En un anterior artículo se comentó la discusión sobre la regulación de armas o su libre porte y uso, y cómo este tema va mucho más allá de esas dos posturas, pues hay aspectos como los tipos de armas, las personas a las que se les otorgan y con qué propósito que se tienen que tener en cuenta, pero en el caso colombiano no solo tenemos las posturas previamente mencionadas, sino a esto se le suma el problema de que nuestras fronteras son porosas, lo que provoca que aparte de la regulación de armas VS el libre porte y uso tengamos que lidiar con el constante ingreso ilegal de armas.

A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, Colombia cuenta con una regulación de armas estricta que exige que la persona compre un pin, espere a que las autoridades verifiquen que no tiene antecedentes penales ni judiciales, reciba una citación para entregar sus documentos (cédula, antecedentes, extractos bancarios, carta laboral, fotocopia de la libreta militar o una certificación del curso de manejo de armas) y posteriormente llevar una carta dirigida al jefe de Estado Mayor de la Segunda Brigada explicando los motivos por los que está solicitando un arma, e incluso si su petición es aprobada, se deben presentar varios documentos al Ejército Nacional y esperar a que la solicitud sea autorizada, por lo cual para 2021 las autoridades reportaban que 688.534 personas poseían permiso especial para el porte de armas, cuando la población colombiana es de más de 50 millones.

Aparte de todo ese proceso, hay que tener en cuenta que el precio de un arma en Colombia puede superar los seis millones de pesos, lo que es mucho más costoso que un arma en Estados Unidos, y se debe renovar cada seis meses el permiso para su porte legal. Además, el difícil control de las fronteras del país hace que el tráfico ilegal de armas pequeñas y medianas sea un negocio altamente lucrativo y que quienes deseen ahorrarse todo el dinero y el tiempo que requiere adquirir un arma legal tengan la posibilidad de conseguir cuantas armas deseen, en el mercado ilegal, pues estas no requieren permisos, son más económicas, no pagan impuestos y se consiguen en la clandestinidad.

Para 2019, las armas ilegales movían más de 11 mil millones de pesos en Colombia y puesto que sus precios varían entre los 500.000 y los 2.000.000 de pesos, del total de armas que circulan en el país, 90.8% salieron del mercado ilegal lo cual hace que estas sean muy difíciles de rastrear y mucho más difíciles de incautar porque por su precio y gran cantidad de oferta, si a una persona le decomisan un arma tiene la posibilidad de conseguir otra en corto tiempo.

A esto, se le suma el problema de la falta de control en las fronteras y el hecho de que grupos armados y bandas criminales entran al mercado ilegal de armas y la distribución de sus partes para poder lucrarse. La frontera con Venezuela, Ecuador y gran parte de la zona del Pacífico han sido establecidas como los principales puntos de entrada de este mercado y desde allí se logran distribuir a lo largo del territorio nacional porque ante la falta de presencia estatal en dichos territorios, los mercados ilegales y quienes los lideran dictaminan allí las normas, la distribución y las formas en las que el mercado legal termina encubriendo al ilegal.

Incluso, hay que tener en cuenta aquellas armas que parece, en el papel, que desaparecieron de la faz de la tierra, pues se sabe que son armas que pudieron perderse en su momento, pero que ahora están alimentando las olas de violencia en el Catatumbo, Putumayo, Urabá, Arauca o Cali como aquel armamento que desaparece de aeropuertos o de la custodia de las Fuerzas Militares o incluso, aquellas armas que por ejemplo nunca entregaron las FARC al desmovilizarse porque estudios aseguran que el grupo armado alcanzó a tener 1.5 armas por combatiente lo que serían entre 30.000 y 50.000 armas pequeñas, pero solo se entregaron alrededor de 8.000

Todas esas armas sin control se usan constantemente para atracar, nutrir de manera ilegal a escoltas y “ejércitos privados”, amenazar a personas y negocios o para fortalecer a las bandas criminales que se terminan fortaleciendo no solo en nuestro país, sino en toda América Latina que ha tenido la tendencia de ser considerada la región más violenta del planeta porque tiene la mayor concentración de homicidios, los cuales en su mayoría, son llevados a cabo con armas de fuego. No es una cuestión exclusiva de nuestro país, pero el hecho de que aparte de los homicidios haya grupos al margen de la ley que se beneficien de esta falta de control de armas demuestra que el problema de las armas no se soluciona con la imposición de trámites engorrosos para limitar su acceso.

Si bien el control fuerte del acceso legal a las armas es importante y puede disminuir el acceso de la población a estas, en el caso colombiano hay vacíos y falencias tanto en este mecanismo como en el control fronterizo y el uso legítimo de la fuerza en el territorio, lo que solo nutre a los mercados ilegales. Si la pregunta está enfocada en quién posee las armas ilegales y no en cómo las consiguen, el problema seguirá porque el mercado tiene precios accesibles, oferta y demanda y vías de acceso porosas, lo que hace que el control por parte del Estado sea casi nulo, pues solo está enfocado en las casi 700.000 personas que poseen armas legales en Colombia, pero ¿Qué pasa con el resto?