los congresistas sobre esta histórica decisión?

Empezamos con el presidente del Senado, el conservador Juan Diego Gómez; quien planteó que esta decisión debería ser consultada con la ciudadanía, para que fuera esta quien se pronunciara a favor o en contra de la despenalización, sumándose a la voz de otros congresistas que han propuesto un “referendo por la vida”. ¿“No podemos aceptar la decisión de la Corte Constitucional, y es imperante que el Congreso se pronuncie sobre esto” afirma Gómez; pero tendrá en cuenta las 39 veces que el tema se intentó tratar en la entidad de la que es presidente?

Por su parte, Sara Castellanos, exconcejal de Bogotá y candidata al Senado por el Partido Liberal ha encabezado la iniciativa de radicado denominada “Referendo por la Vida” con el fin de que se especifique en el Artículo 11 de la Constitución que la vida desde el momento de la concepción es inviolable. El referendo que fue recientemente radicado de manera oficial debe recoger entre tres y seis millones de firmas en los próximos cinco meses.

No obstante, de acuerdo a la investigación realizada, tal herramienta jurídica es viable en tanto dicho referendo pase por un examen de constitucionalidad ante la misma Corte, la cual compruebe y dictamine que la decisión de la IVE hasta la semana 24 de gestación no está en contra de algún derecho fundamental. Algo muy poco probable, ya que la Corte Constitucional tomó como preceptos los derechos a la salud, derechos reproductivos y asociados a la libertad de conciencia como intrínsecos de la mujer y rectores para la protección de la misma. Eso significa, que a pesar de que las intenciones por tumbar esta decisión sean firmes, habrá un largo y exhaustivo camino que tendrá que recorrer -cuyo desenlace muy probablemente sea la invalidez de este mecanismo de participación-.

Sin embargo, no todo el Congreso se ha mostrado en contra de esta decisión; Victoria Sandino, quien es senadora por el Partido Comunes, celebró la decisión de la Corte Constitucional como un triunfo de la lucha feminista, reconociendo que este es solo el primer paso para qué sé de inicio a otra lucha, la de garantizar el acceso al aborto hasta la semana 24, tenía, teniendo en cuenta las causales ya existentes. De hecho, recientemente radicó un proyecto de ley que tendría como objetivo eliminar las barreras que imposibilitan el acceso a anticonceptivos en el país.

“La Corte Constitucional dijo sí. Se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. Se mantienen las causales después de ese tiempo. Un triunfo histórico de las mujeres y de la acción colectiva” afirmó por medio de su cuenta de Twitter la senadora Angélica Lozano, perteneciente a la Alianza Verde. La voz de Lozano se sumó a la de la alcaldesa Claudia López, su esposa, quien manifestó que la despenalización del aborto es el segundo hito histórico más importante para reconocer la autonomía de las mujeres desde que se reconoció su derecho al voto, en 1954.

Entre tanto, en lo que respecta a los precandidatos presidenciales hubo una clara tendencia de respeto sobre la decisión otorgada por el alto tribunal. Aunque hemos de decir, fueron más las voces en contra las que resonaron en el debate público, al considerar a la IVE hasta la semana 24 de gestación como un “vil asesinato”.

Para la coalición Equipo Colombia tanto David Barguil como Federico Gutiérrez y Aydeé Lizarazo expresaron no estar de acuerdo a la decisión no solo en razón de sus creencias religiosas -Lizarazo afín al partido MIRA, un partido con sólidos principios cristianos-, sino también porque es excesivo cometer un crimen contra la vida matar a bebés plenamente formados aparte de las tres causales ya estipuladas por la corte, “abortar no es la única opción” -aseguró Gutiérrez-. Postulados, que primero no distinguen lo que es un feto de un bebe, este último un ser ya nacido, totalmente independiente del cuerpo de la madre; y segundo, no conciben que la sentencia de 2006 y la actual, no contemplaran que ninguna mujer está obligada al IVE, además de que las mismas decisiones judiciales garantizan la existencia de rutas de atención integral y asesorías que plantean a las mujeres, niñas y personas gestantes las múltiples opciones a realizar ante un embarazo no deseado.

Barguil, quién fue uno de los más enfáticos en no estar de acuerdo, sostuvo que como futuro presidente liderará un referendo para que esta decisión quede sin efecto, pues se trata de “vidas que no tienen otra posibilidad de defensa”. Afirmando, que establecerá un “Gran acuerdo por la vida en Colombia” con la finalidad de lanzar kits de pañales y leche de manera gratuita a madres de estratos 1,2 y 3. Una medida que lejos de ser efectiva, es profundamente asistencia lista y poco coherente con la realidad del país, dado que los niños necesitan más que leche y pañales para ser felices y sanos.

Por su parte, Enrique Peñalosa comprendió que la decisión no significa que a la Corte le guste el aborto, sino que aprobó que no se judicializaran más personas solo por el hecho de interrumpir su embarazo, anotando asertivamente, que las mujeres de ingresos altos “siempre han abortado cuando han querido con toda la higiene y toda la seguridad sin ningún riesgo de que las vayan a llevar a la cárcel", mientras que las mujeres de ingresos bajos se ven obligadas a abortos inseguros.

Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, afirmó como muchos otros que la Corte Constitucional no debía sustituir al Congreso de la República, y menos en un tema tan sensible como el aborto, declarándose “defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte”. A la postura de Zuluaga se le sumó la de Enrique Gómez Martínez, candidato del Movimiento de Salvación Nacional, quien repudió y rechazó una decisión que “viola la Constitución y permite el asesinato de bebés de 24 semanas”, exigiendo deliberadamente una reforma integral a la justicia.

En la misma orilla, el precandidato cristiano John Milton Rodríguez, quien se encuentra impedido por el Consejo Nacional Electoral, lamentó la noticia y calificó la decisión como una desgracia que “despenalizaran el asesinato de los bebés hasta los 6 meses”, anunciando que el tema lo llevará a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en acompañamiento de David Cote, integrante del partido Colombia Justa Libres -un partido adherido a la ideología conservadora y cristiana-.

Como era de esperarse, dichas reacciones promovieron la organización de más de 15 organizaciones de la sociedad civil antiaborto que han ideado movilizaciones y marchas con el fin de expresar su rechazó a la nueva normativa sobre la IVE aprobada por cinco magistrados de la Corte Constitucional. La más reciente se registró el pasado domingo -27 de febrero- en Barranquilla, Armenia, Cali, Tunja, Pereira y Bogotá.

Mientras tanto, del otro extremo del espectro político, solo fueron tres de los precandidatos presidenciales los que se comprometieron abiertamente (y no tímidamente como Gustavo Petro, Camilo Romero, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Ingrid Betancourt y Jorge Enrique Robledo) con el derecho a la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Son dos candidatos hombres, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo -sobre los cuales mantenemos nuestras reservas- y una candidata mujer, Francia Márquez, tal vez la más alegre e involucrada en la lucha por

Con dicho panorama de disposición y voluntad política, se espera que la decisión de la Corte Constitucional no únicamente siga siendo continuamente cuestionada, sino también presente, futuros impasses en la arena presidencial y el tablero político del poder legislativo. Este último, de vital importancia en tanto tiene la potestad y responsabilidad de emitir una regulación no penal que respete la Constitución y el bloque de constitucionalidad (tratados, pactos o convenios internacionales que el Estado Colombiano ha suscrito a su jurisprudencia), tras dar un debate democrático con base a la evidencia para regular las 6 de las medidas impuestas por el alto tribunal judicial, que son:

• La divulgación de opciones disponibles para las personas gestantes;
• La eliminación de obstáculos para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos:
• La promoción de instrumentos de prevención del embarazo y planificación;
• El desarrollo de programas de educación sexual y reproductiva;
• Medidas de acompañamiento de las madres y personas gestantes que decidan no abortar
• Medidas que garanticen los derechos de los no nacidos cuyas madres deseaban abortar.

Por otra parte, será necesario que el Gobierno (y futuro presidente), a través del Ministerio de Salud, adapte rutas de atención en salud reproductiva específicas para cada contexto, y que los prestadores de servicios de salud de todo el territorio nacional las reconozcan y garanticen un servicio de calidad, las cuales sean acompañadas de medidas diferenciales que respondan a las particularidades y contextos de los distintos grupos poblacionales de mujeres y personas con capacidad de gestar, ejemplo aquellas que habitan en zonas rurales con presencia de actores armados; aquellas que se encuentran en una situación migratoria irregular; aquellas o aquellos que no se identifiquen con género binario o género femenino; aquellas que no cuentan con redes de apoyo ni recursos económicos, las que son jefas de hogar y/o sean víctimas de violencia basada en género.