Constituciones, cartas de derechos y básicamente cualquier regla de derecho internacional reconoce la vida como uno de sus pilares, como una de sus piedras angulares sobre las cuales se rigen muchas otras garantías. Los debates sobre la vida y en qué condiciones mantenerla se han vuelto constantes, como en cualquier debate hay posiciones influenciadas por religión, experiencias o creencias heredadas, pero cuando se sale de los argumentos y se establecen parámetros para regir la vida en sociedad, la situación se complica un poco más.

Es imposible apartar el sistema de creencias de una persona de su forma de actuar, este hace parte importante de quienes somos, pero cuando ese sistema de creencias (sea de la índole que sea) entra a influenciar decisiones que no necesariamente afectan la vida de quien las toma sino las de las demás se debería plantear un análisis mucho más objetivo al respecto, pues se tiende a imponer por la fuerza, valores que no admiten creencias divergentes lo cual desemboca en un aumento constante de la violencia.

Tomar decisiones que afecten a todo un país no es sencillo, pero el hecho de reconocer una realidad como problemática requiere un análisis basado más allá de las convicciones de quien toma las decisiones y más dirigido a lo que realmente necesita la población. Desde el presidente, magistrados, congresistas hasta los jueces ha habido una tremenda desconexión con respecto a lo que “quieren que sea Colombia” y lo que realmente sucede en el territorio nacional, esto ha sucedido en todas las áreas, pero el propósito es mostrar casos que se conectan por un tema en común. La vida, o la muerte, concluyan ustedes.

Las situaciones de violencia que los colombianos hemos atravesado nos han hecho clasificar muertes como válidas o no, nos creímos el papel de jugar al todopoderoso en donde no nos limitamos a decidir por nuestra forma de vivir, sino que también tenemos la obligación de decirle a los demás cómo hacerlo y la peor parte, lo legalizamos.

El tema controversial por excelencia es el aborto, a pesar de que en Colombia está regulado por 3 causales: si está en riesgo la vida o la salud de las mujeres, si el embarazo es producto de una violación o incesto o si la vida fetal es incompatible con la vida extrauterina. Para algunos, esto sería suficiente porque si se despenaliza totalmente “no se estaría protegiendo la vida de los bebés”, pero olvidan totalmente la vida y los derechos de la mujer, a quien legalmente se le ponen muchos obstáculos para tomar este tipo de decisiones sobre su propio cuerpo, no se le dan las herramientas para proteger su vida y se le pone en una posición que, de no cumplir con las tres causales mencionadas, debe elegir entre un castigo penal o un aborto clandestino, pues como afirma Humans Rights Watch los marcos jurídicos que penalizan el aborto generan un entorno en el cual las mujeres y niñas recurren a procedimientos inseguros. En vez de proteger la vida de todas las mujeres y ofrecer políticas de salud amplias, el Estado recurre a suprimir libertades y derechos que debería garantizar por el simple hecho de priorizar la figura de madre sobre la de mujer.

No tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, pero tampoco tenemos la libertad de decidir sobre nuestras vidas. Así se demostró en el Congreso, donde a pesar de que la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia desde 1997, se hundió un treceavo proyecto para reglamentar el derecho a morir dignamente ya que los congresistas tenían que proteger la vida. Esta desconexión con la realidad sólo genera sufrimiento para las familias y personas que quieren acceder al derecho de morir dignamente pues este proyecto de ley eliminaba las barreras de acceso a las que se enfrentan, a pesar de que por supremacía de la ley, debería estar reglamentado desde 1997.

Otro caso muy controversial en donde el Estado es el que decide cuándo y cómo morimos, es el de los falsos positivos en los cuales se afirma que las fuerzas militares de Colombia abatieron al menos a 6.402 civiles entre 2002 y 2008 y los presentaron como "bajas en combate", lo cual tampoco va acorde a la protección de la vida que tanto se promulga. Esto solo demuestra que, si se pierden vidas en nombre y en concordancia de los propósitos del Estado, los fines son tolerados, las cifras modificadas y los crímenes condonados.

Por último, la cereza del pastel, la reforma tributaria sobre la cual el año pasado Duque afirmaba que una reforma tributaria en tiempos de pandemia sería suicida, pero parece que cambió de parecer y ante la crisis, decidió gravar a la clase media y baja con reformas que solo incrementan la inequidad que el país sufre. El poner a miles de personas en esta situación que no mata tan rápido como un arma, pero causa muchísimo sufrimiento solo incrementa la violencia estructural en su diario vivir a partir de políticas represivas y economías de explotación que los dejan sin posibilidades de progreso. La “Ley de solidaridad sostenible”, que no tenía nada de solidaria ni de sostenible, estaba cargada de impuestos en medio de una crisis económica y sanitaria donde gran parte de la población no tiene dinero para mantener el estilo de vida que tenían antes de la pandemia. A pesar de que se oficializó el retiro de la reforma tributaria en el congreso el problema y las prioridades de fondo siguen pues así se plantee recaudar menos dinero con una nueva reforma, el propósito es no tocar el patrimonio de los más ricos.

Todo esto solo hace cuestionar qué vida es la que realmente está garantizando el Estado, hasta qué punto están nuestros mandatarios dispuestos a poner a los ciudadanos como escudo de primera línea para mantener el status quo y lo poco que consideran los daños colaterales de sus acciones. No tenemos garantías para vivir con dignidad, no tenemos potestad para decidir nuestro proyecto de vida, no podemos morir dignamente, no tenemos derecho a la verdad y mucho menos a cuestionar lo que claramente está mal.

Se nos ofrece la vida, pero ¿En qué términos? ¿A costa de qué? ¿Realmente se nos ofrece algo digno o solo se nos presenta una vida sumida en la miseria?