Poco más de un mes lleva el país atravesando difíciles situaciones de levantamiento social; donde se exigen igualdades políticas y sociales, posibilidades educativas para los y las jóvenes, una restructuración del sistema policial debido al uso desmedido de la fuerza en contra de los manifestantes, responsabilidad política con las zonas del país que padecen de abandono estatal y, más aún, se exige empatía por parte del gobierno donde deje de mostrar desinterés frente a las disparidades sociales que se viven en un país tan inequitativo como Colombia.

El gobierno Duque ha mostrado apatía al momento de convocar a los directores del paro nacional a las mesas de negociación, donde ha desconocido al grueso de la población y ha arremetido con total brutalidad a través de la fuerza pública a los manifestantes, dando órdenes explícitas de intervenir las protestas y recuperar el orden por medio de las armas, además de usar al ejército como medio de contención para las mismas. Un gobierno alejado de las necesidades de la población ha despertado el descontento de los ciudadanos que ahora se encuentran en las calles, buscando ser escuchados y obtener condiciones dignas en un país que carece de ellas.

A pesar del panorama que atraviesa Colombia por las últimas semanas, el gobierno hace de oídos sordos ante las peticiones del paro nacional y busca de diferentes maneras darle la espalda a la situación. Una de las que más ha llamado la atención fue la petición a la CONMEBOL de aplazar la Copa América, que se realizaría en el país durante las primeras semanas de junio, para el mes de noviembre; tomando como justificación el pico de la pandemia por el cual atraviesa el país. El gobierno colombiano, en compañía del ministro de deporte, Ernesto Lucena, envió una carta a la Confederación Sudamericana de Fútbol donde se especificaba su deseo de aplazar la copa, dejando en claro que para el mes de noviembre podría hacerse el campeonato con tribuna presente, ya que el flujo monetario que se generaría gracias al campeonato es de los mayores intereses que tiene el país en este encuentro; desconociendo totalmente la situación actual y teniendo la plena conciencia de que para las primeras semanas de junio aún no se habrían logrado acuerdos para solución de la problemática, las protestas, marchas, desmanes, disturbios y abusos que han encasillado al país en los últimos días.

Esta petición deja entrever el desespero del gobierno por encontrar un punto en común que dé cohesión a la sociedad y permita la gobernabilidad; alejada del paro nacional que retumba por ahora. Pareciera ser que cuando hay fútbol en las canchas y más si de la selección Colombia se trata, el país se olvida por un lapso de tiempo que existen problemáticas sociales e inconformismos en la población. Por lo tanto, resulta importante para el gobierno que en esta ocasión la copa difumine la problemática que debe llevar a cuesta. Ante la contundente negativa de la CONMEBOL para aplazar este encuentro en las canchas, Duque pide reconsiderar esta posición, como si de una súplica se tratara; claramente, la inversión ya realizada en infraestructura implica grandes gastos que no se podrán recuperar debido a la cancelación de la misma.

Casi en paralelo a esta solicitud, se encontraba en instancias internacionales la ahora canciller Marta Lucía Ramírez, negando la entrada de la CIDH al país para evaluar la situación de derechos humanos en Colombia, bajo el argumento de que “En este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea”; declaración poco acogida por miles de colombianos y por medios internacionales, los cuales vieron esta respuesta muy poco sensata. Sin embargo, pocos días después abrió las puertas a los organismos internacionales de control, a través de una invitación a venir en el momento que se considere necesario y poniendo a disposición completa los organismos de control en el país, los cuales deberán adelantar las respectivas investigaciones.

Todo esto parece ser un chiste mal contado, en donde la maleabilidad de la Vicepresidenta es evidente, busca ser complaciente y parecer empática con la necesidad que se tiene en el país de recibir a entes externos que visibilicen la situación actual al mundo; aunque no se puede escapar su recomendación final: “quedo pendiente de su agenda de visita para que pueda escuchar a cualquier persona o familiar que se considere víctima de abusos de autoridad o de atropello por parte de cualquier funcionario público…” dando indicios de la claridad que tiene el gobierno sobre el papel de la fuerza armada en el país. Sin embargo, termina de esta manera: “así como también, a los familiares de los policías fallecidos y a quienes aún se encuentran hospitalizados como consecuencia de las heridas” dejando claro que fallecidos y hospitalizados solo hacen parte de la policía y que la población en general solo han sido víctimas de atropellos. Un discurso conveniente, a través del cual se pide de manera indirecta que se llegue al país con una mirada sesgada de la situación, incluso pasando por alto que se presentan confrontaciones en condiciones de desigualdad entre armados y civiles.

Ahora bien, cabe resaltar que el gobierno viene de desacierto en desacierto, da muestras de inexperiencia revuelta con arrogancia, estancados en una posición que no complace a nadie. Existe desespero en sus decisiones y poca claridad en la visión de país que tienen, involucrando el uso de la fuerza para apaciguar a la población y la búsqueda exasperada por encontrar algo que le permita bajar la guardia de quienes participan en el paro nacional, como la Copa América. Los gobernantes vienen vendándose los ojos ante la realidad que se vive en las calles desde hace varias semanas y han tropezado a nivel internacional con la negligencia ante peticiones para salvaguardar los derechos humanos. Solo queda por decir que, como siempre, en este país, el fútbol vale más que las vidas y que el gobierno Duque, una vez más, se encuentra de frente al arco y de espalda al país.