Con la Constitución de 1991, Colombia consiguió un marco legal que garantiza derechos y, además ofrece mecanismos para que estos se cumplan en cualquier contexto. Esta reconoce la dignidad humana, la libertad y la igualdad como sus pilares y pone a todas las autoridades en la tarea de proteger a las personas residentes en Colombia, sobre todo para que sus derechos primen.

Esta ha sido una herramienta muy útil al momento de garantizar a muchas personas sus derechos, e incluso remuneraciones cuando se sienten vulneradas de alguna forma, pero esto es un arma de doble filo pues hay quienes utilizan las garantías constitucionales, leyes, decretos y resoluciones a su favor en cuestiones en donde su libertad se ve en riesgo.

Es el caso de muchas personas quienes, estando ligadas a procesos judiciales, pueden recuperar su libertad gracias a una figura llamada “libertad por vencimiento de términos”. Este es un derecho que pretende proteger a los ciudadanos que se encuentran bajo medida de aseguramiento para que su caso se resuelva y no estén de manera indefinida bajo arresto.

En sí, la medida es lógica y protege los derechos de las personas sin importar si gozan de entera libertad o no. Claramente esta tiene límites, si se presentan maniobras dilatorias, el cálculo de los días es diferente o si se habla de delitos graves, el tiempo se alarga, pero esto no ha sido impedimento para quienes abusan del sistema.

Para 2019, hubo 5.089 personas liberadas por esta medida y en 2020 se presentaron 5.226 casos. No se quiere dar a entender que todos estos no hayan puesto por delante al ciudadano y a sus derechos, muchos de ellos pueden ser personas a quienes realmente se les estaba violando su derecho a la libertad, pero hay muchas otros que deberían pasar por una revisión para determinar por qué el proceso se demoró tanto.

Hay múltiples casos en Colombia de personas reconocidas que fueron cobijadas por esta protección de sus derechos, pero inevitablemente causaron indignación en la ciudadanía pues se siente un vacío jurídico, ya que cuando sobornos, testigos falsos o múltiples sesiones en la Corte estancan el proceso, la libertad por vencimiento de términos se convierte en ese método que nunca falla, aquel que luego de mucha paciencia, los recompensa con su libertad. Algunos de los casos más recientes son el del ex contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, la exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto, el expresidente de SaludCoop Carlos Gustavo Palacino y el del exmagistrado Francisco Ricaurte.

Este último es uno de los más sonados por hacer parte del “cartel de la toga” y a pesar de que el exmagistrado ya enfrenta una condena de 19 años por hechos de corrupción, cabe destacar que consiguió posponer varios años su condena dado que el escándalo se destapó en 2017 pero su condena llegó hasta marzo de 2021, luego de gozar de libertad por vencimiento de términos y probablemente tome más tiempo ya que el fallo será apelado por el equipo de Ricaurte.

Este problema se podría considerar como una consecuencia de la crisis que el sistema judicial colombiano ha venido sufriendo desde hace varios años. El sistema está colapsado, hay altos índices de impunidad, condenas consideradas demasiado bajas, escándalos judiciales y no hay suficiente personal para cubrir y solucionar las demandas. Esto hace que todo el sistema se vuelva lento, se atrasen las audiencias, se archiven procesos importantes y quienes quieran escapar al sistema, encuentren los medios constitucionales para, por lo menos, retrasar el proceso porque, cabe aclarar, aunque los procesados recuperan su libertad, no quedan exentos de ser solicitados nuevamente por la Fiscalía.

Para solucionar estos problemas se han sugerido varias reformas judiciales que pretenden recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Desde la de 2002 a una de las más recientes, que se planteó en 2019, se ha buscado resolver los inconvenientes del sistema. Esta última reforma incluía incorporar un nuevo modelo de administración y gobierno para la Rama Judicial. Por supuesto, un recurso de tales magnitudes es necesario, pero también se debería mirar más allá de lo obvio.

El sistema judicial colombiano debería tener la capacidad de ejercer el principio de la proporcionalidad el cual involucra una relación adecuada entre el daño y el beneficio, debe garantizar que quienes vayan a una corte tengan certeza de que el sistema trabajará de la mejor manera posible para solucionar sus controversias y que a través del ejemplo se establezcan y se difundan condenas claras que ayuden a determinar los límites de nuestras acciones y sus posibles consecuencias. Para lograrlo, se necesita que los procesos sean eficaces y rápidos, que eviten la salida fácil a las condenas (que tiende a favorecer al victimario), pero con esto se necesita un factor humano especializado. Se necesitan jueces que hagan efectivos los derechos, principios y valores plasmados en la Constitución, personas que respeten las decisiones de la mayoría, tomen decisiones justas y garanticen derechos con base a la seguridad jurídica sin violar derechos ni libertades de ninguna de las partes, pero que también “acorralen” a quienes tratan de encontrar vacíos en el proceso y busquen la impunidad por la vía más sencilla.