El pasado 30 de octubre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó tajantemente como algunos de los ciudadanos venezolanos, que han llegado al país en los últimos años, ponen en serios aprietos la seguridad ciudadana. Emulando a Donald Trump, López dio a entender la existencia de una relación entre la criminalidad y la migración1. Aunque la opinión pública se dividió a raíz de estas declaraciones, un porcentaje importante de la ciudadanía mostró su apoyo, evidenciando el progresivo deterioro de la imagen de los migrantes entre los colombianos. No obstante, según la información disponible, no existe un vínculo entre el flujo migratorio y el aumento en las tasas de delincuencia común en el país. Entonces ¿Cuál es el impacto real, más allá de la percepción de inseguridad, de los venezolanos en la criminalidad? ¿Qué ha sucedido en otros países que han enfrentado fenómenos similares?

Un nuevo fenómeno y la experiencia internacional en el tema

Colombia tiene poca experiencia en flujos migratorios. Hasta el 2012 las dinámicas migratorias del país se centraban en la salida de colombianos a otros países y en el desplazamiento dentro del territorio de millones de ciudadanos, producto del conflicto armado. En 2015 hubo un quiebre en estas tendencias a partir de la crisis nacional que se presentó en Venezuela. Miles de ciudadanos venezolanos empezaron a abandonar el país, buscando desesperadamente huir de la escasez de alimentos, medicamentos, la hiperinflación y la criminalidad que se tornaba endémica. Hasta finales de 2019, según Migración Colombia, más de 5 millones de venezolanos abandonaron el país, cerca de 2 millones se encuentran en Colombia. Este fenómeno migratorio se convierte en el mayor de la región y el segundo a nivel mundial, superado únicamente por Siria, envuelto en una crisis a raíz de la guerra civil que azota a ese país desde el 2012. Aunque vale aclarar que 1 de cada 4 venezolanos son migrantes pendulares (que entran al país por unos pocos días y retornan a Venezuela) y otro porcentaje importante tiene como destino final otros países de la región, como Ecuador o Brasil.

Un país inexperto en este tipo de fenómenos, como señala el Banco Mundial, podría recibir presión institucional, presión en el sistema de provisión de servicios y en el mercado laboral. Según el Fondo Monetario Internacional, la respuesta institucional a la migración de ciudadanos venezolanos representa entre 0,2 y 0,5 puntos porcentuales del PIB nacional. Este choque migratorio ha creado una percepción de los venezolanos al caracterizarlos como un pesado costo que limita a los nacionales de acceder a subsidios, ofertas laborales y servicios de salud y educación. Cerca del 44% de los colombianos rechazan la llegada de los venezolanos2 y, según la FIP, esta impresión aumenta en las ciudades que concentran el mayor porcentaje de los migrantes como Bogotá, Cúcuta, Ipiales, Maicao o Barranquilla. Además, la ciudadanía ha creado una percepción donde se asocia al venezolano con la delincuencia común, el desorden, el acaparamiento de la oferta laboral y un factor que debilita los sistemas de provisión de servicios sociales (educación, salud, vivienda, etc).

Sin embargo, esta imagen despectiva del extranjero no es un fenómeno reciente en el mundo. En aquellos países que se han enfrentado a fenómenos migratorios, también existe la percepción de que el otro, el diferente, el extranjero resulta una amenaza para la normalidad que nosotros, los normales hemos construido; Representan un ataque explícito a los valores culturales que forjan una nación.

Esta relación entre migración y una inestabilidad y precarización en el país se hace más latente cuando se asocia con la criminalidad: el extranjero viene a delinquir. Situación que detectan los líderes políticos enfocando sus campañas a este tema puntual. Estrategia usualmente utilizada por políticos populistas, que instrumentalizan las emociones (el odio, la ira) buscando aumentar su caudal electoral, como se vio en las elecciones de los últimos años en Europa3 y Estados Unidos. Así, quien gestione y movilice mejor las emociones de los votantes tendrá más oportunidad de ganar los comicios. Reducir el debate a una cuestión de la amenaza que representa al extranjero le da vía libre al líder político de implementar medidas que minan la solidez de las instituciones públicas (se aprueban las medidas represivas, los discursos cargados de odio) lo que termina, en últimas, en un debilitamiento de las democracias.

No obstante, distintos estudios alrededor del mundo han señalado la poca relación que existe entre el aumento en la criminalidad y la migración. En 159 ciudades en Estados Unidos, receptoras de migrantes, se probó que incluso la migración disminuye la tasa de delitos violentos (los homicidios, lesiones personales y la violencia sexual). En Reino Unido, hubo un aumento modesto en los delitos contra la propiedad, pero no en los delitos violentos. En Alemania, al igual que en Canadá, el choque migratorio no tuvo ningún impacto, estadísticamente significativo, en las tasas de criminalidad. En Italia, se demostró que la migración no tiene impacto en los crímenes violentos, pero puede llegar a incrementar los crímenes no violentos (contra la propiedad, hurto a personas o hurto a comercio). Este efecto puede presentarse, advierten los autores del estudio, sólo si existe una mala política de integración laboral de los migrantes. Los migrantes en condiciones de pobreza y sin un empleo fijo, pueden ver la delincuencia más atractiva. Algo que se aumenta si se tiene un estatus irregular. Los extranjeros “ilegales” perciben más beneficioso el realizar actividades delincuenciales4 al no tener posibilidades de encontrar un empleo formal y la disminución en el riesgo que representa ser capturados.

Migración y delincuencia: La experiencia colombiana:

La experiencia internacional debilita el vínculo entre la criminalidad y los flujos migratorios. No obstante, la mayoría de los estudios se han centrado en países desarrollados, con políticas y entidades laborales y migratorias consolidadas, que cuentan con una amplia experiencia en un fenómeno que para Colombia es novedoso. Por esa razón se esperaría que en el país las tasas de criminalidad aumentaran producto de la migración, debido a la debilidad en el aparato institucional y la incapacidad del Estado de proveer servicios a un porcentaje importante de sus ciudadanos. Sin embargo, la evidencia demuestra que la realidad nacional no se aleja de lo acontecido en otras latitudes.

El flujo masivo de ciudadanos venezolanos no tiene ninguna relación con las tasas de criminalidad en el país. Franco Mora concluye, a partir de un base de datos con los 1108 municipios que tiene Colombia, que la migración no representa un aumento en los delitos no violentos (homicidios, violencia sexual, lesiones personales) y significa un aumento modesto en los crímenes no violentos (hurto a personas, hurto a comercio). Hubo un aumento en la tasa de 8.8 puntos en la tasa de hurto a personas, por cada 100 mil habitantes, y 1.1 en la tasa de hurto a comercio. Lo que no es un resultado significativo si se tiene en cuenta que un municipio recibe, en promedio, 12 migrantes al mes, esto representa un aumento municipal en el hurto a personas de 0,10 y hurto a comercio de 0,27.

En un estudio posterior, Mora y Weintraub señalan que definir legalmente el estatus de los migrantes (lo que les permite acceder al mercado laboral formal) significa una disminución en las tasas de delincuencia a corto plazo (apenas entran al país) y a mediano plazo (9 meses después del ingreso). Concluyen que la regularización del status de los migrantes, a largo plazo, sumado a un fortalecimiento de las políticas laborales para los extranjeros, es un factor principal para que el aumento en las tasas de delitos violentos tienda a bajar, como se advirtió en el caso italiano.

En un estudio por parte de la Fundación Ideas para la Paz, utilizando datos del INPEC, Migración Colombia y el DANE, se establece la supuesta relación entre la migración y la seguridad ciudadana, a partir del comportamiento delictivo (el aumento o disminución de delitos como los homicidios, las lesiones personales, delitos sexuales y el hurto a personas) y la actividad operativa del sistema penal (capturas y encarcelamientos).

Es decir, estudiar si el aumento de ciudadanos venezolanos en el país significa un aumento en las tasas de los delitos y en el porcentaje de capturas y encarcelamientos. En cuanto a lo primero (los delitos) se concluyó que no había un aumento significativo. El país venía en un crecimiento, desde años atrás, en algunos delitos el cual no se vio afectado por el flujo de migrantes, ni siquiera en el 2018, cuando hubo un pico de ingresos del 70%, comparado con el 2017. Frente a la actividad operativa del sistema penal, los investigadores demostraron que hubo un aumento de un 103% de capturas de ciudadanos venezolanos en 2018. Sin embargo, esto puede deberse no tanto a que los venezolanos delincan más, sino por la estigmatización ya asentada que existe ante la población migrante: la Policía se concentra más en ellos. Algo similar sucede en Estados Unidos donde la mayoría de las capturas se presentan en la población negra y latina. La tasa de venezolanos capturados, para el año 2019, fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes. Una cifra muy modesta si se tiene en cuenta que la tasa nacional es de 23.8. Es decir, 1% de todos los capturados a nivel nacional son ciudadanos venezolanos.

En resumen, la llegada masiva de migrantes, desde el año 2012, representó un aumento en un 3% de los delitos cometidos en todo el país. 3 de cada 100 delitos cometidos en Colombia son perpetrados por ciudadanos venezolanos. Sin embargo, la percepción ciudadana los sitúa como una de las principales amenazas en términos de seguridad ciudadana. El papel de los medios de comunicación cumple un factor importante en la construcción de este imaginario: el hurto de un colombiano a otro es una estadística más, el hurto de un venezolano a un colombiano es más llamativo, periodísticamente hablando. También las opiniones de los líderes políticos, como Claudia López, así como los círculos sociales, que fortalecen este imaginario, cumplen un papel importante.

Los cálculos políticos y la estigmatización:

Así, la llegada de ciudadanos venezolanos no tiene ninguna relación importante con la criminalidad en el país. No obstante, discursos como los de Claudia López, que legitiman la xenofobia y la aporofobia, solo agravan la ya de por sí crítica situación de estigmatización y precariedad que afrontan los ciudadanos venezolanos. La alcaldesa busca capitalizar esta mala impresión de los ciudadanos, seguramente con base a sus cálculos para el 2022.

Aunque ha habido avances en las respuestas institucionales y las estrategias para hacer frente al fenómeno migratorio (el CONPES 3950 de 2018, la expedición de la Tarjeta Migratoria Transfronteriza y los Permisos Especiales de Permanencia, PEP, así como el Programa de Retorno y el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, RAMV), estas medidas son de corte temporal y aún no existe una verdadera política pública integral que permita una integración efectiva de los ciudadanos venezolanos, lo que tendría efectos directos en las modestas participaciones que tienen en la delincuencia en el país.

Por otro lado, los gobiernos locales, departamentales y nacional, se enfrentan a un fenómeno migratorio que no es más que la consecuencia de la crisis que vive Venezuela desde el 2008. Es en estos momentos donde más se debe insistir por una salida pacífica, negociada y transitoria del poder, tratando de mitigar los graves impactos que ha dejado el régimen autoritario de Nicolás Maduro en todo un país y que, desde hace años, se han expandido a toda la región.

La estigmatización a los venezolanos, y su relación con la delincuencia común y organizada, no tiene ningún sustento a partir de los datos disponibles. Si el efecto de la migración en la criminalidad es mínima, pero los ciudadanos se sienten inseguros en las ciudades, quizás el foco de atención -a quien se debería rendir cuentas y esperar resultados más efectivos- debería virar a otros actores, por ejemplo a las instituciones nacionales y distritales, encargadas de velar por la construcción de territorios seguros para sus gobernados. La xenofobia (como cualquier otro discurso discriminatorio) se niega mientras se ejerce. No, alcaldesa, no son los venezolanos.