El mes de septiembre en Colombia cerró con 16 masacres, 5 más que el mes pasado. Un aumento significativo que alertó a las autoridades, a la opinión pública y a la comunidad internacional, si se tiene en cuenta que el año pasado (que venía también en aumento) se perpetraron 39 masacres -el más alto desde el 2014- y a corte de septiembre de 2020 se han presentado 65.

La realidad es a todas luces preocupante: Un posconflicto ya de por sí resquebrajado y que desde la llegada de Iván Duque a la presidencia se ha deteriorado aún más: Un aumento en los desplazamientos intraurbanos, asesinatos selectivos y una preocupante, pero ya crónica, amenaza a la vida de los líderes sociales en el país.

Múltiples sectores de la sociedad han exhortado al gobierno nacional a implementar medidas de fondo que paren el baño de sangre que tiñe a territorios históricamente olvidados y que han enfrentado todas las etapas y reciclajes de la guerra durante décadas. El pesimismo frente al posconflicto se empieza a tornar general, la esperanza de un cambio en las condiciones inequitativas de decenas de miles de personas poco a poco se va diluyendo, mientras el país se adentra en una nueva etapa del conflicto con las terribles consecuencias en déficit de construcción estatal y progreso social que este conlleva.

La respuesta del gobierno ha sido más bien ambigua. Primero fijó el debate en una preocupación semántica: más que masacres, el término correcto es homicidios colectivos (concepto que utilizan las fuerzas militares), buscando reducir la connotación negativa que tiene el término, aminorando la inseguridad y zozobra que muchos de los colombianos perciben. Luego, el Gobierno buscó hallar la explicación del recrudecimiento de la violencia, no en la respuesta institucional frente las amenazas armadas, sino en un simple combate violento entre narco-terroristas que compiten por el dominio del narcotráfico. El Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, a partir de esta hipótesis, insistió en la necesidad de la reactivación de la aspersión aérea, suspendida por la Corte Constitucional en el año 2015, que permitiría a las autoridades contar con mayores herramientas en la lucha contra las economías criminales. La postura es: la violencia es causada por el narcotráfico, entonces si se reduce el narcotráfico se reduce la violencia1.

No obstante, aunque los altos miembros del gobierno no se equivocan en la importancia que tiene el narcotráfico en los problemas de seguridad actuales, y en afirmar que no se está ni cerca de los años donde se recrudeció el conflicto, el panorama es mucho más complejo. Más allá de las dificultades e ineficiencias que trae una política netamente represiva en general, y la aspersión aérea en particular, el problema reviste distintas aristas que, bajo el enfoque por el que optó el gobierno, son minimizadas.

En este texto busco analizar la violencia actual del país a partir de dos elementos. El primero, de largo aliento, tiene que ver con el (i) cómo se ha construido el Estado en los distintos territorios del país, y por ende su precariedad, y cómo la guerra civil afectó los órdenes sociales y el régimen político en lo local. El segundo, más de corte coyuntural, describe (ii) la situación actual del conflicto: más localizado, menos ideológico, con grupos con estructuras más flexibles, menos jerárquicas (sumado a la etapa actual de disputa por varios territorios) y lo relacionado con la gobernanza que ejercen estos grupos.

Es decir, una combinación de elementos de largo y corto plazo están latentes en la violencia actual.

Precariedad del Estado en la etapa de disputa actual del conflicto:

Las condiciones actuales del conflicto en Colombia permiten diferenciarlo de la guerra civil del siglo pasado y principios del 21. Sin embargo, no se puede hablar de un fenómeno completamente diferente. Heredó ciertas características del conflicto armado; existen unas rupturas y unas continuidades2. Además, la guerra se encuentra en una etapa de disputa, donde los actores armados compiten por hacer presencia y control en el territorio. Todo esto en un marco de precariedad estatal de largo plazo. A continuación, trato de describir estos elementos que darían más pistas para entender el fenómeno de la violencia y su actual aumento.

La precariedad del Estado y los órdenes propios de la guerra:

El Estado, por definición, es el garante del orden social que se construye en un territorio delimitado por unas fronteras. Es el actor que, per se, enuncia las reglas de juego. Es decir, que por medio de un aparataje institucional toma decisiones y produce unas órdenes que sus gobernados deben cumplir, con el ánimo de mantener un mínimo de estabilidad y el desarrollo óptimo de las múltiples actividades, de toda índole, que se produzcan en dicho territorio.

Para Guillermo O'Donnell, esta relación autoridad-obediencia entre el Estado y sus ciudadanos se basa en, lo que los sociólogos y abogados denominan, la eficacia de la norma. La capacidad efectiva de una ley de generar cierto impacto en la conducta de los ciudadanos ya sea para regular, cohibir o moderarla. Una norma cumple su papel cuando la mayoría de los habitantes adecúan sus acciones habituales al marco que esta establece. Sin embargo, en muchos países, principalmente en vía de desarrollo o aquellos que atraviesan por una transición democrática, dicha eficacia no es uniforme en todo el territorio. Mientras en algunas zonas sí tiene un efecto, en otras, su nivel de aprehensión, entre los ciudadanos, es muy bajo. La heterogeneidad de la eficacia de la ley impactará directamente en el tipo de sociedad y en la clase de democracia que existe en un país. La sociedad y el régimen político se trastoca profundamente producto de esta asimetría, generando ciertas fallas institucionales.

Este ha sido el caso de Colombia. A partir de un análisis de largo plazo, Fernán González analiza cómo la construcción del Estado colombiano ha sido asimétrica en el país. Mientras unos territorios se hallan integrados (de manera más o menos completa) a la economía nacional e internacional y disfrutan de la mayoría de los servicios que debe ofrecer el aparato estatal, otros han permanecido al margen de estos procesos, o lo han alcanzado “tardíamente”. La presencia del Estado ha sido asimétrica, diferencial, en cada territorio, su construcción institucional legal varía y está ceñida a los procesos violentos, políticos y sociales endémicos. Esto se acentúa aún más si el crecimiento territorial del aparato estatal (que una entidad esté físicamente en el territorio) y funcional (que una entidad funcione, efectivamente, en el territorio) se hace de manera selectiva. Es decir, donde se priman unas funciones del Estado (principalmente las militares y la entrega de subsidios) y otras son relegadas, sin ser prioridad para los gobiernos nacionales (como el sistema de justicia o la Policía)3. Un Estado con una presencia diferenciada y que se fortalece selectivamente describe, a grandes rasgos, el caso colombiano4.

Dada esta precariedad de largo plazo, el Estado no puede cumplir su función principal: la regulación de los conflictos sociales que se presentan entre los distintos actores sociales. Las amenazas que los individuos, o los colectivos, perciben en materia de seguridad (en un sentido hobbesiano) y que no puedan ser tramitadas por los agentes estatales dada su incapacidad, generan un escenario de incertidumbre donde la privatización de la violencia, la justicia por mano propia, se torna atractiva5. Un ejemplo temprano de esta situación son los múltiples grupos de bandoleros que se conformaron en la época de La Violencia (los Chusmeros, los Chulavitas, Los Pájaros, entre otros) quienes, en el escenario de quiebre institucional que sufrió Colombia en esos años, se armaron buscando protegerse de los miembros del partido político contrario.

La privatización de la seguridad, sumado a otros problemas de larga duración como una desigualdad endémica y un problema agrario sin resolver, construyen órdenes sociales que se distancian del orden legal-constitucional que pregona el gobierno nacional. La heterogeneidad territorial, la presencia diferenciada del Estado, se profundiza cuando los actores “crean” territorios que se rigen por unas normas y códigos de conductas paralelos quebrando con las divisiones político-administrativas del país. Estos órdenes alternativos es lo que María Teresa Uribe denomina territorialidades bélicas. Aquellas zonas del país donde la enunciación de las reglas de juego es disputada por actores al margen de la ley, donde la soberanía de la norma constitucional se resquebraja y la vida social es regulada a través de la coerción ilegal y un sistema de justicia precario6. Los grupos ilegales disputan con el Estado los elementos que lo constituyen y son fuente de su legitimidad: (i) el monopolio de la violencia, el monopolio de los impuestos, (iii) la regulación del orden social y (iv) el control de las burocracias estatales locales7.

El cuadro nacional es, más o menos, así: Una presencia diferenciada del Estado, un proceso de fortalecimiento selectivo, una incapacidad institucional por regular la vida social y unos actores que se presentan como competidores frente al orden legítimo. Es en este escenario donde emerge el tráfico de cocaína, desde la década de los 70’s u 80's, en plena etapa post-Frente Nacional, como otro elemento más en el panorama, ya de por sí complejo. Agravó, por decirlo de alguna manera, lo que ya venía mal. Aquellas fuerzas centrífugas (que se consolidaron por la precariedad del Estado, la violencia y un sistema clientelista) en el plano regional y local lograron mayor autonomía.

Surge un nuevo actor social, el narco, que irrumpe en el panorama político del país. Los políticos ya no dependen, como antes, de los directorios nacionales de los dos partidos tradicionales para hacerse con los recursos (económicos y políticos) que les permitan acceder al poder. El poder financiero, social y político de los traficantes va a lograr que dicha dependencia se debilite8: El narco ahora puede pagar la campaña, conseguir los votos, establecer redes de contactos y cuenta con el poder coactivo para amedrentar a los demás candidatos. El régimen político se trastoca aún más en lo local y en lo regional; Se acentúan las desarticulaciones territoriales, electorales y de presencia estatal entre el centro y las periferias del país.

Además, el narcotráfico también va a modificar la guerra en el país. Inyecta mayores recursos a la guerrilla, que se traducen en su fortalecimiento. Muchos de los narcotraficantes serán víctimas del asedio que, desde la década de los 80’s, las guerrillas empezarán a hacer a los ricos rurales, buscando financiar la expansión que se proponen a partir de estos años. Un aumento en las extorsiones, en los secuestros, en el robo de ganado, quiebra los equilibrios locales en las territorialidades bélicas que había logrado construir las guerrillas. En un ambiente de privatización de la guerra, las “élites vulnerables” (los narcos, hacendados, políticos locales y regionales) se arman buscando defenderse de los ataques de los rebeldes. Un nuevo episodio de privatización de la seguridad. Se planta la semilla del proyecto paramilitar en Colombia. Con los años, estos grupos logran cierta autonomía de la coalición que los funda: narcotraficantes, miembros de la fuerza pública y ricos rurales. Y, al igual que las guerrillas, en algunas zonas del país, logran crear unos órdenes alternativos donde se imponen como el actor que controla el uso de la fuerza, el cobro de impuestos y la regulación de la vida cotidiana9.

El narcotráfico, de esta manera, debe analizarse a partir de su componente político. Se inserta en un escenario donde existe una heterogeneidad de la eficacia de la ley, donde se han construido órdenes alternativos, donde existen soberanías en disputa. No crea estas condiciones propias de múltiples territorios del país, tan solo las promueve, fortalece y modifica. Si los pobladores, y sus líderes políticos, así como los grupos armados que hacen presencia o control sobre una zona, pretenden oponer resistencia al dominio del centro político, a la legalidad estatal, buscando organizarse a partir de códigos de conducta ajenos a los de la soberanía nacional, el narcotráfico funciona aquí como un catalizador que distancia aún más la organización social en las periferias del orden vigente, el que propende la institucionalidad estatal. No crea una realidad, tan solo la refuerza, para luego, claro, transformarla. El narcotráfico es tan solo una etapa más en la construcción precaria y diferenciada del Estado.

Por esa razón una visión que considera un ataque netamente represivo a las cadenas que componen el negocio es reduccionista, al no considerar las raíces más profundas del fenómeno y las redes que ha construido con los años. Incluso en algunos territorios el concepto legalidad/ilegalidad se torna difuso y lo que se entiende legítimo no necesariamente debe ir en consonancia con el apego de la ley.

Por otro lado, estos órdenes sociales alternos resquebrajan aún más la soberanía nacional cuando no hay un claro dominador en el territorio. Es difuso quién logra imponerse como el enunciador de las reglas (buscando llevar a cabo algunas funciones del Estado) y reclama para sí el monopolio de la violencia, de los impuestos, el control del orden y provea seguridad y orden en las comunidades. Actualmente en el país, en zonas del Bajo Cauca, el sur de Córdoba, Catatumbo, sur de Putumayo y Cauca hay una confrontación abierta entre disidencias de las FARC, Grupos Armados Posdesmovilización (o BACRIM) y el ELN. Crecen los niveles de desconfianza, de incertidumbre, las reglas de juego no están claras, por lo que los pobladores quedan entre dos sistemas de normas que reclaman para sí la lealtad, so riesgo de castigos ejemplificantes. La violencia se torna más indiscriminada, más frecuente y visible. Los asesinatos selectivos, las amenazas, desplazamientos o las masacres son una expresión del intento de los grupos armados de ser reconocidos como los monopolizadores de la violencia. Buscan demostrar o confirmar que son quienes tienen la capacidad del poder de fuego, la base del sistema de reglas que buscan imponer.

Sin embargo, cabe aclarar que la disputa puede aumentar la violencia, pero hay algunas zonas del país donde hay un claro dominador, pero se presentan de todos modos masacres. Un ejemplo de esto sería Nariño, donde hubo 5 masacres entre agosto y septiembre. En estos casos podría deberse a la presencia históricamente débil en algunos territorios que deriva en una gobernanza de los ilegales de manera crónica. La violencia también se ejerce en función de demostrar el poder de fuego frente a los pobladores. La desobediencia a las normas impuestas, información (precaria) de tener contactos con la fuerza pública, desajustes en las etapas de los negocios ilegales o, incluso, por cuestiones privadas, podrían explicar el porqué de la violencia en los municipios donde no hay una competencia por el poder. Como señala Kyle Johnson, los grupos criminales como retaliación asesinan a los familiares de sus enemigos, como en la masacre de Llorente o El Charco. En Buenos Aires, Cauca o en Samaniego, Nariño la masacre se dio por incumplimiento en las normas de cuarentena (que vigilan los grupos armados) y otras masacres directamente relacionadas con el narcotráfico como en Tumaco, donde los asesinados incumplieron con un pago a la disidencia de las FARC, GUP (Guerrillas Unidas del Pacífico). Incluso las tasas de violencia pueden disminuir con dos actores en un mismo territorio cuando se establecen pactos de no agresión, como sucedió en Tumaco el año pasado.

Nueva etapa en el conflicto: más local, más “criminal”:

En la actualidad, los grupos criminales que operan en los territorios tienen un escaso sustrato ideológico10. Además, el fenómeno criminal es más localizado, con estructuras organizativas más flexibles, sin la pretensión de una conquista del poder nacional, lo que no significa que no busquen construir procesos de gobernabilidad en los territorios, emitir normas, cobrar impuestos y tener control sobre la población y el monopolio de la violencia. Incluso los grupos criminales de menor envergadura pretenden construir gobernanzas criminales11 que les permitan volverse competidoras del Estado en algunas de sus funciones, pero a nivel sublocal y local. Las disputas actuales minan aún más los procesos de construcción de instituciones formales y en contextos de posconflicto, como el que atraviesa Colombia, los armados se convierten en saboteadores de las instituciones formales de paz, que buscan avanzar en una multiplicidad de agendas que modifiquen las condiciones que propiciaron el estallido de la guerra.

Por otro lado, en un sentido estricto el proceso de paz con las FARC fue simplemente la salida de una de las fichas en la guerra actual en Colombia, lo que no significaba automáticamente la desactivación de los demás actores. Estos, más bien, buscaron copar el vacío que dejó la guerrilla a partir del 2016. Actores legales e ilegales vieron cómo se abría una ventana de oportunidad al tener la posibilidad de ampliar su soberanía, y controlar a poblaciones más extensas. Ese era el objetivo del posconflicto: la "llegada" o el fortalecimiento de las instituciones estatales en vastas zonas del país. Por distintas razones, el panorama parece ser el contrario: los grupos ilegales restantes haciendo presencia o control en las zonas ex-FARC. En muchos otros se presenta una confrontación abierta entre dos actores armados. Incluso la etapa de paz produjo nuevos actores (las disidencias) que buscan heredar el dominio en las zonas históricas de la guerrilla.

Aunque es evidente que estas disputas, como mencionan sectores del gobierno, pueden ser por el control de las economías criminales (principalmente el narcotráfico), puede tornarse simplista, al considerar que este es el único impacto que tienen estos grupos en el territorio. Un grupo criminal necesita la construcción o modificación de los órdenes sociales donde se inserta para, precisamente, mantener en el tiempo estas economías ilícitas. Los grupos ilegales cuentan con un poder criminal que afecta a las esferas sociales, políticas y económicas de un territorio, no exclusivamente a lo netamente criminal.

Un grupo para imponer su dominio sobre una economía criminal, y evitar el riesgo de ser capturado, necesita crear unas relaciones políticas y sociales dentro de un territorio, tanto con los políticos profesionales, agentes de las burocracias y con algunos líderes sociales. En Pereira, por ejemplo, varios funcionarios de la Alcaldía recibieron órdenes de captura por recibir sobornos de La Cordillera al entregar información sobre operativos policiales. Aunque en un principio estas relaciones pueden pasar por irrelevantes, son estas, y las redes de actores con cierto poder dentro de los territorios, lo que define un Estado y el régimen político en lo local. Para que el mundo ilegal pueda sostenerse necesita de vínculos con el mundo legal. Y esta transacción entre lo criminal-legal modifica las instituciones formales e informales en un territorio.

Una política represiva, que simplemente ataque algunas de las cadenas del narcotráfico (por lo general, las más débiles) no reducirá el problema de fondo, porque existen unas redes que comprenden actores armados/legales/ilegales/oficiales/civiles, y la multiplicidad de objetivos e intereses individuales y colectivos que supone, que son precisamente las que crean el escenario donde las economías criminales, los grupos armados, y la violencia que ejercen, emergen y se mantienen en el tiempo.

Una narrativa que se desgasta:

En resumen, una debilidad crónica del Estado (donde es otro actor quien enuncia las reglas) más un escenario de disputa actual por los territorios, permiten abordar el fenómeno actual de las masacres de una manera más próxima a la realidad. Cuando se presenta una masacre en un territorio sin disputa, por lo general, se relaciona con la gobernanza que ejercen estos grupos en los territorios. Lo que permite observar la complejidad del fenómeno y cómo debe estudiarse caso a caso, dada la heterogeneidad de lógicas y actores, en distintos territorios, con distintas agendas y objetivos, que acentúa aún más la diversidad de causas que pueden dar cuenta de la violencia en el país.

Observar las masacres únicamente como una consecuencia del narcotráfico es más una limitación institucional y logística con la que cuenta el Estado. Un gobierno debe mostrar resultados a corto plazo, buscando que la opinión pública cree una percepción de que se está haciendo algo (apagar el incendio hasta que surja un nuevo problema que opaque el anterior).

Además, parece más una instrumentalización de la situación actual buscando alcanzar un interés de vieja data del gobierno: las aspersiones aéreas12. El aumento en las masacres es, según el gobierno, una razón más para regresar al glifosato.

Por último, el discurso con el que un grupo armado justifica y, pretende, legitimar su accionar tiene una considerable importancia en el desarrollo del conflicto. Le permite mostrarse ante los pobladores de los territorios donde hace presencia, y ante la opinión en general, como un actor racional. La violencia ética y moralmente es rechazada en casi todas las culturas actuales. Empuñar las armas, para quien empuña las armas, no puede ser nunca asociado por los civiles con la mera barbarie y el lucro personal. Un discurso justificatorio atrae adeptos, crea gobernanza y gobernabilidad, un trato diferente de los gobiernos y la comunidad internacional.

Las guerrillas en los 70’s y 80’s adoptaron el relato del cierre del sistema político, producto del frente nacional; los paramilitares, a finales de los 80’s y principios de los 90s, se armaron debido al aumento de los abusos de las guerrillas, lo que Gutiérrez-Sanín llama el quiebre de los equilibrios locales, al aumentar los abusos para financiar la expansión de las guerrillas. Hoy en día las bandas criminales y los disidentes de las FARC reencauchan los discursos de la otrora guerra civil: las disidencias protegen a los pobladores de los paramilitares (BACRIM) y las bandas criminales defienden a los pobladores de bandidos desaforados que le dieron la espalda a la paz (disidencias).

El Estado, como otro actor político dentro del conflicto, también entra en la lógica de la justificación de su accionar. Más allá de la defensa del orden público, y la defensa del monopolio de la violencia, la justificación de los gobiernos se ha dado a partir de la amenaza que representa el narcotráfico. La droga como el principal enemigo. Las aspersiones, la inversión militar, un Estado cuasi militar en muchos territorios, parten de la idea de que la violencia es producto de actores criminales que buscan únicamente lucrarse de las ganancias del narcotráfico. La decisión por un discurso u otro es una decisión netamente política. Así, como poco a poco se desgastaron los discursos justificatorios de las guerrillas y paramilitares, el relato que utiliza el gobierno va por la misma vía: la evidencia empírica demuestra paulatinamente que el problema es mucho más complejo y profundo y que el narcotráfico es solo una de las variables a la hora de analizar y buscar soluciones a los problemas públicos, en materia de seguridad, en la compleja realidad colombiana. Es hora de enfrentar las economías criminales, y la violencia que deviene, desde otras perspectivas, la tradicional simplemente fracasó.