En toda democracia hay un totalitarismo latente. Cuando el Estado se enfrenta a un peligro interno o externo empieza a resquebrajar el orden institucional nacional con el fin de preservar su propia existencia. En ese sentido, el estado de excepción se convierte en una figura del derecho paradójica en tanto que para salvaguardar la constitución se necesita su suspensión (total o parcialmente), otorgando más potestades políticas al soberano para contener la amenaza. En Colombia, con las manifestaciones más recientes, se evidencia la tenebrosa transformación jurídica no anunciada: un régimen que convirtió el estado de excepción en un paradigma normalizado. No obstante, el estado de excepción no es simplemente un reordenamiento jurídico, sino también una resignificación de los lugares públicos y privados, la destrucción de unas lógicas espaciales para la creación de otras.

En tiempos de crisis política, el estado de excepción (o sus derivaciones como la conmoción interior) se convierte en el instrumento jurídico por excelencia del soberano para contener y eliminar la amenaza. Su característica esencial consiste en la desfiguración de los tres poderes del Estado (legislativo, judicial y ejecutivo), llevando a la absolutización del poder ejecutivo sobre las decisiones políticas. Según Agamben, el estado de excepción se convierte en una “zona de indiferenciación”, una compleja configuración topológica de los límites jurídicos, en la que se dispone la suspensión normativa parcial o total del ordenamiento jurídico en momentos excepcionales de orden público. Sin embargo, tal como lo argumenta el filósofo italiano, inspirado en Walter Benjamin, el estado de excepción no es una situación excepcional, sino que se convierte en el paradigma generalizado de la praxis gubernamental: “la declaración del estado de excepción está siendo progresivamente sustituida por una generalización sin precedentes del paradigma de la seguridad como técnica normal de gobierno.”.

El quiebre constitucional se efectúa mediante la resignificación ideológica de los lugares públicos y privados en los que nos situamos. El gobierno se reapropia de los espacios públicos para llevar a cabo una campaña de control violento sobre la población y generar sitios de gran intensidad represiva. En este sentido, los lugares que nos acostumbramos a transitar empiezan a cobrar nuevos significados políticos y existenciales: las estaciones de transporte público, lugares de movilidad, son ahora centros de detención; las tiendas de comercio son utilizadas supuestamente como lugares de terror y tortura, tal y como vimos en el que se ha convertido en ícono del horror: el supermercado Éxito; los ríos son cauces de cadáveres; los CAI (estaciones de policía) se convierten en sitios de violaciones, abusos sexuales y tortura. En efecto, en términos foucaultianos, se constituye un archipiélago carcelario, es decir,

“un gran continuum carcelario que difunde las técnicas penitenciarias hasta las más inocentes disciplinas, trasmite las normas disciplinarias hasta el corazón del sistema penal y hace pesar, sobre el menor ilegalismo, sobre la más pequeña irregularidad, desviación o anomalía, la amenaza de la delincuencia. Una red carcelaria sutil, desvanecida, con instituciones compactas, pero también con procedimientos carcelarios y difusos se ha encargado del encierro arbitrario, masivo, mal integrado, de la época clásica.” (Foucault)

Lo que antes se ejercía en las prisiones, las técnicas punitivas, ahora se traslada al cuerpo social entero: la universalización de la lógica carcelaria. Los dispositivos gubernamentales en estados de excepción se agudizan y son llevados a las calles, las autopistas, los centros públicos, tiendas de comercio, etc., con el fin de generar una condición de terror sobre la población. Lo que era antes lugares de comercio, tránsito o de socialización, se convierte en sitios de violencia, ejecuciones y violaciones.

La penetración institucional no es lo único que se lleva a cabo en estados de excepción. El estallido popular también genera su propia resignificación simbólica de los lugares: la destrucción de monumentos históricos, la violenta toma de estaciones de policía para luego convertirlas en bibliotecas, el bloqueo de vías principales; entre otros. A pesar de que para muchos esto constituye simple vandalismo, esto refleja quizás, por el contrario, un intento desesperado por borrar una lógica institucional inscrita en los lugares cotidianos y, a partir de las cenizas, erigir nuevos espacios populares, lugares de resistencia. El filósofo francés, Henri Lefebvre, lo sustenta claramente: “Una revolución que no da lugar a un nuevo espacio no llega a realizar todo su potencial; embarranca y no genera cambios de vida, tan sólo modifica las superestructuras ideológicas, las instituciones, los aparatos políticos.”

Por consiguiente, los movimientos populares se potencializan al inscribirse dentro de los lugares públicos y privados, construyendo una resistencia en contra de la fuerza pública desinhibida por el estado de excepción. Se debe, por lo tanto, propender el cambio del discurso vandálico por una reflexión de un urbanismo y un ruralismo popular que transforma el paisaje cotidiano, ciudades y pueblos que no son estáticos, sino reflejos constantes de las relaciones que se constituyen en tiempos excepcionales. En momentos como los de ahora, ante el violento silenciamiento de los reclamos populares, los muros y las cenizas se convierten en la voz de las personas, es una ciudad que habla por ellos.